El gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS), más conocida como Ley de etiquetado frontal. Esta ley, sancionada en 2022 con una amplia mayoría en ambas cámaras, fue fruto de la colaboración de legisladores de diferentes partidos, con participación de ONGs, sociedades científicas y organismos internacionales. La norma obliga, entre otras cosas, a las empresas productoras e importadoras de alimentos envasados a rotular los envases con octógonos que indiquen el exceso de nutrientes críticos como azúcar, sal, grasas y calorías, así como la presencia de edulcorantes y cafeína, entre otras directrices. El proyecto de ley oficial propone eliminar por completo el esquema de octógonos negros y las restricciones de marketing dirigidas a los niños.
El etiquetado frontal de advertencia (EFA) es una herramienta clara y sencilla para informar a los consumidores sobre opciones saludables al momento de comprar alimentos o bebidas. Pero no es sólo eso, también regula la promoción del marketing a los niños y promueve los entornos escolares saludables.
Nuestra sociedad, en su conjunto, reconoce al sobrepeso y la obesidad asociados a la malnutrición como problemas de salud que aumentan las chances de enfermedades crónicas, las que representan más de 70% de la carga de enfermedad en la Argentina. Hay sobrada evidencia de que el EFA es efectivo para modificar las decisiones en el punto de compra, y ya se está implementando en países de Latinoamérica, como Chile, Brasil, Uruguay, Perú y México, y del mundo, como Canadá, Corea del Sur, Israel y Nueva Zelanda, entre otros. En países europeos como Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido , el etiquetado es voluntario, pero estos países no tienen la epidemia de obesidad que padecemos en nuestra región.
Entre sus considerandos, el proyecto de ley del gobierno dice, sin ninguna evidencia o dato, que: 1) “Los sellos no han logrado informar de manera clara y exitosa los objetivos de la ley” . Si bien no se conoce el impacto sobre las ventas de los productos con sellos de advertencia y sus reemplazos luego de promulgada la ley, hay varios estudios recientes (Ministerio de Salud 2023 y FIC-Unicef 2024), basados en encuestas de opinión a consumidores de diferentes edades y niveles socioeconómicos, que señalan un acuerdo mayoritario con el objeto de la norma y un cambio en sus decisiones de compra hacia productos más saludables. 2) “Además, genera dificultades para reformular los productos alimenticios y que sean más saludables”. Muchas grandes empresas alimentarias en la Argentina ya han reformulado sus productos para hacerlos más saludables. El caso más conocido es Danone, con su postre “Serenito”. 3) “Resta competitividad a nuestros productos de exportación, a la vez que encarece los productos alimenticios importados, resultando en un mayor costo para los consumidores”. Hay evidencia de que los costos del reetiquetado por cambios normativos son inferiores a los costos por relanzamiento o rediseño del producto, estrategias habituales de marketing. El EFA no reduce la demanda general de productos, sino que promueve la sustitución de aquellos con sellos por otros más saludables ofertados dentro del mismo sector. 4) “En cuanto a la inversión, la rigidez de la legislación argentina desincentiva la instalación de plantas de producción destinadas a abastecer a toda la región, lo que favorece a países con marcos regulatorios más flexibles y menos costosos.”. Como señalé anteriormente, cada vez más países adoptan el etiquetado frontal de advertencia para promover hábitos alimentarios más saludables, por lo que es bueno que nuestras empresas se adapten a este cambio global.
La malnutrición infantil por exceso, sobrepeso y obesidad, afecta hoy a más de la mitad de los niños del país; paradójicamente, en una Argentina donde más de la mitad de esa misma población vive en la pobreza
Entre quienes se oponen a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable se destacan la industria alimentaria -encabezada por la influyente Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal)- y las provincias azucareras del NOA. A estos actores se les suman, con frecuencia, funcionarios del área de producción y comercio que terminan alineados con los intereses sectoriales, fenómeno que la literatura especializada denomina “captura regulatoria”. Este problema no es exclusivo de las áreas económicas: lamentablemente pareciera que también alcanza a las autoridades sanitarias.
La malnutrición infantil por exceso, sobrepeso y obesidad, afecta hoy a más de la mitad de los niños del país; paradójicamente, en una Argentina donde más de la mitad de esa misma población vive en la pobreza. Se trata del problema de salud pública que tendrá el mayor impacto en nuestras posibilidades de desarrollo en las próximas décadas. Los niños que hoy no reciben una alimentación adecuada no solo enfrentan un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en la adultez: también verán comprometidas sus oportunidades educativas, su inserción laboral y su capacidad de contribuir al desarrollo del país. La ecuación es conocida, pero no por eso menos urgente: la pobreza enferma y la enfermedad reproduce la pobreza.