Justicia que no protege a los niños

En nombre del interés superior del niño se pueden y deben tomar medidas urgentes en la esfera judicial que procuren resguardar la integridad psicofísica de los menores de edad. Pero cuando ese p...

En nombre del interés superior del niño se pueden y deben tomar medidas urgentes en la esfera judicial que procuren resguardar la integridad psicofísica de los menores de edad. Pero cuando ese principio se invoca de modo distorsionado –como cobertura para denuncias fabricadas, procesos sin prueba o intervenciones profesionales sin control– el resultado no es la protección de la infancia sino su revictimización. Recientemente tomó estado público un caso paradigmático: un padre fue acusado por su expareja, a través del testimonio de su hijo menor, por un supuesto abuso sexual. Estuvo más de tres años privado de su libertad. Solo en el juicio oral el niño –ya adolescente– reconoció que la denuncia era falsa y que había sido inducido por su madre. La causa terminó con la absolución del imputado y la consternación de toda la sociedad jurídica. No es un hecho aislado. Desde hace un tiempo emergió un patrón preocupante: ciertos operadores del sistema –abogados, peritos, psicólogos– actúan coordinadamente para fabricar pruebas, manipular relatos y activar medidas judiciales que, lejos de proteger a los menores, los convierten en rehenes procesales.

Detrás de estas maniobras hay un triple fracaso: un sistema judicial que actúa con laxitud, profesionales que traicionan su mandato ético y un vacío institucional que permite que los niños sean usados como piezas de un ajedrez parental. Hay un patrón que se repite: la intervención del abogado no se limita a patrocinar a una parte. En estos casos, su rol se vuelve funcional a la generación de escenarios penales artificiales: se impulsa la denuncia, se confeccionan informes psicológicos fuera del ámbito judicial, se eligen peritos afines y se logra la exclusión inmediata del progenitor del hogar familiar. La cautelar se convierte en una condena anticipada sin sentencia. Pero esto no ocurre solo por acción del abogado. Hay peritos psicólogos o psiquiatras que, operando al margen de la supervisión judicial, inducen respuestas en los menores, validan relatos sin respaldo clínico o intervienen con criterios ideológicos antes que técnicos. Esto sucede mientras el sistema judicial –colapsado– reacciona con burocracia o temor. La presunción de inocencia, el debido proceso y la necesidad de prueba idónea parecen excepciones cuando se trata de denuncias de abuso en el marco de conflictos familiares. El sesgo de género, el miedo institucional a “no actuar a tiempo” y el uso político de las estadísticas hacen que se priorice la cautela sobre la veracidad.

Así, se dictan restricciones de contacto sin que el progenitor pueda ofrecer prueba; se suspenden regímenes de visitas sin evaluación pericial independiente; se ordenan tratamientos terapéuticos obligatorios cuando lo que debiera hacerse es investigar la manipulación del menor. La paradoja es brutal: el sistema que debe proteger al niño se transforma en una máquina que lo arranca de su entorno, lo expone, lo pone a declarar repetidas veces y, en muchos casos, lo aleja injustamente de su padre. Cuando una denuncia falsa se cae –y el niño, años después, confiesa que mintió– no hay sistema que repare lo destruido. No hay restitución automática del vínculo ni sanción para el profesional que armó la maniobra. Y, peor, no hay institución que le explique al menor que fue manipulado por los adultos en los que debía confiar. Peor que el abuso es la banalización del abuso. Convertirlo en una herramienta litigiosa degrada su gravedad y trivializa el dolor de las verdaderas víctimas. No se trata de impedir que se denuncie, sino de que las denuncias se investiguen con seriedad, pruebas, respeto por el debido proceso. Y, sobre todo, que los niños no sean usados para dirimir odios, venganzas o intereses patrimoniales.

Las reformas necesarias no pueden seguir postergándose: auditoría técnica externa a peritos y psicólogos que intervienen en causas de familia y abuso; protocolo obligatorio para validar la palabra del menor, con intervención interdisciplinaria; régimen sancionatorio claro para los profesionales que promuevan denuncias sin prueba; registro de causas cerradas por falsedad, para evitar reincidencias en las mismas estrategias. La Argentina necesita un sistema judicial que no tema investigar ni castigar el uso espurio del proceso. Porque el verdadero interés superior del niño es ser protegido de la manipulación de los adultos y también del sistema.

Abogado, presidente del Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia)