Nuevo dolor de cabeza para Pedro Sánchez: perdió el apoyo del partido catalán Junts, un aliado clave en el Congreso
BARCELONA.- Muy cerca ya de llegar a la mitad de mandato, la legislatura...
BARCELONA.- Muy cerca ya de llegar a la mitad de mandato, la legislatura se le complica aún más al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El lunes perdió un aliado clave en el Congreso de los Diputados: Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.
La comisión ejecutiva de Junts decidió en una reunión extraordinaria romper el pacto de investidura con el Partido Socialista (PSOE) a causa del “incumplimiento” por parte del gobierno de varios compromisos alcanzados en 2023.
Aquellos acuerdos le permitieron a Sánchez recabar el apoyo de los siete diputados de Junts, imprescindibles para renovar su mandato presidencial. De no reconducirse la relación con los nacionalistas catalanes, Sánchez podría verse forzado a adelantar las elecciones generales, previstas para 2027.
En una comparecencia pública, Puigdemont explicó ante los medios la decisión de la ejecutiva de Junts, que para hacerse efectiva deberá ser respaldada por la militancia en una votación que concluirá el jueves por la tarde. El hecho de que la ruptura con el PSOE haya contado con un apoyo unánime en el seno de la ejecutiva hace prever que será ampliamente avalado por la militancia.
El líder de Junts descartó que su partido respalde una moción de censura de la oposición de derecha -del Partido Popular y VOX-, sino que la ruptura significa que votará en contra de todas las iniciativas del gobierno en el Congreso, lo que equivaldrá a un bloqueo político casi total.
“El PSOE ha roto el acuerdo de investidura a conciencia… es el máximo responsable”, espetó Puigdemont en su comparecencia después de la reunión de la ejecutiva de Junts, celebrada en Perpinyà, en la Cataluña francesa.
El expresidente catalán recordó que durante los últimos meses su partido había lanzado diversos “avisos y señales” al PSOE sobre las posibles consecuencias de sus “sus incumplimientos”, pero que este hizo caso omiso.
De momento, el PSOE ha reaccionado de forma cauta y no ha querido avanzar escenarios de futuro. “Respetamos las dinámicas internas de los partidos, de Junts también. Hay diálogo, mano tendida y negociación. Vale la pena. Respeto absoluto, diálogo y continuaremos trabajando”, dijo Montse Mínguez, vocera del PSOE, cuya dirección se reunió también el lunes dando ya por hecho la ruptura con Junts.
Desde el otro partido de la coalición de gobierno, Sumar, se lanzó un mensaje parecido, sin dar el pacto todavía por roto: “Es mucho lo que hemos hecho juntos y lo que aún podemos hacer”, aseveró el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
De momento, no existe reacción oficial del PP, que hace tiempo que ha exigido a Sánchez la convocatoria de elecciones anticipadas ante la falta de una mayoría estable.
El acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE recogía diversos puntos, siendo el principal la aprobación de una amnistía para los políticos y activistas catalanes que participaron en la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña en 2017. En teoría, uno de los beneficiados debería ser el propio Puigdemont, que vive desde entonces exiliado en Bruselas. Sin embargo, a pesar de que la ley se aprobó hace un año y medio, su aplicación se halla inmersa en una agria batalla entre varios tribunales, pues el Tribunal Supremo se niega a aplicarla en algunos casos, incluido el de Puigdemont.
Desde Junts achacan al gobierno que podría haber hecho más para propiciar el retorno de Puigdemont, así como en otros dos acuerdos importantes: la oficialidad de las lenguas catalana, vasca y gallega en la Unión Europea, y en el traspaso de algunas competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya.
Sin embargo, desde el PSOE argumentan que en estos tres acuerdos son otros los actores, ya sean algunos jueces conservadores, otros Estados de la UE o el partido Podemos, que han impedido hacer efectivos los compromisos. En su comparecencia, Puigdemont señaló también otros incumplimientos que requieren “solo de la voluntad del gobierno”, como la publicación de las balanzas fiscales regionales, es decir, los datos de cuánto aporta cada región a la caja común del Ministerio de Hacienda.
La ruptura con Junts es el último traspié de una legislatura que está resultando tan agónica para Sánchez como ya anticiparon los endiablados resultados de las elecciones de 2023. El presidente socialista fue investido hace dos años con los votos de ocho partidos diferentes, una heterogénea coalición que incluye a todos los partidos de izquierda y nacionalistas periféricos con representación en el hemiciclo, incluidos dos de derecha, el propio Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Las incompatibilidades entre algunos de ellos han impedido que el Ejecutivo haya sido capaz de aprobar todavía unos Presupuestos Generales, por lo que se han tenido prorrogado los de 2023.
En caso de optar por un adelanto electoral, Sánchez se enfrentaría a una muy difícil contienda, pues prácticamente todas las encuestas auguran una holgada mayoría absoluta a una coalición del PP y VOX. Sin embargo, Sánchez, conocido por ser un superviviente nato, podría agarrarse a la esperanza de una creciente erosión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a raíz de la disidencia interna de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de los escándalos en algunos de los gobiernos regionales conservadores.
Esta semana se conmemora un año de la tragedia de la DANA en Valencia sin que su presidente, el popular Carlos Mazón, haya asumido sus responsabilidades, y en Andalucía, también gobernada por el PP, crece el escándalo por la posible manipulación de las mamografías de hasta 2000 mujeres.