Un juicio histórico no puede convertirse en interminable
FORES manifiesta su seria preocupación por el modo en que se desarrolla uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas, vinculado a los hechos de corrupción que conmocion...
FORES manifiesta su seria preocupación por el modo en que se desarrolla uno de los procesos judiciales más relevantes de las últimas décadas, vinculado a los hechos de corrupción que conmocionaron al país. La causa que expuso el funcionamiento de una red sistemática de pagos ilegales entre funcionarios y empresarios ha llegado finalmente a juicio oral. Sin embargo, su dinámica amenaza con transformarlo en un procedimiento interminable.
No resulta aceptable que un juicio de semejante trascendencia avance con una frecuencia intermitente, sesiones esporádicas y audiencias espaciadas por semanas. La sociedad no puede esperar años para conocer una sentencia en un caso que compromete la confianza pública en las instituciones y el principio de igualdad ante la ley.
La solución no requiere reformas complejas ni recursos extraordinarios. Basta con aplicar criterios elementales de organización y prioridad institucional: audiencias presenciales, desarrollo diario del debate y planificación continua del proceso. Lo que en cualquier sistema judicial moderno sería una práctica ordinaria, aquí se presenta como una dificultad estructural. El problema no radica en la falta de estructura, sino en la falta de decisión para aplicar con eficacia y previsión la que existe aun cuando no sea la ideal.
A ello se suma una situación estructural que agrava el problema: la alta cantidad de vacantes judiciales en todo el país, que genera sobrecarga de trabajo, ralentiza los procesos y debilita la capacidad de respuesta del sistema. Una justicia con tribunales incompletos no puede garantizar plazos razonables ni calidad institucional.FORES sostiene que la celeridad y la continuidad procesal son componentes esenciales del derecho de acceso a la justicia. Un juicio oral debe desarrollarse en forma concentrada, pública y sin interrupciones injustificadas. La demora excesiva no solo posterga una sentencia: diluye la verdad y degrada el valor del proceso judicial.
El país no necesita nuevas leyes para juzgar con eficacia, sino un sistema liderado por personas que no especulen políticamente y lo hagan funcionar todos los días. Porque la justicia que se interrumpe, se posterga o se administra a tiempo parcial ya no es justicia.