Procesaron a los últimos tres detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

“Se ha podido establecer que los nombrados han realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación ...

“Se ha podido establecer que los nombrados han realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

Así, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez definió el rol de los últimos tres detenidos por su presunta vinculación en los homicidios de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron hallados hace un mes en el fondo de una casa de Florencio Varela en septiembre pasado.

Se trata de Mónica Mujica, de 37 años; Joseph Cubas Zavaleta, de 31 y apodado Señor J, y Bernabé Jesús Mallon, de 42. Los tres fueron procesados por el citado magistrado por de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada reiterada, y homicidio agravado reiterado.

Así se desprende de una resolución firmada por el juez Rodríguez el 30 de diciembre pasado, pero que se conoció en las últimas horas.

“Las víctimas fueron sometidas a violencias físicas extremas, mediante golpes de puño, patadas y la utilización de elementos corto -punzantes, provocándoles lesiones gravísimas. El padecimiento infligido no fue instantáneo ni necesario para causar la muerte, sino que implicó un incremento deliberado e inhumano del sufrimiento, extremo que permite tener por configurado el ensañamiento.- Finalmente, producida la muerte de las víctimas, sus cuerpos fueron ocultados mediante inhumación clandestina, y se procedió a la eliminación de rastros y al descarte de los vehículos utilizados, todo lo cual evidencia una conducta orientada a asegurar la impunidad del hecho”, sostuvo el juez Rodríguez al fundamentar su resolución.

En un primer momento, la investigación de los homicidios de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y Gutiérrez, de 15, se tramitó en la Justicia de la provincia de Buenos Aires y estuvo a cargo del fiscal de La Matanza Adrián Arribas, con la colaboración de sus colegas Claudio Fornaro y Diego Rulli e intervenía el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara.

Antes de que la causa pasara al fuero federal, los fiscales Arribas, Fornaro y Rulli sostuvieron: “Respecto a las características del hecho, se desprende el alto grado de agresividad demostrado por parte de los encausados, quienes no conformes con llevar a cabo la sustracción en estudio, mutilaron salvajemente a las víctimas hasta conducirlas al inevitable desenlace fatal, lo que demuestra a las claras su total desprecio por la vida humana en su máxima expresión”.

Las afirmaciones habían sido expresas en un dictamen de 227 páginas donde fundamentaron el pedido de prisión preventiva para los primeros ocho detenidos que tuvo la causa: Celeste González Guerrero, de 28 años; Milagros Florencia Ibañez, de 20; Iara Daniela Ibarra, de 19; Matías Agustín Ozorio, de 28; Maximiliano Parra, de 18; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25; Víctor Sotacuro Lázaro, de 41, y Ariel Jiménez, de 29.

Además de la prisión preventiva, los representantes del Ministerio Público le solicitaron al magistrado que decline su competencia en favor del fuero federal “en razón a que en el caso en estudio debe prevalecer el aspecto destinado a propender una persecución penal estratégica y que tal como veremos, la intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la ley 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes, en la que participan organizaciones multiterritoriales”.

En su presentación, los fiscales sostuvieron que “entre las 22 del 6 de septiembre pasado y las 21.30 del 19 del mismo mes, en lugar indeterminado, presumiblemente varias personas (no identificadas a la fecha) organizadas mediante un previo plan común, acordaron la sustracción de varios kilos de sustancias ilícitas (provenientes del tráfico de drogas y destinadas a la venta al menudeo en Florencio Varela) a una organización de estructura celular con clara estabilidad y permanencia en el mercado del narcotráfico y que se encuentra integrada por Villanueva Silva, González Guerrero, Valverde Victoriano, Ozorio, Giménez, Sotacuro Lázaro, alias El Duro, Ibañez, Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, apodo el loco David o el Tarta, Alex Roger Ydone Castillo, Parra, Ibarra, y NN Caucasico, -entre otros que conforman la comunidad delictiva".

