La factura impagable de Trump: exigen US$1 millón a una migrante latina por ignorar su orden de deportación
El presidente de Estados Unidos, ...
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su ofensiva versus la inmigración ilegal y, en una nueva medida, presentó una demanda contra una migrante que ignoró su orden de deportación. La particularidad del caso reside en que exigió casi 1 millón de dólares. Para llegar a ese número, el gobierno sumó la multa diaria de US$998 por cada día que pasó desde que se le adjudicó la orden.
Exigen US$1 millón a una migrante latina por ignorar su orden de deportaciónPresentada la semana pasada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Richmond, la demanda apunta contra Marta Alicia Ramírez Veliz. Según el texto, la mujer evitó salir del país durante tres años luego de que en 2022 un panel de apelaciones del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) fallara en su contra en un caso de inmigración.
Por este motivo, la administración Trump exige el pago de US$941.114 más intereses. Para llegar al número, los funcionarios impusieron una multa de US$998 por cada día que pasó entre que la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó la apelación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le envió una factura formal en abril, informó Politico.
El documento de la demanda describe a Ramírez Veliz como ”una persona no ciudadana residente en el condado de Chesterfield, Virginia". No especifica su nacionalidad ni los argumentos legales que presentó contra su deportación.
Presión contra inmigrantes: las multas del gobierno de Trump por ignorar la orden de deportaciónEl caso de Ramírez Veliz es uno de los más extremos, y según abogados que impugnan la medida, comprende la cifra más alta solicitada hasta el momento.
La semana pasada, la administración Trump presentó una demanda contra un hombre que reside en Florida en la que le exigió el pago de US$717 mil por no salir del país. Otros casos similares contra migrantes tuvieron lugar en California y Texas, con cifras que van desde US$3000 hasta US$292 mil.
Las sanciones económicas forman parte de la estrategia del gobierno de Trump para presionar a los migrantes con el objetivo de que abandonen el país de manera voluntaria. Si bien el presidente Bill Clinton firmó en 1996 una ley que autorizó sanciones civiles para los inmigrantes que no se marcharan del país, la norma fue implementada por primera vez de forma significativa en 2018.
Bajo el gobierno de Joe Biden, las multas dejaron de aplicarse. En 2025, como parte de su ofensiva contra la inmigración ilegal, la administración Trump reactivó y amplió el uso de estas multas. En la actualización, incluyó la sanción de US$998 diarios para quienes ignoran deliberadamente una orden de deportación final.
No obstante, desde que se comenzaron a aplicar las multas no se registró un monto tan alto como el de US$1 millón que se le exige a Ramírez Veliz.
De acuerdo con Politico, un estatuto de limitaciones que se aplica a las multas indica que un inmigrante que permanece en el país durante cinco años o más después de haber recibido la orden de irse podría enfrentar una multa máxima de alrededor de US$1,8 millones.
Junto con las demandas, el gobierno puede hacer cumplir las sanciones económicas a través de embargos de salario, la incautación y venta de bienes, y la intervención de cobradores de deudas privados.
Facturas impagables: las críticas de abogados a las multas por ignorar la orden de deportaciónLa política de aplicar multas por ignorar la orden de deportación recibió amplias críticas de abogados y grupos de defensores de los derechos de inmigrantes.
En julio de 2025, cuando se dio a conocer la norma actualizada, el Immigrant Legal Resource Center (ILRC) emitió un comunicado en el que calificó las sanciones como “inconstitucionales”, para lo que citó la prohibición de la Octava Enmienda sobre sanciones excesivas que “devastan a familias y comunidades”.
Además, según el ILRC, la norma también priva a los inmigrantes de protecciones clave del debido proceso al recortar los derechos de apelación, acortar los tiempos de respuesta y mantener las revisiones completamente dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en lugar de un tribunal independiente.
Al respecto, Charles Moore, abogado de la organización de derecho de interés público Public Justice, indicó que nunca había escuchado de una cifra tan alta como la que se le adjudicó a Ramírez Veliz, y cuestionó la aplicación de las multas a los inmigrantes.
Según Moore, las facturas se dirigen, en general, a inmigrantes que se encargaron de mantener sus direcciones actualizadas e intentar cumplir con el proceso migratorio. “Son personas que han estado interactuando con el sistema intentando obtener un estatus legal mediante el procedimiento adecuado. Parece que muchas de las personas en esta situación reciben estas multas”, expresó.
A su vez, los defensores de los derechos de los migrantes sostienen que las multas son exageradas debido a que muchas de las personas que las reciben trabajan por el sueldo mínimo.
