Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
En el debate del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados -presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch-, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el...
En el debate del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados -presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch-, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron los lineamientos del área y defendieron la gestión del Gobierno en materia educativa. Ambos volvieron a justificar la decisión de no aplicar la ley de financiamiento universitario, insistida por el Congreso tras el veto de Javier Milei, bajo el argumento de que los legisladores no definieron cómo se financiará.
“No podemos cumplir cosas de imposible cumplimiento”, advirtió Álvarez, quien ironizó: “Sería divertidísimo. Había un partido de izquierda que decía que todos cobremos dos millones de pesos. Este gobierno tiene un grado de responsabilidad que no tuvieron los anteriores, con la no emisión”. Según detalló, el presupuesto para 2026 será de $4,8 billones, un aumento del 14% respecto del ejecutado este año, y el incremento salarial “se financiará con el aumento de la actividad económica”.
El resultado de las elecciones nacionales del domingo no solo dejó un contundente triunfo para La Libertad Avanza. También dio un nuevo impulso a las internas de Pro, un aliado intermitente que confluyó con el sello violeta en algunas provincias y lo enfrentó en otras. En la ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos donde alcanzó un acuerdo con el partido de Javier Milei, la victoria libertaria reavivó las discusiones sobre el futuro del partido y los pases de factura contra quienes se opusieron a esa confluencia.
La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, fue la encargada de punzar la grieta al interior de su espacio. En un extenso posteo en el que celebró el triunfo libertario del domingo, sostuvo que el resultado electoral reflejó un claro rechazo al pasado y lanzó fuertes críticas hacia un sector de su propio partido.
El 17 de diciembre de 2023, con apenas una semana en el poder y antes de que Javier Milei y Federico Sturzenegger anunciaran por cadena nacional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el Gobierno recurrió al sector privado para asesorarse y definir los alcances y la letra chica de la reforma laboral. Del aporte de ideas participaron estudios jurídicos especializados en derecho laboral que comulgan con el oficialismo y que sugirieron reducir cálculos indemnizatorios, limitar el derecho a huelga y contar con más facilidades para emplear y despedir personal. Entre esos asesores ad honorem estaba también Julio Cordero, hoy secretario de Trabajo aunque en ese entonces contratado a sueldo en Finma SA, una financiera ligada a Techint, donde se desempeñó durante 35 años en el equipo de legales.
Un funcionario de peso del gabinete y el propio Cordero reconocieron a LA NACION que el capítulo IV del DNU 70/23 se elaboró con aportes de especialistas del sector privado, convocados por Miguel Ángel Punte, exnúmero dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint.
