¿Premios o bromas de mal gusto?

En el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tuvo lugar, promovida por la revista Quorum, una entrega de premios que muestra la ligereza o los intereses que ins...

En el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tuvo lugar, promovida por la revista Quorum, una entrega de premios que muestra la ligereza o los intereses que inspiran la adjudicación de ciertos reconocimientos por parte de algunas organizaciones.

Nos referimos en especial a dos premiados, como el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el juez federal Ariel Lijo, cuya postulación a ministro de la Corte Suprema fue rechazada por el Senado.

Zamora recibió el premio “a la justicia, Quorum 2025”. El motivo de la premiación serían las obras en el Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente. Ese proyecto no logra ocultar la oscuridad de un gobierno conocido por su nula vocación democrática y por fundadas sospechas de corrupción. La raíz de esos males está en el Poder Judicial santiagueño, cuyos principales magistrados se comportan como si fueran simples empleados del gobernador. El extremo de estos vicios es que el titular del Superior Tribunal, Federico López Alzogaray, está denunciado por usurpación de tierras.

La sumisión de la Justicia de esa provincia es de tal magnitud que en su momento llegó a declarar inconstitucional a la propia Constitución de Santiago del Estero. Fue cuando Zamora buscó un tercer mandato consecutivo que, claramente, violaba el texto constitucional, debiendo la Corte Suprema de la Nación impedir ese atropello. Zamora resolvió el inconveniente tomando el vil atajo del nepotismo, al postular en 2013 a su esposa, Claudia Ledesma Abdala, como candidata a gobernadora. Como si el cargo fuera un bien ganancial.

El fiscal general de Santiago del Estero, Luis de la Rúa, es conocido por su obsecuencia con el poder político, además de sus escándalos personales. Fue célebre por perseguir a fiscales que cumplieron su deber al denunciar torturas y apremios ilegales, y por promover reformas al Código de Procedimientos provincial que son de hecho una reforma ilegal al Código Penal federal, en las que se suprimen garantías individuales.

Crímenes como el del empleado de rentas Raúl Domínguez, que denunciara graves delitos en el ministerio de Economía provincial, siguen impunes porque nunca fueron investigados.

Los derechos de propiedad no son preservados por la complicidad del gobierno provincial con organizaciones delictivas como el Mocase, un supuesto movimiento campesino acusado de estar al servicio de las mafias que usurpan tierras bajo el amparo del poder político.

Para premiar a Zamora el jurado de Quorum debió olvidar otros datos conocidos. Uno es la estrechísima vinculación del gobernador con el cuestionado tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, hoy expuesto ante la opinión pública por los escándalos que rodean a la empresa Sur Finanzas, acusada de lavado de dinero. Otros datos que también habría dejado de lado la publicación son los brindados por el investigador estadounidense Douglas Farah, sobre el avance de narcos desde Brasil por la impunidad de la que gozarían en Santiago del Estero.

En el mismo acto fue premiado el cuestionado juez Lijo, exponente de la peor camarilla judicial, cuyo juzgado ha sido sindicado de estar servicio de la impunidad de empresarios y funcionarios corruptos. Entre otras causas, Lijo tiene cajoneada desde hace años las denuncias y documentos referidos al escandaloso negociado que fue la operación montada por el kirchnerismo para que el grupo Eskenazi se hiciera del 25% de las acciones de YPF sin poner un dólar, operación por la cual hoy el Estado argentino está expuesto a pagar 16.000 millones de dólares por la pena que le impuso la jueza neoyorquina Loretta Preska. Es probable que Preska no hubiese llegado a dictar esa sentencia si Lijo hubiera investigado el modo en que el grupo Eskenazi ingresó a YPF.

Si bien la Facultad de Derecho solo facilitó el salón para la citada premiación, sería conveniente -al igual que en el caso de otros premiados, miembros del jurado y quienes entregaron los reconocimientos- que fuera más cuidadosa en el uso de esas instalaciones. Está en juego el prestigio de la misma facultad de la que egresaron la mayor parte de los grandes juristas y catedráticos del derecho argentino.

Estas bromas de mal gusto no deberían mancillar las salas de la universidad más prestigiosa de la Argentina.