La libertad educativa y un controvertido proyecto

Recientemente, el Gobierno presentó un proyecto de ley que propone derogar la ley de educación nacional, sancionada en 2006, y reemplazarla por una ley de libertad educativa, que desplaza la resp...

Recientemente, el Gobierno presentó un proyecto de ley que propone derogar la ley de educación nacional, sancionada en 2006, y reemplazarla por una ley de libertad educativa, que desplaza la responsabilidad principal del Estado y la delega en el “derecho preferente los padres” además de redefinir los mecanismos de gestión, financiamiento, evaluación y control.

El diagnóstico que subyace al proyecto se sustenta en que para solucionar la grave crisis educativa del país se necesita cambiar una ley y modificar de ese modo un principio fundamental de la educación mundial: el que la considera una cuestión prioritaria del Estado.

De por sí, esta novedad abre dos interrogantes centrales: ¿es este el camino adecuado para enfrentar la urgencia educativa que atraviesa la Argentina? ¿Se necesita irnos al extremo de derogar la ley vigente y sancionar una nueva que cambia absolutamente los principios tradicionales para mejorar la calidad y equidad educativa en el país o se necesita cumplir los artículos de la ley vigente que se incumplen y, en su caso, ajustar los que se acuerden en una profunda discusión integral y no apresurada de todos los sectores de la comunidad educativa?

Para responder estas cuestiones, debe remarcarse de entrada que los principios de “libertad educativa” y del “rol preferente de la familia”, que este proyecto viene a instaurar con detalle, no son los sostenidos por los países que van a la vanguardia de los resultados de aprendizaje a nivel mundial. Por el contrario, países como Finlandia, Singapur, Canadá, Japón, Alemania, Francia, España, Portugal, entre muchos otros e incluso la Argentina, si bien reconocen a la familia “como agente natural y primario” de la educación, no otorgan un derecho preferente a los padres, en este sentido, sino que el derecho a la educación es del niño y la responsabilidad de resguardarlo, del Estado. Al respecto, Fernando Savater, en su libro El valor de Educar, tiene dicho que “los hijos no son propiedad de los padres; tienen derecho a recibir una educación que les permita incorporarse a la sociedad cono ciudadanos libres e iguales” y allí radica la responsabilidad pública indelegable, ya que los niños no eligen nacer en una u otra familia y por ello la enseñanza y el aprendizaje se erigen como el mecanismo central para evitar desigualdades. Este punto es crucial para entender que por supuesto el rol familiar, la libertad de elección de escuela y el papel de los padres son fundamentales en la formación de los hijos, pero esto no significa un derecho preferente ni superior al del Estado, porque el derecho protegido es el del niño y no el privilegio del adulto.

La iniciativa gubernamental aporta otras novedades al habilitar modalidades como la educación en el hogar que, aún con sistemas de acreditación, plantea interrogantes serios que no se abordan. Educar no es solo transmitir contenidos medibles, sino también garantizar socialización, criterio, convivencia y pertenencia a un mundo común. La experiencia reciente de la pandemia mostró con claridad que cuando la escuela se retira los más perjudicados son los sectores vulnerables, con altos niveles de abandono y pérdida de aprendizajes. Resulta difícil comprender cómo una educación con menos escuela podría contribuir a revertir ese estado de cosas.

También genera preocupación el cambio de esquema de financiamiento orientado a la demanda, mediante vales, bonos o becas vinculadas a la elección familiar y a los resultados educativos. En un sistema atravesado por fuertes desigualdades socioeconómicas, este diseño corre el riesgo de consolidar circuitos educativos segmentados: escuelas con mejores resultados, que atraen a los estudiantes con mayores ventajas de origen, y otras que concentran a quienes más apoyo estatal necesitan.

El proyecto hace hincapié también en la autonomía escolar, punto importante por considerar en el futuro de la educación nacional, pero omite una condición básica: no hay autonomía real sin directivos y docentes bien formados, motivados y bien remunerados, sin padres preparados para participar en cuestiones educativas complejas y con un Estado subsidiario. Hoy las escuelas públicas, especialmente en contextos críticos, luchan por sobrevivir. Retirar al Estado y colocarlo un paso atrás en nombre de la libertad educativa y la autonomía puede equivaler, en los hechos, al abandono y a mayor desigualdad. La realidad social del país nos muestra millones de familias que viven bajo la línea de pobreza, con padres y madres que no llegan a ser referentes de los estudiantes, con trayectorias educativas incompletas y escaso capital cultural para acompañar procesos difíciles de escolarización y gestión institucional. Debe tenerse claro que proponer mayor autonomía en este escenario y trasladar la responsabilidad educativa al ámbito familiar no cambia de por sí el resultado, sino que hasta puede profundizar desigualdades.

Este tema surgió en el reciente Foro Anual de Educar 2050 “Urgencias educativas en Argentina” donde directivos de escuelas de contextos muy vulnerables señalaron este riesgo y especialistas de distinto origen remarcaron que frente a un escenario tan desafiante resulta difícil entender la necesidad de una ley nueva de esta magnitud, cuando lo urgente y previo parece ser un plan integral educativo con la definición de metas y de un compromiso de inversión correspondiente que, en el pasado, ni el gobierno nacional ni los provinciales han cumplimentado.

En definitiva, el proyecto tiene la virtud de colocar el tema educativo en la agenda pública y tal logro debería aprovecharse para tomar conciencia de que, en un país desigual, debe exigirse un Estado riguroso y capaz de otorgar igualdad real de oportunidades. Cambiar la ley sin atender esa realidad puede desviar el foco del verdadero drama educativo argentino. Nadie debería pasar por alto el certero diagnóstico de Sarmiento: “La educación es el arma más poderosa que puede usar un pueblo para progresar”. En tal sentido, como bien reflexionó, “no debería quedar librada al celo de los padres de familia ni a la caridad privada” tal como se recordara en el Foro de Educar 2050 antes mencionado. “Allí donde el Estado no toma a su cargo la educación común, la ignorancia se perpetúa, la desigualdad se consolida y la república se hace imposible (...) Todos los problemas son problemas de educación”. No podemos seguir haciéndonos los distraídos.