Santa Cruz: cobrarán el 50% del sueldo los jueces nombrados por Vidal y resistidos por el kirchnerismo

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EL CALAFATE.- La crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz no tiene fin: los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia nombrados en septiembre pasado a propuesta del gobernador Claudio Vidal nunca cobraron su sueldo por decisión de los jueces afines al kirchnerismo que se oponen a la ampliación de la Corte. Ante este conflicto sin solución, la Cámara de Diputados dispuso que se les abone el 50% de sus salarios hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad sobre la reforma de la ley.

El texto del proyecto aprobado remarca que, al no existir aún cosa juzgada sobre la situación de la ley, corresponde garantizar el pago parcial de los haberes, teniendo en cuenta el carácter alimentario del salario. La norma también prevé dos escenarios futuros: en caso de que la ley sea declarada constitucional -con sentencia firme-, el gasto generado por estos pagos será imputado de manera definitiva al Presupuesto 2026 del Poder Judicial. En caso contrario, si se declara su inconstitucionalidad, el pago se suspenderá automáticamente y el Estado provincial quedará habilitado a recuperar los fondos abonados.

“La verdad que la justicia de la provincia de Santa Cruz no deja de ser un sector más de la política opositora”, afirmó ayer el gobernador Vidal ante la resistencia del Poder Judicial de pagar el sueldo de los vocales nombrados por su gobierno en el tribunal.

En declaraciones a la prensa, Vidal se refirió al reciente pronunciamiento de la Corte Suprema que, ante un planteo de dos de los vocales que no estaban cobrando sus sueldos, declaró nulo lo actuado por la presidenta del cuerpo, Reneé Fernández. “La Corte Suprema de Justicia ya le pegó un tirón de oreja y le respondió rápidamente, ¿no? Creo que todos se dieron cuenta de que hay una decisión firme de que en la provincia de Santa Cruz la Justicia no siga haciendo lo que quiere", afirmó Vidal.

Desde agosto pasado, el Poder Judicial se encuentra en medio de un terremoto político, envuelto en internas palaciegas. Se debe a la resistencia interna a la reforma de la ley -impulsada por el oficialismo provincial- que llevó de cinco a nueve los miembros del TSJ, reforma que fue aprobada por mayoría en la Legislatura con la negativa de los diputados opositores, quienes promovieron, junto al gremio judicial, medidas cautelares que desembocaron en un complejo laberinto jurídico.

Tras la aprobación de la ley, el gobierno de Vidal avanzó con las ternas y la Legislatura aprobó los pliegos de los cuatro nuevos vocales del TSJ. Entre septiembre y octubre juraron en los cargos el exgobernador Sergio Acevedo, José Antonio González Nora, Gabriel Contreras y Juan Lucio Ramón De la Vega. Desde un primer momento quedó expuesto el conflicto: cuatro de los cinco vocales se ausentaron a la jura de los nuevos magistrados y el acto solo fue presidido por el entonces Presidente del cuerpo, Daniel Mariani.

Después, esos cuatro vocales removieron a Mariani de la presidencia, ordenaron desconocer todo lo que había hecho él y nombraron en su lugar a Reneé Fernández. Desde entonces, conviven dos tribunales paralelos porque los nuevos miembros no fueron reconocidos como tales y un amparo presentado por el gremio de los empleados judiciales pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley que amplió la Corte.

En este contexto, el TSJ dispuso no pagar los sueldos a los nuevos jueces y los vocales Acevedo y González Nora plantearon un recurso extraordinario federal que fue rechazado con la firma de un solo miembro del cuerpo, la jueza Reneé Fernández. Los afectados se presentaron entonces en queja ante la Corte Suprema de Justicia, quien declaró la nulidad de lo actuado por la jueza Fernández, presidenta del cuerpo.

El mismo día que la Corte declaró inexistente el fallo por haber sido dictado por una sola jueza, el TSJ, con la firma de los vocales afines al kirchnerismo, declaró la inconstitucionalidad de la ley que elevó de cinco a nueve el número de los miembros que componen el máximo tribunal, fallo que fue apelado por la Fiscalía de Estado, el mismo día.

El fallo firmado por Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, Fernández, y la subrogante Romina Saúl, argumenta -entre otros puntos- que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos. La decisión incluye la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluidas la designación y jura de los nuevos vocales, impulsados por el actual gobierno, quienes ya están en funciones desde septiembre.

En este laberinto de fallos y presentaciones judiciales, la Legislatura aprobó por mayoría, en la sesión extraordinaria realizada el pasado 24 de diciembre, un proyecto que habilita el pago del 50 por ciento de los haberes a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia designados. La iniciativa fue presentada por la diputada Adriana Nieto y autoriza al Ministerio de Economía a liquidar y abonar de manera inmediata la mitad del salario de los cuatro vocales, quienes hasta hoy no percibieron ningún tipo de remuneración.

Ayer, Vidal volvió a cuestionar la calidad al Poder Judicial. “Tiene que otorgar un servicio de justicia como corresponde y realmente ajustándose a lo que marca la Constitución Provincial. Acá, durante años hicieron lo que quisieron. Hoy tienen miedo, tienen terror de perder al último bastión”, afirmó.

Se refirió además al Poder Judicial como “ese bastión que sigue protegiendo al sector político”. Y afirmó: “Convengamos que hubo mucho robo en la provincia de Santa Cruz y que la justicia fue cómplice”.

La diputada Adriana Nieto, uno de los alfiles judiciales del gobierno provincial en la Legislatura, autora del proyecto aprobado por mayoría, calificó a la situación de una “grave anomalía institucional, sin precedente”. Dijo: “Un vocal suspendió y privó de su sueldo a otro vocal. A eso se le sumó que ninguno de los cuatro vocales fueron citados a juicio ni notificados de estas medidas judiciales que los afectaba de manera directa”.

Durante su exposición en el recinto, la diputada Nieto advirtió que se produjo una clara vulneración de derechos. Indicó que se trata de personas que renunciaron a sus trabajos anteriores para asumir en el Tribunal Superior de Justicia y que, desde entonces, se encuentran sin ingresos. Los cargos a los que renunciaron los cuatro vocales para asumir al máximo tribunal fueron: una banca de diputado nacional, un juzgado de primera instancia, una secretaría en el juzgado federal y una banca en la fiscalía de Estado.