Rescatan niños y capturan pedófilos: así trabaja un grupo de fiscales que rastrean abusadores sexuales en internet

En el tercer piso de un edificio del Ministerio Público Fiscal porteño (MFP), sobre la avenida Bartolomé Mitre, de lunes a viernes, más o menos a la misma hora y desde hace una década, frente ...

En el tercer piso de un edificio del Ministerio Público Fiscal porteño (MFP), sobre la avenida Bartolomé Mitre, de lunes a viernes, más o menos a la misma hora y desde hace una década, frente a la pantalla de su computadora, Fernando Dedovich baja la mirada antes de hacer clic y empezar a abrir los archivos. En ese instante, siente en el estómago la misma sensación de malestar.

Día tras día, el líder del equipo que investiga los casos de explotación sexual en línea, mira fotos y videos de bebés, niñas, niños y adolescentes siendo abusados; archivos intercambiados en internet como si fueran figuritas de pedofilia. Alrededor de 400 reportes llegan al MFP cada día. “La mañana que no sienta ese golpe anímico, esa sensación en el estómago, dejo de trabajar acá”, dice.

A veces Dedovich, de 37 años, tiene que levantarse, caminar hasta el pasillo, tomar agua. A veces nada de eso alcanza. “Es un nivel de maldad que uno no se imagina que existe hasta que lo ve. Si yo te lo cuento, no te lo podés representar”, resume.

No se trata solo de mirar. Se trata de buscar un detalle mínimo, reconocer algo, lo que sea que permita entender si ese niño o niña está en la Argentina y llegar a él: desde la marca de un ventilador de techo hasta la voz del conductor de un noticiero que se escucha de fondo en un video. El trabajo no es solo capturar pedófilos: es, sobre todo, rescatar víctimas.

Cada archivo que se abre puede ser la entrada a una historia nueva o a una historia que vuelve: hay material con víctimas rescatadas hace 10 años que sigue circulando como un espectro. Los especialistas hablan de “victimización latente”: una vez que una foto o video llega a las redes de pedofilia, no desaparece.

Dedovich es una de las 25 personas —entre abogados, estudiantes de los últimos años de Derecho y otros perfiles más técnicos vinculados al mundo de las tecnologías— que integran la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) del MPF, que se ubica en el barrio de San Nicolás. A la cabeza está Daniela Dupuy, la fiscal responsable de coordinar una tarea monumental: solo el equipo que lidera Dedovich tiene entre 300 y 400 investigaciones activas simultáneas.

Además, hay otro tres equipos, cada uno encargado de investigar delitos vinculados con la virtualidad: María de Martini encabeza el área de grooming; Alexis Blasco, el de conductas de suplantación de identidad, difusión de imágenes sin consentimiento y hostigamientos digitales, y Cristian Fariña, el de ataques informáticos. Trabajan también dos auxiliares fiscales, Tomás Vaccarezza y Claudio Silvestri, quienes asisten a Dupuy.

La Ufedyci es una fiscalía precursora: inaugurada en 2013, fue la primera de su tipo en América Latina y su tarea es reconocida por especialistas en la temática a nivel internacional. “También se convirtió en la primera de la región en encabezar las investigaciones con las últimas tecnologías en los entornos digitales, para identificar de forma transnacional a los ciberdelincuentes ubicados en distintos países”, explica Dupuy.

Fue la fiscalía la responsable de llevar a juicio casos emblemáticos, como los del pediatra Ricardo Russo, exjefe de inmunología y reumatología del Hospital Garrahan, que producía material de abuso en su consultorio.

La investigación que permitió llegar a él formó parte de un megaoperativo internacional que se realizó en simultáneo en 26 países y terminó con la detención de 300 pedófilos. Cuando peritaron la computadora de su consultorio, a Dupuy y su equipo les llamó la atención una carpeta disimulada bajo el nombre “Red Hot Chili Peppers”, como si se tratara de música. Adentro había cientos de fotos y videos de niñas de entre 6 y 8 años.

El impacto social del caso fue inmediato. Para los fiscales, en cambio, un recordatorio de lo que se repite una y otra vez: “Puede ser cualquiera. Tenemos casos de agresores de barrios cerrados y de villas de emergencia. Con doctorados o analfabetos. No hay un perfil de abusador”, explica Dedovich. Las edades también son variadas: desde adolescentes hasta hombres de 80 años, como el que detuvieron hace un mes.

La prueba —la misma que les arruina el sueño a los fiscales— es la que deben mirar los magistrados en los juicios, donde se muestra apenas una parte de ese material que puede durar horas y horas. Muchas veces los jueces piden que detengan los videos en plena reproducción: “Es suficiente”. Pero los fiscales insisten: hay que verlo. Vuelven a apretar play. Esa es su prueba. La clave para detener un pedófilo. La llave de acceso que permite rescatar a una víctima.

