Un fiscal instó a que el Gobierno adhiera al Compromiso Ético Digital contra las fake news en campaña electoral

El fiscal nacional electoral Ramiro González instó a que la Justicia electoral invite al Poder Ejecutivo a que firme el Compromiso Ético Digital para evitar la publicación de fake news y que le...

El fiscal nacional electoral Ramiro González instó a que la Justicia electoral invite al Poder Ejecutivo a que firme el Compromiso Ético Digital para evitar la publicación de fake news y que le pida informes sobre la campañas que realiza contra la utilización de deep fakes y el uso de la Boleta Única por primera vez.

El fiscal hizo estas consideraciones en un dictamen que presentó ante la jueza federal María Servini, quien tramita un amparo presentado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Ramiro González instó a que la Justicia ordene medidas preventivas concretas y urgentes al Poder Ejecutivo Nacional contra la difusión de “deep fakes” y el uso no autorizado de servicios de clonación de voz y rostro con inteligencia artificial en el proceso electoral.

El Compromiso Ético Digital 2025 es una iniciativa de la Cámara Nacional Electoral que busca proteger la integridad del debate democrático y el proceso electoral nacional ante los desafíos de la desinformación y las nuevas tecnologías, como los deep fakes. Se implementa desde 2019 para “preservar el debate democrático en las redes sociales y plataformas digitales durante las elecciones nacionales”.

El Compromiso busca “construir conciencia ciudadana sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de comunicación en el desarrollo del proceso electoral”. Y trabaja para “contrarrestar la manipulación de contenido digital sin menoscabar la libertad de expresión”.

La idea del tribunal es que lo firmen los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación, los bloques parlamentarios y las plataformas tecnológicas, con el objetivo de “mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales”.

Las empresas tecnológicas que se adhieren al Compromiso Ético Digital 2025 declaran que reconocen la complejidad y la tensión generada por la difusión o proliferación de “información inexacta o noticias falsas” durante el proceso electoral y acuerdan “colaborar con las autoridades competentes en este proceso respetando los valores democráticos y la libertad de expresión,” dentro del marco de sus posibilidades y herramientas.

La acción de amparo, contra la Jefatura de Gabinete de Ministros del ministerio del Interior, se inició el 4 de agosto pasado. Gil Domínguez argumentó que esta práctica vulnera derechos fundamentales y humanos.

El fiscal González coincidió con esta preocupación del amparista que atenta “de manera colectiva" contra “el derecho fundamental y el derecho humano a elegir libremente en el marco de un proceso electoral transparente”. El dictamen subraya que el Ministerio Público Fiscal comparte la preocupación de que la voluntad popular se exprese libremente, “exenta de confusiones y, particularmente, de aviesa desinformación”.

González recordó que la incursión de los “deep fakes” ya ha lesionado el derecho de elegir libremente". Y citó el caso de las elecciones legislativas del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde se difundieron videos de IA simulando que hablaban el expresidente Mauricio Macri y Silvia Lospennato, su candidata.

Y hay otro antecedentes sobre elecciones en Córdoba, donde fue sancionada una empleada de una agencia de publicidad por subir en Facebook avisos falsos. “No caben duda respecto a los riesgos que genera los ‘deep fakes’ para la actividad política en general y los procesos electorales en particular”, dijo el fiscal.

González sostuvo que la utilización de deep fakes con fines electorales “constituye una forma de interferencia política sofisticada y profundamente lesiva para el sufragio libre e informado de las personas”. Además, indicó que el uso no autorizado de clonación de voz y rostro con IA en procesos electorales podría configurar un delito, como lo es la inducción de engaños al sufragar, que se castiga con penas de gasta dos años de prisión.

A pesar de que el Estado Nacional solicitó el rechazo de la acción, porque dijo que Gil Domínguez no tenía personería, el fiscal González sostuvo que puede demandarse al Ejecutivo un “compromiso adicional” en el ámbito de la prevención. Por ello, el dictamen solicita a la jueza que haga lugar al amparo y se requieran informes urgentes y medidas preventivas, para evitar el uso ilegal o abusivo de la IA.

El Fiscal específicamente requirió que el Poder Ejecutivo informe sobre que acciones de difusión y sensibilización realizó sobre los usos indebidos de las herramientas de Inteligencia Artificial que pudieran afectar el normal desarrollo de los comicios. Y además que se notifique a las empresas responsables de plataformas digitales (X, TikTok Pte. Ltd. y Google Argentina SRL) sobre la regulación aplicable en materia de infracciones o delitos electorales.