YPF explicó qué pasa con sus acciones en medio del juicio en Estados Unidos

Luego de la orden de la Justicia estadounidense que dispuso que la Argentina debe entregar acciones de YPF, la compañía emitió un documento en el que se corrió de escena para dejar bien definid...

Luego de la orden de la Justicia estadounidense que dispuso que la Argentina debe entregar acciones de YPF, la compañía emitió un documento en el que se corrió de escena para dejar bien definido a los dos bandos: por un lado, el Gobierno, y por otro, sus demandantes privados.

“YPF no es parte en ninguno de los procedimientos de entrega arriba referidos. Las decisiones del Tribunal de Distrito sobre las mociones de entrega pueden ser apeladas por la República (Argentina) de acuerdo con las reglas procesales aplicables”, sostiene el escrito que la petrolera presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Para entender esta postura de YPF, la compañía describió los dos procedimientos legales que avanzaron en paralelo.

El escrito empieza con el caso que fue activado por Petersen Energía Inversora S.A.U., Petersen Energía S.A.U., Eton Park Capital Management, L.P., Eton Park Master Fund, LTD. e Eton Park Fund, L.P.. Ellos son los demandantes de la Argentina que en el Tribunal de Distrito de Nueva York solicitaron la ejecución de la sentencia del 15 de septiembre de 2023.

“El 30 de junio de 2025, el Tribunal de Distrito aceptó la moción de entrega de los Demandantes, ordenando a la República que transfiera sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (“BNYM”) en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de dicha orden", continuó el documento de YPF.

A su vez, el documento de YPF menciona otro procedimiento iniciado por el fondo Bainbridge, en el que el Tribunal le otorgó “parcialmente la moción de entrega”. Esto significa que le ordenó a la Argentina que transfiera sus acciones de “Clase A y Clase D” de YPF a una cuenta custodia global del Banco en Nueva York, para que este traspase las mismas a ese fondo o a quien designe.

El juicio por la expropiación de YPF se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tanto la Argentina como los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron el derecho a litigar contra el país, están buscando la revisión del fallo de primera instancia. Esta vendría a ser la cuestión de fondo y que da origen al pleito judicial. En esta historia, los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización, mientras que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia en su contra.

Las tres partes (la Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron todos los escritos solicitados y ahora se está a la espera de que la cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso, que podría ser en los próximos meses.

Y, por otro lado, está la cuestión urgente: los fondos buscan cobrar de manera anticipada la indemnización de US$16.100 millones más intereses que decretó la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en primera instancia. La Justicia determinó que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país pagara una indemnización, pero eximió de responsabilidades a YPF.

Para evitar el embargo de activos, Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado y nunca se cumplió con el pedido de la jueza.

Luego de un año y medio desde el pedido de garantía, Preska determinó este lunes que el Estado argentino tiene 14 días para transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (BNYM).

La Argentina apelará esta decisión y podría solicitar que los efectos se suspendan hasta que se resuelva la apelación, aunque es probable que la jueza Preska pida a cambio una garantía de pago, según se desprende del fallo recientemente publicado.

“La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos , (2) tomar medidas para cambiar la ley, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes”, señaló el fallo.