Ron DeSantis anuncia un nuevo modelo de acreditación para las universidades de Florida: ¿cómo será?
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Ron DeSantis presentó la Comisión para la Educación Superior Pública (CPHE, por sus siglas en inglés), que buscará reemplazar el sistema tradicional de acreditación universitario que hoy tiene “un monopolio”, de acuerdo al gobernador. La medida busca garantizar que las universidades y colegios de Florida lideren el sector durante “muchas décadas más”.
¿En qué consiste el nuevo modelo de acreditación en Florida?La Comisión para la Educación Superior Pública es un nuevo organismo acreditador que busca reemplazar el sistema tradicional con uno centrado en resultados medibles. El gobernador DeSantis anunció su creación como parte de una estrategia para consolidar reformas universitarias duraderas.
Este nuevo modelo está impulsado por un consorcio de seis sistemas universitarios de estados republicanos. De acuerdo a Florida Politics, se trata de la coordinación entre líderes del sur de Estados Unidos, como:
FloridaCarolina del SurCarolina del NorteTenneesseeTexasGeorgiaDe acuerdo al mencionado medio, estos distritos educativos “están frustrados con los acreditadores actuales, en particular con la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas (SACS, por sus siglas en inglés)“.
En particular, de acuerdo al gobernador, este nuevo sistema luchará contra la insistencia en imponer programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en los campus universitarios. Su objetivo es implementar “estándares rigurosos, transparentes y basados en resultados”.
La iniciativa forma parte de una serie de reformas educativas que comenzaron con la Senate Bill 7044 (SB 7044). Esta norma, firmada por DeSantis en 2022, obligó a las instituciones de educación superior a cambiar de acreditador cada cinco años.
El sistema de acreditación actual y la crítica del gobernadorUn acreditador es una entidad que evalúa y certifica la calidad académica e institucional. Sin embargo, DeSantis considera que los modelos tradicionales han priorizado agendas políticas sobre el éxito estudiantil. Según el gobernador, estos organismos imponen mandatos ideológicos que "contradicen la ley estatal y afectan la excelencia académica“.
Entre los ejemplos citados están la Asociación Estadounidense de Abogados y la SACS. Estas instituciones exigirían criterios ligados a la diversidad, equidad e inclusión como condición para la acreditación. Mientras que la administración estatal considera que esto limita la libertad institucional y frena reformas académicas.
Según el comunicado oficial, estos acreditadores han sofocado “la innovación académica y la reforma legítima”. La acusación apunta a que filtran contenidos según una línea ideológica ajena a los principios estatales.
“La CPHE ofrecerá una alternativa para quebrar ese dominio ideológico. Esta entidad ayudará a que el Estado Libre de Florida lidere la educación superior durante las próximas décadas”, comentó DeSantis en su anuncio oficial.
Participación de otros estados y universidadesLa iniciativa involucra a otras universidades de estados gobernados por republicanos y en los que venció Donald Trump en 2024. Los socios iniciales de Florida serán:
Universidad de GeorgiaUniversidad de Carolina del NorteUniversidad de Carolina del SurUniversidad de TenneesseeUniversidad Texas A&MThad Westbrook, presidente del directorio de la Universidad de Carolina del Sur considera que “las innovaciones“ que esperan implementar “beneficiarán a los estudiantes”. También aseguró que se mejorará la eficiencia del proceso y se aumentará el enfoque en la calidad.
Por su parte, el canciller Ray Rodrigues, del sistema universitario de Florida, destacó la relevancia de usar datos estudiantiles reales y calificó el modelo actual como “defectuoso”.
Según Rodrigues, más del 35% de las universidades acreditadas en Estados Unidos no logra que al menos la mitad de sus estudiantes se gradúe, según datos del Consejo Estadounidense de Fideicomisarios y Exalumnos. Y agregó que al menos un tercio de los graduados de más de 900 instituciones acreditadas ganan menos del 150% del umbral federal de pobreza.