En Perú está detenido, a la espera de su extradición a la Argentina, Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado Pequeño J, a quien en un momento se lo señaló como el autor intelectual del triple crimen.

Los autores del robo de la droga habrían sido allegados a las víctimas del triple crimen, según explicaron Arribas, Fornaro y Rulli.

“Por medio de maniobras de engaño, y ardides -aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad-, integrantes de la organización narco criminal lograron establecer un vínculo de confianza con Lara, Morena y Brenda por lo que el 19 de septiembre pasado, a las 21.29, en las inmediaciones de la Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita, en La Matanza, consiguieron que las chicas subieran a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que viajaban al menos tres personas. En el vehículo fueron trasladadas a una casa de Florencio Varela , donde supuestamente se realizaba una supuesta fiesta”, expresaron los investigadores judiciales al fundar la solicitud.

Según se afirmó en el citado dictamen, “tras ingresar en la casa, los agresores les hicieron saber a las chicas, dos de 20 años y una de 15, sus verdaderas intenciones: la recuperación de la droga presumiblemente sustraída, por lo que retuvieron a las víctimas en contra de su voluntad, privándolas de esta manera ilegalmente de su libertad, obligándolas a permanecer en el lugar, para lo cual fueron maniatadas y amordazadas”.

Entre las pruebas con las que los fiscales fundaron los pedidos de prisiones preventivas, figuran los seguimientos de los vehículos realizados a través de distintas cámaras de seguridad que registraron el paso de la camioneta Chevrolet Tracker blanca desde La Tablada hasta Florencio Varela. Al llegar al sur del conurbano se sumó el Volkswagen Fox tripulado por Alex Ydone Castillo, Sotacuro e Ibáñez.

“En el referido contexto situacional y estando las víctimas en un completo estado de indefensión, es que al menos todos los antes nombrados, actuando de común acuerdo conforme a una convergencia intencional, delineada, planificada y previamente establecida, obrando de modo seguro, a traición y sin posibilidad de defensa, es que con claras intenciones de causar la muerte de las mismas para ocultar el hecho delictivo cometido previamente, y mediante el empleo de golpes de puño, patadas, como así con la utilización de elementos filo punzo cortantes comenzaron a lesionar a las víctimas de manera tal a que previo a llegar al designio criminal final con su accionar aumentaron de forma deliberada, e inhumana el sufrimiento de las jóvenes, provocándoles lesiones agónicas (amputaciones, luxofracturas -entre otras-) que indefectiblemente las fueron llevando a la muerte", se consignó en el citado dictamen.

Después del pedido de prisión preventiva por los fiscales de La Matanza se detuvo a Mujica, esposa de Sotacuro Lázaro.

Según un testigo, tras el triple crimen, Mujica se habría descartado del teléfono celular de su marido. La declarante también dijo que el móvil del triple crimen fue el robo de un cargamento de droga a Sotacuro, apodado El Duro.

“Al Duro lo pepiaron y estaba con las pibitas ”, dijo la testigo.

El mismo día de la presentación del dictamen de los fiscales de La Matanza, era detenido Cubas Zavaleta, un presunto narco peruano. Estaba alojado en un calabozo del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina (PFA), situado en la avenida Figueroa Alcorta y Cavia, en Palermo, a la espera de su extradición a su país de origen.

Su vinculación con el triple crimen sucedió a partir de la declaración de una testigo de identidad reservada.

La testigo sostuvo, según los voceros consultados, que los sospechosos detenidos hasta el momento por el triple crimen son personas que están bajo el mando de Cubas Zavaleta, quien habría ordenado el triple crimen desde su lugar de detención.

“La declarante dijo que el sindicado narco, además de tener un teléfono celular, contaría con una libreta de verde en donde tendría anotados datos que probarían su participación intelectual en el crimen”, dijeron fuentes judiciales. Se trataría del cuaderno secuestrado cuando se allanó el calabozo donde estaba alojado.