Más de 300 chicos sin escuela: denunciaron penalmente a los dueños del Instituto Formar Futuro, que cerró sin previo aviso

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó en los últimos días una denuncia penal ante la Fiscalía del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas Nº 26, a cargo de Luis Alcide...

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires presentó en los últimos días una denuncia penal ante la Fiscalía del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas Nº 26, a cargo de Luis Alcides Arnaudo, contra los dueños del Instituto Formar Futuro que en enero pasado cerró de manera intempestiva. La imputación corresponde, según indicó el Ministerio Público Fiscal porteño, al “delito de defraudación a la administración pública”, tipificado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal.

La denuncia fue impulsada por la Procuración debido a que el colegio recibía aporte estatal destinado al pago de los salarios docentes, fondos que eran canalizados a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Dgegp).

El colegio, ubicado en la calle Simbrón 5490,en Villa Real, cerró de forma repentina a finales de enero último. Como consecuencia, más de 300 alumnos de nivel inicial, primario y secundario quedaron sin escuela y cerca de 50 docentes y empleados perdieron sus puestos de trabajo. La comunidad educativa fue notificada mediante un correo electrónico, enviado el 26 de enero pasado, que no contaba con firma ni responsables identificados.

Tras el aviso, los dueños dieron de baja el sitio web y las redes sociales del colegio. Ante la falta de respuestas, padres, alumnos y docentes se manifestaron para reclamar explicaciones y exigir la devolución del dinero abonado por la matrícula del ciclo lectivo 2026.

“Son delincuentes. Se robaron la plata de las familias, del Estado, que envía fondos para el pago de los docentes, y de las matrículas que nos cobraron de 2026”, expresó uno de los padres durante la protesta realizada el lunes pasado frente al colegio.

Resolución

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Mercedes Miguel, aprobó una reglamentación específica para el cierre de colegios privados. De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial el 22 pasado, el objetivo es evitar “cancelaciones intempestivas” y asegurar procesos “ordenados” que garanticen que todos los alumnos matriculados cuenten con una vacante alternativa.

Un informe del gobierno porteño advirtió que en 2025 la cantidad de ingresantes a primer grado cayó un 25% en comparación con 2020 y que para 2028 esa merma alcanzará a todo el nivel primario.

Las pautas obligatorias para las instituciones privadas que evalúan cerrar cursos o el establecimiento completo implican:

Informar a la Dgegp cuando exista riesgo de continuidad, mediante un informe para recibir “acompañamiento y asesoramiento”.Presentar una solicitud de cancelación institucional con al menos cinco meses de antelación, con el fin de organizar el proceso.Detallar un cronograma y establecer lineamientos para una “comunicación clara” con docentes, estudiantes, familias y la comunidad educativa.Definir estrategias pedagógicas para que los alumnos “finalicen adecuadamente el año escolar” y, al mismo tiempo, “puedan continuar su escolaridad en otra institución”.Elaborar una declaración jurada que garantice el resguardo y la entrega completa y oportuna de la documentación oficial.Precisar los motivos del cierre y presentar la nómina actualizada de alumnos y del personal docente.

El trámite deberá presentarse formalmente ante la Dgegp, que contará con un plazo máximo de diez días hábiles para evaluar la documentación. Solo después de esa instancia la institución podrá comunicar la decisión a la comunidad educativa. En todos los casos, los colegios deberán habilitar canales accesibles de consulta y garantizar reuniones con familias y docentes.

La norma también establece que el rol del Ministerio de Educación será acompañar el proceso, “intervenir ante cualquier obstáculo o incumplimiento” y “garantizar que ningún estudiante quede sin vacante”, articulando si es necesario, con la educación de gestión estatal.

Sobre esta resolución, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), expresó reparos: “Si bien estamos de acuerdo con generar un marco de previsibilidad y consideramos que era necesario, no estamos de acuerdo con que el sector no haya tenido participación. No fue convocado para acordar o realizar aportes a esta nueva resolución ministerial”.

Búsqueda de vacantes

Con la matrícula ya abonada y el ciclo lectivo a punto de comenzar, las familias que envíaban a sus hijos al Instituto Formar Futuro recorren escuelas para conseguir lugar.

“Yo hoy en día estoy en el horno. Tengo que pagar de vuelta el uniforme y la matrícula”, dijo Reina Peralta, madre referente de un grado del establecimiento.

“No lo cambio yo de colegio porque tengo ganas, no me queda otra opción porque me dejaron entre la espada y la pared”, agrega.

La búsqueda empezó con el listado de escuelas enviado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego del cierre de la institución.

Distinto es el caso de Daiana, otra madre de ese colegio, que ya está por conseguir vacantes para sus dos hijos. “Los colegios de la zona nos están ayudando un montón y son amables, muchos nos dieron entrevista estando de vacaciones”.

Germán Sensi, padre de dos alumnos del Instituto, relata: “En el colegio Presencia de Devoto conseguimos que reciban a la mayoría de tercer año”. E indicó: “No es lo que buscábamos, pero estamos pensando en aceptar porque priorizaron el grupo”.

Silvia Luna, esposa de Germán, detalló el desafío económico que enfrenta ella y su familia, tras conseguir vacante en el Colegio Presencia, en Devoto: “El monto de la cuota es de $190.728 (valor de diciembre 2025), la matrícula tiene un costo de $340.728”.

Según explica, “sobre los $820.000 que pagué en octubre y me estafaron, ahora tengo que desembolsar $1.062.912 más uniforme completo por dos hijos”.