Un circuito de investigación desconocido

Los reportes de casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que reciben en la Ufedyci llegan desde el National Center for Missing & Exploited Children, una ONG norteamericana que tiene un convenio con todos los países en los cuales esa forma de violencia es considerada un delito. El circuito comienza cuando las empresas como Microsoft, Twitter, TikTok y Meta detectan que algún usuario sube imágenes o videos de abuso de chicos y lo denuncian a la ONG. Si la dirección IP —la etiqueta numérica única asignada a cada dispositivo— está en la Argentina, el caso se deriva a la fiscalía que encabeza Dupuy.

“El año pasado recibimos más de 120.000 reportes. En lo que va de este año, ya superamos ese número”, detalla Dupuy. Desde 2016 (cuando recibieron 8840 reportes) hasta ahora el crecimiento fue exponencial. Cada reporte es la imagen de una niñez siendo aplastada.

A eso se suma un fenómeno creciente: las producciones realizadas con IA, que del año pasado a este aumentaron un 323%. Hay muchos de esos casos en que las caras de las niñas, niños y adolescentes son reales y sus cuerpos ficticios: “Cuando es así, aunque no está previsto expresamente en la ley argentina, desde la fiscalía insistimos que la Justicia condene a los responsables porque hay una persona, un niño, que está siendo vulnerado. Es muy importante que se avance en una reforma de nuestro Código Penal para contemplar estos casos”, dice Dupuy.

Una vez que la Ufedyci recibe esos reportes de todo el país, se investiga para identificar dónde se cometió el delito: “Aquellos que ocurrieron en otras provincias, son derivados a fiscalías de esas jurisdicciones y nos quedamos con los de CABA. Pero muchas veces también trabajamos con víctimas y autores que están en otros países”, indica Dupuy. “La expertise de nuestro equipo sumada a las herramientas informáticas y de recursos que nos brindan desde la fiscalía general, hace que nuestro trabajo tenga un resultado muy eficiente, que debería replicarse en las provincias donde aún no hay fiscalías especializadas”.

Además del National Center, los casos llegan por otras vías, como operaciones internacionales en las que redes de fiscales deciden realizar allanamientos simultáneos. Otra modalidad es a través de particulares que denuncian, por ejemplo, que fueron agregados a grupos de Telegram o Signal donde se comparten y se difunden este tipo de imágenes.

Después de que el equipo mira el material, se toman las primeras medidas: pedir direcciones IP o titularidades telefónicas, reunir información en fuentes abiertas de datos e implementar la figura de agente encubierto digital, entre otras. El objetivo es llegar al allanamiento, la detención y el juicio. Los delitos que investigan incluyen la tenencia de material de explotación sexual de chicos y chicas, su distribución, comercialización y producción.

No siempre es posible identificar a los autores detrás de un hecho. “La investigación puede llegar a un punto donde no tenemos datos para avanzar, por ejemplo, porque por motivos técnicos no se puede rastrear el IP”, sostiene Dedovich.

Sin embargo, el abogado aclara: “Cuando las producciones de material de explotación sexual son hechas en CABA, siempre se logra llegar a los autores y a las víctimas. Las producciones se reportan siempre como prioritarias y Google, por ejemplo, que es el que más reporta estos delitos, en general da información que permite identificar rápidamente a la víctima y victimario”, enfatiza el abogado. Esos casos requieren medidas inmediatas: allanamientos y detenciones en menos de 48 horas para poner en resguardo a los niños.

El instante devastador

Nada prepara a una familia para escuchar que su hija o su hijo está siendo víctima de violencia sexual. El trabajo de los fiscales empieza mucho antes de llevar los casos a juicio. Empieza en ese instante íntimo y devastador en el que alguien, como Dedovich o cualquier integrante de su equipo, tiene que abrir un archivo que nadie querría ver.

Y también en ese otro en el que hay que sentarse frente a una madre, un padre o ambos y decirles que en la investigación apareció su hijo o hija: que el abusador es alguien conocido, a veces un familiar, un docente, un pediatra. Que tienen que ver el material para confirmar la identidad del niño. Que ese mundo del horror que parecía improbable existía, y existía en su propia casa.

Cuando ven el material para confirmar su identidad, las reacciones son también una forma de trauma. La primera vez que Carolina Bertoni acompañó a una madre y un padre a ver los videos en que una niña de 8 años, su niña, era abusada por un tío materno, estuvo una semana entera sin voz. Recuerda una mamá que se tiró al piso y se quiso golpear la cabeza, con una culpa sin bordes. Recuerda a un padre que intentó suicidarse.

Bertoni es psicóloga y titular del Área de Asistencia de Niños, Niñas y Adolescentes del MPF. Su trabajo es contener a los chicos víctimas y a sus familiares en todo el proceso penal, y trabaja codo a codo con la Ufedyci. Hay casos que no se olvidan, dice. Nadie en esa oficina discute eso.

La maquinaria invisible

Como toda experiencia pionera, la Ufedyci arrancó como una prueba piloto. Fue el actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, quien le dio impulso. “Se tomó la decisión de afrontar esta cantidad tremenda de casos de una manera más amplia, con más gente, con más recursos, tanto humanos como tecnológicos”, detalla Dupuy.

