Virginia vs. ICE: qué dice la directiva oficial que desarma los acuerdos 287(g) y qué sigue permitido

La gobernadora de Virginia, ...

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, emitió a principios de febrero una directiva oficial que desarma los acuerdos 287(g) de las oficinas policiales estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Como parte de esta medida, las autoridades federales aún podrán realizar redadas en el territorio, pero ya no cooperarán estrechamente con los agentes de la policía.

Qué cambia en Virginia tras la cancelación de los acuerdos 287(g)

La oficina de Spanberger informó en un comunicado de prensa oficial la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 12, que elimina todos los acuerdos 287(g) con el ICE. Según sus declaraciones, estas alianzas “pusieron a los agentes policiales de Virginia bajo control y supervisión federal para llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración civil”.

En concreto, la orden dispone la rescisión de los memorandos que llevaban a los oficiales policiales del estado a cooperar estrechamente con la agencia federal. Este tipo de acuerdos operan de varias maneras, pero en general permiten a los funcionarios de inmigración delegar funciones propias de la autoridad migratoria.

De acuerdo al documento judicial, además de exigir la rescisión del programa 287(g) con el ICE, las modificaciones impactan de la siguiente forma:

Enfoque en lo criminal, no en lo administrativo: los esfuerzos policiales deben centrarse en investigar y detener conductas criminales y proteger la seguridad pública, no en la ejecución administrativa del estatus civil de las personas.Rechazo a “tácticas de intimidación”: la orden prohíbe explícitamente la “vigilancia basada en el miedo”, el “teatro de cumplimiento” o cualquier acción que cree barreras para que las personas busquen ayuda cuando la necesitan.Colaboración y formación: promueve alianzas entre diversos sectores (líderes religiosos, educativos, empresariales y gobiernos locales).

Bajo los términos de la directiva oficial en Virginia, aún se permite:

Autoridad legal y discreción oficial: se establece claramente que nada debe interpretarse como una limitación a la autoridad legal o a la discreción de los oficiales.Acuerdos intergubernamentales existentes: se mantienen vigentes las alianzas ya establecidas entre diferentes niveles de gobierno (locales, estatales y federales).Redadas de inmigración: la orden no tiene la autoridad legal para prohibir que el ICE opere en Virginia, por lo que los agentes aún podrán realizar operaciones de control migratorio en el territorio.Vigilancia y persecución del delito: las fuerzas del orden conservan su capacidad plena para investigar y detener actividades criminales bajo el marco de la ley.Los principios de la orden ejecutiva de Abigail Spanberger

Las nuevas políticas dispuestas por la gobernadora se basan, según su anuncio, en seis directivas clave que siguen una misma línea para las operaciones y las tareas policiales:

Las fuerzas del orden existen para preservar la vida humana, proteger a las personas vulnerables y defender la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Virginia.La confianza pública es un requisito previo para una actuación policial eficaz y debe fomentarse mediante el profesionalismo, la transparencia, la rendición de cuentas y un compromiso constante.Las fuerzas del orden de Virginia no recurren a la policía basada en el miedo, ni a tácticas de cumplimiento de la ley ni a acciones que creen barreras para las personas que buscan ayuda en momentos de necesidad.Los esfuerzos de aplicación de la ley en Virginia se centran en defender el estado de derecho, investigar y detener la conducta delictiva y proteger la seguridad pública, no en la aplicación administrativa del estado civil.La inversión en capacitación, reclutamiento y retención de profesionales de seguridad pública de primer nivel garantiza que las fuerzas del orden de Virginia estén respaldadas por estándares claros y una capacitación sólida necesaria para servir de manera segura y eficaz con la confianza del público.Las asociaciones colaborativas entre las fuerzas de seguridad locales, estatales, federales y tribales, los residentes, los educadores, los líderes religiosos y cívicos, las empresas y los gobiernos locales son esenciales para tener comunidades seguras, una economía fuerte y resultados educativos positivos.

La medida de la gobernadora ordena a las agencias estatales de seguridad pública revisar todas las políticas, capacitaciones y prácticas para asegurar su conformidad con estos estándares.

Cómo funcionan los acuerdos 287(g) entre el ICE y policías locales

En 1996, la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes añadió la Sección 287(g) a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Mediante esta acción, se habilitó al ICE a delegar a oficiales del orden público estatal y local la autoridad de realizar funciones específicas de agentes de inmigración bajo su dirección y supervisión.

Actualmente, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del organismo opera cuatro modelos 287(g):

Modelo de Cumplimiento Carcelario: diseñado para identificar y procesar a extranjeros deportables —con cargos criminales o cargos criminales pendientes— que son arrestados por agencias policiales estatales o locales.Modelo de grupo de trabajo: funciona como un multiplicador de fuerza para que las agencias policiales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión de ICE durante sus tareas policiales de rutina.Modelo de Grupo de Trabajo Tribal: sirve como un multiplicador de fuerza para que las agencias policiales tribales apliquen la autoridad migratoria limitada con la supervisión de ICE según el Título 25 USC 2804.Programa de Oficiales de Servicio de Ordenanzas: permite al ICE capacitar, certificar y autorizar a agentes estatales y locales para entregar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros en la cárcel de su agencia.

De acuerdo con datos oficiales, el último registro correspondiente al 27 de febrero indica que el ICE tiene 1493 acuerdos firmados bajo el marco del programa. La cifra se compone de 152 del Cumplimiento Carcelario en 32 estados, 472 de Oficiales de Servicio de Ordenanzas en 35 jurisdicciones y 869 del grupo de trabajo en 35 jurisdicciones.