La trama oculta detrás del torno industrial usado para traficar 510 kilos de cocaína a España

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El torno industrial llegó desde Perú, vía terrestre, el 22 de octubre pasado. Lo transportó un camión con chapa patente boliviana. Primero estuvo en un depósito del barrio porteño de Villa Soldati. La Argentina era solo un lugar de paso. Su destino final era el puerto de Algeciras, en España. Pero sus destinatarios no querían la maquinaria usada, esperaban lo que llevaba oculto: un cargamento de 510 kilos de cocaína.

Se trataba de una operación de narcotráfico internacional que quedó al descubierto después de una investigación entre autoridades judiciales argentinas y españolas y un trabajo hecho entre detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Nacional de España y funcionarios policiales de Perú.

El cargamento de cocaína fue secuestrado en el puerto de Algeciras, en España, después de que, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich ordenara una “entregada vigilada” o lo que también se definió como una operación de contrabando controlada.

El torno industrial “contaminado” con cocaína salió del Puerto de Buenos Aires en el buque Czech el 7 de mayo pasado y llegó a Algeciras el 29 de junio último, donde estuvo casi dos meses hasta que fue retirado, el 25 de agosto. Después, tras un seguimiento hasta Mérida, se secuestró la cocaína y fueron detenidos los sospechosos. En ese momento se sucedió una serie de allanamientos en la Argentina y en España.

“La investigación resulta desde ya compleja por la característica trasnacional de las maniobras investigadas y la multiplicidad de personas involucradas; es decir, el presunto plan criminal incluye varias etapas en diferentes territorios (Perú, Argentina y España), a la vez que exhibiría un sofisticado método de ocultamiento del cargamento de estupefacientes, además de una estructura económicamente sólida y amplios recursos logísticos”, sostuvieron el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, en un dictamen presentado ante el juez Meirovich.

La investigación, que tiene nueve detenidos en la Argentina y España, se había iniciado el 3 de junio pasado, cuando los fiscales argentinos recibieron una información de la Fiscalía Especial Antidrogas Algeciras, a cargo de la fiscal Macarena Arroyo Marín, por medio de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI), que tuvo como finalidad “determinar la existencia de una organización narcocriminal de carácter trasnacional vinculada al contrabando marítimo de sustancias estupefacientes con destino a España, mediante la utilización de estructuras societarias y la simulación de operaciones de comercio internacional para el ocultamiento del material ilícito en las mercaderías transportadas, la cual tendría puntos de operación en este país”.

Puntualmente, según el expediente judicial, “se individualizó una operación de comercio internacional, la cual disfrazaría una maniobra de contrabando de sustancias estupefaciente a gran escala. Se trataba en ese entonces de una exportación que había culminado su etapa en la Argentina y que estaba en tránsito marítimo con destino final Algeciras”.

En la Argentina, a los fiscales se le sumaron en las tareas investigativas detectives de la División Operaciones Federales de Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA y de la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los detectives judiciales y policiales argentinos pusieron bajo la lupa una “exportación a consumo” que se había oficializado el 27 de marzo pasado. Era la operación para enviar el citado torno industrial.

Se había declarado que la mercadería para exportar tenía un peso de 4000 kilos y que el valor de la transacción era de 50.000 dólares. Pero en realidad, según explicó el fabricante, el torno pesaba 3500 kilos: el excedente era la cocaína oculta.

Cuando el contenedor estuvo en un depósito fiscal, previo a su trasladado al puerto de Buenos Aires, fue inspeccionado por personal aduanero. Fue el 7 de abril pasado, previo al inicio de la investigación. “Sin novedades”, se afirmó en el informe.

Después, un inspector aduanero que cumple funciones en el Departamento de Investigaciones Narcotráfico Metropolitana de ARCA declaró como testigo. Hizo un relato de cómo fue el control realizado y afirmó que “existieron compartimentos de volumen considerable que no pudieron ser visualmente inspeccionados, en razón de tratarse de espacios estancos, es decir, partes centrales internas e inaccesibles para la inspección humana. Aclaró que la diligencia incluyó un binomio ‘guía-can’ y una inspección manual y visual y que no existió indicio alguno, en ese momento, que motivara la adopción de otras medidas de mayor intrusión respecto de la mercadería, a la vez que se encomendó la utilización de un escáner posterior, previo al embarque, control que también arrojó resultado negativo”, según se desprende del expediente judicial.

Según el dictamen donde el fiscal Navas Rial y la Procunar pidieron una serie de allanamientos y las detenciones de los sospechosos que actuaron en la Argentina, se explicó que el control aduanero no advirtió la carga contaminada por la “tecnología del método de ocultamiento utilizada, que no solo logró sortear dicha inspección, sino también la que habría sido realizada en el ingreso a España e incluso la efectuada meses antes en la frontera Villazón-La Quiaca, oportunidad en la que todo indica la maquinaria ya contenía el material estupefaciente en su interior”.

El importador del torno industrial fue identificado por fuentes judiciales y por la ministra Bullrich como Ulises Matías Cura, quien abonó en efectivo 13.000 dólares a una empresa peruana. Se trata de un despachante de aduana que, hasta su detención, vivía en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán.

“Resulta llamativo que esa transacción internacional haya sido abonada al contado y que justamente escaso tiempo después se hubieran constituido las dos empresas que posteriormente participarían de la exportación de la maquinaria desde la Argentina hacia España. Remarcamos que la maquinaria se trata de un bien usado (y no nuevo, como fue declarado en la documentación labrada para su importación y exportación) y no guarda vinculación con el objeto societario de la empresa española adquirente. Destacamos que las imágenes obrantes en la causa denotaban un estado de deterioro”, explicaron los representantes del Ministerio Público.

Y agregaron: “Al ser controlada la mercadería -previo a la exportación-, el personal de ARCA advirtió que se trataba de un bien usado, motivo por el que realizó la observación administrativa y cambió la posición arancelaria, conforme surge del documento labrado. Tales circunstancias refuerzan la hipótesis que viene sosteniendo esta parte respecto de que fueron operaciones de comercio realizadas para disimular y enmascarar las maniobras de contrabando en cuestión, a lo que cabe adicionar que difícilmente pueda justificarse el valor económico y la conveniencia operativa/logística de la transacción”.

Cura y los otros tres sospechosos detenidos en la Argentina fueron indagados el lunes de la semana pasada. En los próximos días, el juez Meirovich definirá su situación procesal.

Fuentes de la investigación, resaltaron el trabajo hecho por el equipo del juez Meirovich y la importancia de la coordinación con España entre la Fiscalía Nacional Antidrogas y la Policía Nacional, la Procunar y la PFA.

“Un resultado muy importante”, lo calificó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa donde dio detalles de la investigación bautizada como Operativo Lusitania.