Investigadores en historia y legisladores opositores, en contra del traspaso del sable corvo de San Martín a Granaderos

Crece el debate sobre el ...

Crece el debate sobre el traspaso del sable corvo del general San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, que se formalizará el sábado 7 de febrero a la tarde, luego de una carga de caballería, en el Campo de la Gloria en la localidad de San Lorenzo, donde el 3 de febrero de 1813 tuvo lugar la histórica batalla, cuando San Martín aún era coronel. La reliquia, que se presume será trasladada desde el Regimiento de Granaderos a la provincia de Sante Fe para el acto oficial, mide 94,8 centímetros (incluyendo la empuñadura) y pesa 910 gramos; la vaina de cuero pesa 680 gramos y el ancho de la hoja es de 27 milímetros. Trascendió que este sábado sería retirada del Museo Histórico Nacional (MHN, Defensa 1600).

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Para el Gobierno, la reliquia estará mejor protegida en el Regimiento de Granaderos a Caballo que en el MHN (de donde fue sustraída en dos ocasiones, en 1963 y en 1965, por integrantes de la juventud y la resistencia peronista, respectivamente); además, consideran que es justo “devolverles a los suyos lo que es propio”. En 2025, el Presidente fue designado “granadero honorífico” y recibió un uniforme de granadero; mediante una disposición administrativa, que se puede interpretar en clave política, el primer mandatario desató una inesperada “sablecorvomanía”. Antes de morir, San Martín legó el sable al gobernador Juan Manuel de Rosas que lo recibió en 1857, exiliado en Southampton. La familia Rosas-Terrero lo donó al MHN en 1896, como consta en una carta enviada a Adolfo Carranza, el fundador del museo.

Este jueves, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (ASAiH) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno, que aún no ha sido formalizada mediante un decreto que “mataría” (simbólicamente hablando) el decreto de 2015 firmado por Cristina Kircher, que hizo mudar el sable corvo de Granaderos al MHN.

“Por un lado, la disposición contraviene el decreto presidencial de 1897, que acepta la donación de la reliquia a la Nación Argentina por parte de sus últimos poseedores y establece como destino el Museo Histórico Nacional, institución pública, civil y abierta a la ciudadanía -se indica en el comunicado de la ASAiH, que preside la historiadora Beatriz Bragoni-. En 1967, durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, el sable fue dado en custodia al Regimiento de Granaderos y en 2015 un nuevo decreto presidencial lo restituyó al MHN. Por otro, desconoce el valor patrimonial, histórico y simbólico que implica su preservación y exhibición en el MHN, con condiciones de conservación y acceso al público garantizados; el sable se exhibe en un recinto especial y goza de custodia permanente de granaderos”.

“La ASAiH advierte que esta medida representa un grave antecedente en materia de protección de patrimonio histórico, al subordinar criterios museológicos a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, y llama a su inmediata revisión”, confían.

LA NACION tuvo acceso al proyecto de resolución de la diputada nacional Lorena Pokoik, de Unión por la Patria (UP), que también manifiesta su rechazo ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. El escrito, con la firma de varios diputados opositores, reafirma que el sable corvo de San Martín “constituye un bien de valor histórico, simbólico y patrimonial excepcional” y sostiene que el MHN “es el ámbito institucional específico y natural para la custodia patrimonial, la conservación científica, la investigación, la exhibición pública y la función educativa de los bienes históricos nacionales”.

Para los diputados que firman la resolución, la decisión de retirar el sable corvo del MHN implica un apartamiento del “la política patrimonial adoptada por el Estado argentino, en tanto desplaza un bien cultural de máxima significación desde un ámbito civil especializado, destinado por su naturaleza a la conservación y exhibición pública, hacia un ámbito cuya función principal no es museológica, con el consiguiente impacto sobre el acceso ciudadano, la función educativa y la inserción del objeto en el sistema nacional de patrimonio cultural”.

Varios historiadores y patrimonialistas señalaron a este diario la incongruencia de “separar” el sable corvo de otros bienes históricos sanmartinianos que están en el MHN. Si se lleva a cabo, la medida del Gobierno desconocería “el rol específico de las instituciones museológicas nacionales como garantes de la preservación científica, la contextualización histórica y la disponibilidad pública permanente de los bienes culturales”, al subordinar dichos principios “a consideraciones ajenas a la lógica patrimonial que debe regir la administración de objetos de valor excepcional para la memoria colectiva”, alerta la resolución.

Por último, se exhorta al Poder Ejecutivo a “dejar sin efecto la decisión anunciada de trasladar el sable corvo”, además de solicitar que se remita a la Cámara de Diputados “un informe circunstanciado sobre los fundamentos históricos, jurídicos, culturales y técnicos” de la iniciativa.

La resolución, que aún no fue aprobada por la Cámara, lleva la firma de Pokoik, Eduardo Valdés, Agustín Rossi (exministro de Defensa), María Teresa García, Roxana Monzón, Nancy Sand, Blanca Osuna, Andrea Freites, Carlos Castagneto, Martín Aveiro, Ernesto Alí, Hilda Aguirre, Pablo Todero, Varinia Marín y Jorge Araujo Hernández.

Está acompañada por una carta dirigida al presidente Javier Milei. “No se trata simplemente de un arma, sino de una reliquia cargada de significación política, cultural y simbólica, asociada a la conducción estratégica del Ejército de los Andes, al cruce de la Cordillera, a las batallas decisivas por la independencia y al ideario de libertad y soberanía que encarnó el Libertador”, indican los diputados en la misiva.

Defienden el decreto de la presidenta Kirchner, de 2015. “Al disponer la exhibición permanente del sable en el Museo Histórico Nacional, manteniendo a la vez la custodia a cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’, el Estado argentino estableció un criterio institucional que articuló adecuadamente la dimensión histórica y simbólica de la unidad sanmartiniana con la función patrimonial y museológica propia de una institución cultural pública. Ese esquema permitió garantizar, simultáneamente, preservación especializada, seguridad, acceso ciudadano y continuidad de la función educativa”.

Los diputados opositores interpretan la medida libertaria como “un retroceso en términos de política patrimonial, en tanto desdibuja el rol del Museo Histórico Nacional como custodio civil del acervo histórico y afecta la concepción del patrimonio como bien común, accesible y contextualizado en instituciones culturales abiertas”.