Un año detenida y ni un peso recuperado

Cuando ya ha pasado un año desde que Cristina Kirchner comenzara a cumplir condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la Justicia le impuso...

Cuando ya ha pasado un año desde que Cristina Kirchner comenzara a cumplir condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la Justicia le impuso por hallarla culpable de administración fraudulenta en la causa Vialidad, el Estado no ha podido recuperar ni un solo peso de lo que le fue robado. El capítulo de obligada restitución patrimonial permanece así atrapado en una demora cuya responsable es la tan escandalosa como ininterrumpida sucesión de recursos, apelaciones y demás presentaciones promovidas por las defensas de la expresidenta, de sus hijos y de otros condenados para impedir o retrasar la ejecución del decomiso.

Desde noviembre del año pasado se desplegó una estrategia jurídica destinada a frenar el avance sobre 111 bienes muebles e inmuebles, incluidos aquellos que fueron transferidos a Máximo y Florencia Kirchner en 2016. Cada rechazo dio lugar a una nueva presentación. Cada resolución adversa fue seguida por otra impugnación. El resultado está a la vista. Escandalosa parálisis total.

El 10 de junio de 2025 marcó un hecho inédito en la historia democrática argentina. Por primera vez, una expresidenta empezó a cumplir una pena de prisión por delitos de corrupción. El monto del latrocinio fue calculado en 685.000 millones de pesos, producto de la maniobra que favoreció durante años al seudoempresario Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares y sobreprecios en la obra pública.

La responsabilidad del Estado no termina cuando una persona es condenada por corrupción. También debe garantizar que los recursos obtenidos mediante el delito sean recuperado para la sociedad

La Cámara Federal de Casación Penal ya ratificó que esos bienes son alcanzables por la medida. También rechazó los planteos extraordinarios de las defensas. Incluso, quedó firme la decisión de avanzar con la ejecución patrimonial. Sin embargo, una nueva queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a empantanar el proceso, colocando la definición en manos del máximo tribunal. De él depende hoy la última palabra.

La discusión jurídica es relevante, pero no debería ocultar un dato esencial: el decomiso no constituye una sanción independiente ni una controversia nueva, sino que es consecuencia directa de una condena firme que atravesó todos los controles del sistema judicial. La responsabilidad del Estado no termina cuando una persona es condenada por corrupción. También debe garantizar que los recursos obtenidos mediante el delito sean recuperados para la sociedad.

La prueba decisiva y concluyente en este largo proceso consiste en demostrar que la Justicia es capaz de ejecutar íntegramente sus sentencias. De poco sirve proclamar la lucha contra el saqueo a las arcas públicas si, al momento de recuperar los bienes involucrados, el sistema queda paralizado por chicanas, trabas y estrategias evasivas.

Paralelamente, Cristina Kirchner volvió a reclamar beneficios para flexibilizar las condiciones del arresto domiciliario en su confortable departamento del barrio de Constitución. Solicitó que le retiraran la tobillera electrónica, ampliar el régimen de visitas y flexibilizar otras restricciones. Una vez más, la respuesta judicial fue negativa. El tribunal ratificó las condiciones vigentes y le recordó que conserva espacios y horarios para actividades recreativas en la terraza del edificio, además de un régimen de ingresos libre para familiares directos, médicos, abogados y custodios. El resto de las visitas continúa sujeto a autorización judicial.

De poco sirve proclamar la lucha contra el saqueo a las arcas públicas si, al momento de recuperar los bienes involucrados, el sistema queda paralizado por chicanas, trabas y estrategias evasivas

También resulta llamativo que, a esta altura de los acontecimientos, sectores del kirchnerismo sigan reclamando la libertad de la condenada como si existiera alguna duda sobre su situación judicial. Los argumentos de persecución política, lawfare o conspiración fueron fundadamente descartados una y otra vez por los tribunales que intervinieron en el expediente.

La ceguera política de sus acólitos que programan sucesivos actos frente al departamento de la condenada, yéndola a saludar, colgando pasacalles e incrementando día tras día el malestar de los vecinos que desde hace un año padecen el copamiento del barrio, la vulneración de su derecho al descanso y el cercenamiento del derecho a transitar libremente, mereció anteayer un nuevo apercibimiento de la Justicia.

El tribunal oral federal que la condenó volvió a advertirle que, de persistir con esas conductas, se le revocará la prisión domiciliaria para seguir cumpliendo el encierro en una cárcel común. Como consecuencia de esa admonición, fueros suspendidos algunos actos con que sus seguidores pensaban homenajearla y empezar a instalar la absurda consigna “Cristina proscripta”, para luego lanzarse a la campaña “Cristina candidata”.

Decir que Cristina Kirchner ha sido proscripta es tan desatinado como falso: no está presa por sus opiniones políticas, sino por haber cometido delito

Si esa definición de proscripta es tan absurda como improcedente -no está encarcelada por sus ideas, sino por el delito cometido- igualmente descabellada y fuera de lugar resulta la propuesta del dirigente Miguel Ángel Pichetto de impulsar desde el Congreso una suerte de anulación de la condena, una arremetida muy probablemente pergeñada por su autor para conseguir adeptos que le allanen el camino hacia una vuelta a sus orígenes perokirchneristas, tras varios garrochazos interpartidarios.

Pretender que el Poder Legislativo invalide una decisión definitiva de la Corte Suprema no solo carece de antecedentes y de sustento jurídico, sino que supone un cuestionamiento inaceptable al principio de división de poderes. Si prosperaran semejantes planteos, ninguna sentencia firme estaría a salvo de las conveniencias políticas del momento.

Es de esperar que la Corte se expida, se terminen los artilugios, se abandone la pantomima y, de una vez por todas, se devuelva lo robado.