La insólita coartada de un abogado con antecedentes narco: dijo que lo habían emboscado, pero quedó imputado por trasladar 32 kilos de cocaína

Un abogado bonaerense de 56 años, que ya tiene una condena a cuatro años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes, fue imputado por el traslado de más de 32 kilos de cocaína h...

Un abogado bonaerense de 56 años, que ya tiene una condena a cuatro años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes, fue imputado por el traslado de más de 32 kilos de cocaína hallados en una camioneta abandonada en Salta y deberá permanecer detenido en prisión preventiva al menos durante un mes.

Pero lo que más sorprendió fue la coartada con la que intentó explicar qué hacía en la zona y por qué terminó junto a uno de los vehículos vinculados con el cargamento: el hombre sostuvo que había sido víctima de un secuestro relacionado con un supuesto ajuste de cuentas por un negocio inmobiliario frustrado.

Según su versión, cinco hombres armados y encapuchados lo golpearon, lo amenazaron de muerte y, finalmente, lo abandonaron cerca de un río. La fiscalía, sin embargo, advirtió contradicciones en su reconstrucción de los hechos, y la Justicia rechazó los planteos de su defensa.

El acusado, identificado como Darío Gabriel Graff, es oriundo de Haedo, en el partido bonaerense de Morón. La imputación por transporte de estupefacientes fue formalizada por el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, durante una audiencia ante la jueza federal de garantías de Tartagal, Ivana Hernández. La magistrada dispuso inicialmente la prisión preventiva por 30 días, una decisión que luego fue impugnada por la defensa, pero que terminó confirmada por la Sala II de Revisión.

La investigación comenzó el sábado 3 de octubre, alrededor de las 15.30, cuando una mujer que trabaja en la vía pública alertó al servicio de emergencias 911 sobre un episodio con armas de fuego en la intersección de Alvear y Alberdi, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Según su testimonio, varias personas que se desplazaban en una camioneta de alta gama habían interceptado a un hombre armado, lo habían obligado a subir a otro vehículo y se habían dirigido hacia la ruta nacional 50.

El centro de monitoreo de las cámaras de seguridad aportó el detalle de ambos vehículos involucrados: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado. A partir de esa información, efectivos policiales iniciaron un seguimiento que los llevó a la ruta provincial 18, en dirección a Isla de Cañas. Al ingresar por un camino alternativo que conduce a un río de la zona, encontraron la Amarok con el motor en marcha y las puertas abiertas. En el asiento trasero había dos bultos con paquetes que luego se identificó que contenían cocaína.

Tres minutos después, según la reconstrucción incorporada a la investigación, los policías observaron la llegada de la Toyota Prado, que provenía de la zona del río. La conducía el abogado bonaerense, quien fue detenido. En ese vehículo se secuestraron dos teléfonos celulares y los investigadores advirtieron un corte en el piso, a la altura del tanque de combustible.

Con autorización judicial, los efectivos requisaron la Amarok y los bultos encontrados en su interior. El procedimiento permitió establecer que contenían más de 32 kilos de cocaína, distribuida en bloques de un ancho menor al habitual, aparentemente cortados por la mitad. El hallazgo y la presencia del abogado al volante de la segunda camioneta se convirtieron en elementos centrales de la hipótesis de la fiscalía.

Los 70.000 dólares y el supuesto secuestro

Al momento de efectuar su descargo, el acusado sostuvo que viajaba desde hacía años a Orán y a Aguas Blancas y que cruzaba a Bolivia para comprar teléfonos celulares y otros productos que luego revendía. Sobre su presencia en la zona el 3 de octubre, explicó que tenía previsto visitar a una persona alojada en el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes, aunque antes había decidido adquirir mercadería para su actividad comercial.

La explicación más llamativa llegó cuando intentó vincular lo sucedido con una operación inmobiliaria que, según dijo, había derivado en un conflicto personal. De acuerdo con su relato, un conocido del lado boliviano de Bermejo quería comprar una casa de tres pisos en el barrio porteño de Liniers y le había encargado una gestión legal para asumir la posesión del inmueble.

La operación, según la versión del abogado, contemplaba un pago de 70.000 dólares. Sin embargo, la persona que trasladaba el dinero habría sufrido un robo y el supuesto comprador lo responsabilizó por lo ocurrido. A partir de ese episodio, aseguró, recibió amenazas y le advirtieron que no volviera a Orán.

Graff relacionó ese conflicto con el episodio denunciado ante el 911. Afirmó que cinco hombres armados y encapuchados lo habían interceptado, golpeado y amenazado con matarlo y arrojarlo al río. También dijo que sus captores habían amenazado con incendiar su camioneta mientras él permanecía en su interior. Según su versión, finalmente cruzaron el río y se marcharon sin explicar por qué lo dejaban con vida.

La fiscalía cuestionó esa reconstrucción y señaló que el relato presentaba contradicciones en distintos tramos del recorrido y en la descripción de lo ocurrido cerca del lugar donde apareció la droga. Al fundamentar la imputación, además, sostuvo que el acusado había procurado desvincularse del cargamento sin brindar explicaciones que permitieran aclarar su presencia en la escena.

El prontuario judicial del abogado fue otro de los argumentos considerados por la fiscalía. En 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por transporte de estupefacientes. Esa sentencia todavía no está firme: la defensa presentó un recurso de queja que se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El episodio por el que recibió esa condena ocurrió el 4 de julio de 2022, cuando fue detenido luego de que se encontraron cuatro kilos de cocaína en el sector del motor del vehículo que conducía. En esa investigación se estableció que había estado en Orán cinco días antes y que incluso había tramitado allí un carnet de conducir. Esos elementos fueron considerados para sostener la hipótesis de que el estupefaciente había sido trasladado desde el norte del país hasta Neuquén.

La coincidencia geográfica entre aquel antecedente y la causa actual fue destacada por los investigadores, aunque ambos expedientes corresponden a hechos diferentes.

El nombre de Graff también aparece en la información sobre la causa conocida como Bobinas Blancas, uno de los grandes decomisos de cocaína de 2017, cuando se incautaron cerca de dos toneladas de droga que tenían como destino Canadá.

En el juicio realizado en 2021 ante la Justicia Federal de Campana, el abogado actuó como defensor de los mexicanos Gilberto, Jesús y Max Rodríguez Córdova.