En esa labor, los desafíos son constantes. Un ejemplo: si bien hay empresas internacionales como TikTok que “dan una mano enorme”, como subraya Dedovich, y facilitan la información que los investigadores requieren cuando se detecta un caso de explotación sexual en sus plataformas, otras no lo hacen.

“Aplicaciones de mensajería como Telegram, Zangi o Signal, buscan el anonimato de sus clientes y no dan información”, señala Dedovich.

En un solo caso, el equipo puede analizar 100.000 archivos provenientes de la computadora o el celular del abusador. No todos aguantan ese trabajo. Cuando fue mamá, una chica que integraba el equipo de Dedovich pidió cambiarse al de fraude. “Siempre se respeta la decisión. Hay gente que te dice: ‘Ni loco quiero participar de eso’. La mayoría de los que trabajamos acá tenemos hijos chicos y ver ese material es muy fuerte”, resume Dupuy.

Cuando una víctima es rescatada y un agresor es detenido, en el equipo viven una suerte de liberación después de un trabajo que puede llevar dos años. Dupuy aclara: “Cuando escuchamos el veredicto del tribunal, automáticamente miramos las caras de las familias y los niños y, por más que consigamos una condena de 40 años, nos damos cuenta de que esa integridad que les arrancaron, no se las podemos devolver”.

Para los fiscales, otro de los grandes desafíos llega a la hora de la condenas. “Es un trabajo arduo el que hacemos y, si bien es cierto que el Código Penal no ofrece unas penas altísimas, en muchas oportunidades, no encontramos una respuesta en los jueces acorde a la gravedad de los delitos”, señala Dupuy.

Y amplía: “La fiscalía pide una cantidad de años, que analizamos y fundamentamos. Pero si bien en poco más del 90% de los casos hay condenas, entendemos que son bajas comparadas con las que se piden desde la fiscalía. No se dimensiona lo que implican estos delitos, el impacto que generan. Hace poco tuvimos el caso de una chica de 15 años que fue abusada por un adulto de 50 años. La niña tenía problemáticas psiquiátricas y el caso daba para 15 años de prisión. El juez le dio 8 años”.

Casos emblemáticos

El caso de un profesor de artes marciales es uno de los que recuerda especialmente Dedovich. Un tipo carismático y muy presente en la vida de sus estudiantes. Los invitaba a su casa, muchos venían de situaciones familiares complejas y él les daba contención. En paralelo, tejía una red de manipulación perfecta: se presentaba como fotógrafo profesional, les prometía campañas en el exterior, primero les sacaba fotos vestidos, luego en ropa interior, hasta llegar a la desnudez total y el abuso sexual, que filmaba.

La investigación identificó siete víctimas: todos varones de entre 13 y 16 años. Los primeros en denunciarlo fueron dos hermanos que habían sido sus hijastros. Habían convivido durante años con él. Recién cuando tuvo un hijo con su madre y el niño tenía cuatro años, pudieron romper el silencio y desenterrar lo que habían escondido para sobrevivir. “No queremos que le pase lo mismo que a nosotros”, dijeron en la fiscalía los jóvenes cuando entregaron la computadora del pedófilo. La condena, para Dupuy, fue ejemplar: 48 años de prisión.

A veces, la clave para llegar a los pedófilos está en una acción mínima. Como el caso del profesor de matemática que desde hacía décadas abusaba de sus estudiantes varones. Había ido perfeccionando sus técnicas de captación y, con la aparición de las redes sociales, contactaba a los chicos por WhatsApp y otras vías para pedirles fotos, concretar encuentros, tomar fotos y grabar videos. A veces, como en este caso, el grooming y la producción de material de explotación sexual van de la mano.

“Fue la hermana de una de las víctimas la que notó que el chico, de 13 años, estaba raro. Un día le revisó el celular: sabía la contraseña y encontró que tenía conversaciones desde hacía mucho tiempo con el maestro, en las que intercambiaban fotos. Fue la chica la que hizo la denuncia”, recuerda De Martini.

¿Qué los hace seguir eligiendo ese trabajo? Dedovich tiene una respuesta corta: “Este delito no va a parar de aumentar y quizás para la estadística, un solo caso exitoso entre miles, no es nada. Pero para nosotros, es un pedófilo condenado y un niño rescatado”.

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Dónde hacer la denuncia

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA recibe denuncias por varios canales:

A través del 0800 33 FISCAL, que atiende las 24 horas; por mail a denuncias@fiscalias.gob.ar o a ufedyci@fiscalias.gob.ar; a través del sistema de denuncias online; o mediante una denuncia presencial, en su sede de Bartolomé Mitre 1735, piso 3, de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

En el resto del país, las denuncias se pueden hacer en la fiscalía especializada en cibercrimen de esa jurisdicción. En caso de no contar con una unidad especializada, se puede denunciar en la fiscalía más cercana.

Grooming Argentina, una ONG dedicada a la problemática, desarrolló una APP, disponible para Android y iOS en su sitio web, desde la cual se pueden hacer denuncias.