Senado | Con amplio apoyo, avanza rumbo a su sanción el financiamiento universitario que Milei prometió vetar
Tras rechazar cinco decretos desregulatorios, el Senado comenzó a debatir esta tarde el proyecto de ley de financiamiento universitario, iniciativa que ya cuenta con la aprobación de la Cámara d...
Tras rechazar cinco decretos desregulatorios, el Senado comenzó a debatir esta tarde el proyecto de ley de financiamiento universitario, iniciativa que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y que el presidente Javier Milei prometió vetar por considerar que romperá el equilibrio fiscal que persigue la administración libertaria desde que llegó al poder en diciembre de 2023.
El proyecto avanza a paso firme rumbo a su sanción, ya que cuenta con amplio respaldo de casi la totalidad del arco opositor. Así quedó demostrado con la habilitación sobre tablas del tratamiento de la iniciativa, que superó con creces los dos tercios que se necesitaban para darle luz verde al debate.
La apertura de la discusión fue aprobada por 58 votos a favor y tan sólo 13 en contra. Se opusieron los senadores de La Libertad Avanza, el peronista salteño Juan Carlos Romero.
El pro votó dividido, la mayoría del bloque votó con los libertarios, pero el cordobés Luis Juez, la pampeana María Victoria Huala y la porteña Guadalupe Tagliaferri se desmarcaron de la flamante alianza electoral de la escudería amarilla con los libertarios y votaron por abrir el debate. El radicalismo también apoyó el tratamiento, con la única excepción de Carolina Losada (Santa Fe).
El proyecto propone actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional al primer día de este año según la inflación acumulada durante 2023 y 2024.
La acumulación de dos años en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) se explica en el hecho de que una iniciativa de similares características fue vetada el año pasado por Milei y coincide, además, con los ejercicios que la administración pública viene funcionando sin un Presupuesto aprobado por el Congreso.
Como parte de la inyección financiera el texto ordena una recomposición salarial, también ajustada por inflación, para docentes y el personal no docente de las casas de altos estudios nacionales a contar desde diciembre de 2023 hasta la fecha sanción de la ley. Una vez concretada esta mejora, la norma establece la realización de paritarias mensuales.
En el inicio del debate, el kirchnerista Fernando Salino (San Luis) destacó la “muy buena técnica legislativa” de la iniciativa y destacó que su objetivo “es garantizar la protección y el sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina”.
En ese sentido, Salino acusó a Milei de llevar adelante una política de desfinanciamiento del sistema universitario y destacó que “durante los primeros cinco meses de 2025 el Gobierno transfirió un 22,5% (de recursos) menos que en 2023”. En el mismo período “los profesores universitarios cobraron un 30% menos”, agregó.
En respuesta a las objeciones oficialistas, el kirchnerista puntano destacó que el costo fiscal del proyecto es del 0,16% del producto bruto interno (PBI). “Nos parece que los valores son exiguos cuando estamos hablando de educación, de investigación, de la mejora en la calidad de vida de los argentinos”, concluyó.
El radicalismo también sumó su apoyo en la voz de Maximiliano Abad (Buenos Aires) quien cuestionó la política económica del Gobierno de apostar a la producción primaria como forma de obtener divisas y buscar el equilibrio fiscal mediante el ajuste en sectores como la educación o la salud.
“Es un error monumental creer que el crecimiento de nuestro país va a ser automático por las exportaciones del campo, de la minería o de Vaca Muerta. Veo con preocupación que haya dirigentes esperando que venga una avalancha de dólares”, advirtió Abad, quien señaló que lo que el proyecto busca “es la recomposición de partidas de funcionamiento y salarios y de las becas” y “recuperar lo perdido” a manos de la inflación.
El proyecto fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados y el último martes obtuvo dictamen de comisión en el Senado con el único rechazo del oficialismo. El amplio apoyo político empujó para que la iniciativa ,al igual que la declaración de la emergencia en materia de atención sanitaria pediátrica, fuera tratada sobre tablas este jueves, sin esperar los siete días que establece el reglamento.