Los bancos piden cambios en el proyecto que habilita pagar sueldos a través de billeteras virtuales

A menos de cinco días del inicio del debate en el Congreso por el proyecto de reforma laboral, su posible avance abrió un nuevo capítulo en la historia de rivalidad entre los bancos y las billet...

A menos de cinco días del inicio del debate en el Congreso por el proyecto de reforma laboral, su posible avance abrió un nuevo capítulo en la historia de rivalidad entre los bancos y las billeteras virtuales. A contrarreloj, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que nuclea a las entidades de capital internacional con operaciones en el país, se metió en la discusión: envió una carta al Senado en la que reclamó cambios en un artículo que habilitaría pagar sueldos a través de las plataformas que ofician como proveedoras de servicios de pago (PSP), como MercadoPago, por ejemplo.

“Consideramos necesario formular una objeción puntual y sustantiva respecto del Artículo N° 35 del proyecto, atento a los riesgos jurídicos, financieros, sistémicos, territoriales y sociales que su eventual aprobación podría generar”, expresó la entidad que representa a los bancos.

¿Qué dice el artículo 35 del proyecto? Propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de aprobarse, establecería: “Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago habilitados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para tal actividad, o en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación autorice”.

El punto central de la rivalidad entre las billeteras virtuales, también conocidas como Proveedores de Servicios de Pago, y los bancos es la regulación. Estos últimos piden que ambos tipos de entidades tengan exactamente la misma regulación.

Más allá de este argumento general, la carta de ABA especificó seis argumentos. El primero de ellos alude a una supuesta pérdida de protecciones legales esenciales. “Los salarios y las jubilaciones poseen carácter alimentario, lo que implica una protección legal reforzada que incluye la inembargabilidad total o parcial según corresponda”, explicaron los bancos. En la misiva, agregaron que “las PSP no se encuentran alcanzados por este régimen”.

La carta firmada por el presidente de la entidad, Claudio Cesario, fundamenta que si no se introdujera el cambio reclamado, podría ocasionar una reducción de la oferta del crédito. “Los depósitos salariales son la materia prima del crédito a mediano y largo plazo. La canalización de estos fondos a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP), que en la práctica los direccionan mayoritariamente hacia instrumentos de muy corto plazo —como fondos comunes de inversión tipo money market— considerados inestables desde el punto de vista regulatorio, implicaría una contracción estructural de la capacidad crediticia del sistema bancario”, indicó.

A propósito de esto último, la carta que los bancos quieren hacer llegar a los senadores calculó qué impacto podría llegar a tener la medida. “Se estima que un traslado de apenas el 20% de dichos saldos desde cuentas bancarias hacia billeteras virtuales implicaría una reducción del fondeo prestable del sistema superior a un billón de pesos. Considerando los efectos indirectos y de segunda ronda, la contracción potencial del crédito bancario podría ubicarse en un rango estimado de entre 4 y 6 billones de pesos”.

Los otros cuatro argumentos esgrimidos por ABA para intentar convencer a los senadores refieren a un posible desmantelamiento de infraestructura crítica financiera, una “inexistencia” de falla de mercado que justifique la reforma, la reiterada “asimetría regulatoria” entre los bancos y las billeteras virtuales y la supuesta “ausencia de garantías” que tendrían los fondos fuera del sistema bancario.

El proyecto de modernización laboral, tal como lo nombró el Gobierno, comenzará a ser debatido el próximo 11 de febrero. En cuatro días se podrá vislumbrar si la carta de los bancos tuvo algún efecto sobre el debate legislativo.