Qué pasa en Texas y Florida con los datos de Medicaid: la medida que pone en riesgo a miles de migrantes

Tanto Texas como Florida aplicaron disposiciones vinculadas al ...

Tanto Texas como Florida aplicaron disposiciones vinculadas al uso de datos de salud de personas migrantes en hospitales y programas públicos. Las medidas forman parte de una política impulsada en distintos estados gobernados por republicanos para reforzar el control migratorio mediante organismos estatales.

Medicaid, DHS e ICE: cómo se usa la información sanitaria en controles migratorios

En Florida, la ley SB 1718, promulgada en 2023 por el gobernador Ron DeSantis, exige a los hospitales que reciben fondos de Medicaid incluir preguntas sobre situación migratoria en formularios de admisión y registro de pacientes. Texas adoptó una medida similar en 2024 mediante una orden ejecutiva firmada por el gobernador Greg Abbott. La disposición incorporó controles relacionados con el estatus legal de personas atendidas dentro del sistema hospitalario estatal.

Un reciente artículo de CBS News informó que ya son varios los estados gobernados por republicanos que amplían la cooperación entre agencias de salud pública y autoridades federales.

La administración federal habilitó mecanismos para que la información vinculada a beneficiarios pueda ser compartida con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y otras agencias relacionadas con las deportaciones.

Además de Florida y Texas, estados como Carolina del Norte, Indiana, Luisiana, Montana y Wyoming aprobaron normas que obligan a departamentos estatales de salud a reportar casos donde existan dudas sobre la situación migratoria de beneficiarios.

“Este es un tema que está muy presente en la agenda política en este momento”, dijo Carmel Shachar, investigadora de políticas de salud en la Facultad de Derecho de Harvard.

Por qué familias migrantes evitan hospitales ante el uso de datos médicos

Organizaciones comunitarias y especialistas sostuvieron que estas políticas generaron una caída en consultas médicas dentro de comunidades inmigrantes. El principal motivo es el temor a que la información entregada en hospitales termine por utilizarse por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Preveo que esto llevará a que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si se puede compartir información con las autoridades de inmigración y si inscribir a un niño o buscar tratamiento podría exponerlos a consecuencias legales”, dijo a CBS News Yesenia Polanco-Galdamez, abogada de inmigración de Carolina del Norte.

Un estudio de la Universidad del Sur de Florida, basado en 466 inmigrantes, indicó que el 52% manifestó dudas o evitó acudir a centros médicos por miedo a posibles consecuencias migratorias derivadas de la recopilación de datos. Los participantes procedían de 31 países diferentes, habían vivido en EE.UU. durante un promedio de 17 años e incluían tanto a indocumentados como a residentes legales y ciudadanos.

El impacto también alcanzó a familias con miembros nacidos en el país norteamericano. Diversas organizaciones señalaron que algunos padres decidieron no inscribir a sus hijos en Medicaid para evitar exponer información de otros miembros del hogar.

“Cuando se implementan políticas dirigidas a un inmigrante, uno puede pensar que solo se está atacando a esa persona en particular, pero en realidad es una bomba imprecisa que acaba con toda la familia”, aseguró Leonardo Cuello, investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

“No te metas con Medicaid”. la advertencia de Sylvester Turner a Donald Trump horas antes de morirMedicaid en EE.UU.: quiénes califican y qué límites enfrentan los inmigrantes

Medicaid es un sistema de cobertura médica financiado por el gobierno federal y los estados para aquellos con bajos ingresos, embarazadas, adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Más de 75 millones de personas estaban inscritas en Medicaid o en el Children’s Health Insurance Program (CHIP).

La legislación federal impide que inmigrantes sin autorización legal reciban cobertura completa de Medicaid. Sin embargo, existen categorías migratorias que sí pueden acceder al beneficio si cumplen requisitos económicos y administrativos establecidos por cada estado.

Entre los grupos habilitados aparecen residentes permanentes con green card, refugiados, asilados y personas con permisos humanitarios. También pueden calificar mujeres embarazadas y menores con presencia legal en el país norteamericano, según las reglas locales.

Datos personales de Medicaid: qué puede compartir el gobierno con el DHS y el ICE

Las demandas judiciales impulsadas por estados demócratas buscan limitar el acceso de autoridades migratorias a información de salud. Uno de los planteos centrales apunta a impedir que los datos personales sean utilizados para rastrear o identificar personas.

En un litigio presentado en California, 21 estados intentan bloquear el intercambio de datos entre agencias sanitarias y el DHS. Sin embargo, según lo retomado por CBS News, las decisiones judiciales recientes permitieron compartir información administrativa limitada —como estatus migratorio, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y número de Medicaid—, pero no historiales médicos ni datos de ciudadanos o residentes legales.