Intelectuales, juristas, artistas y ambientalistas firman una solicitada en defensa de la ley nacional de glaciares

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Por iniciativa de la filósofa y activista Maristella Svampa, el abogado ambientalista Enrique Viale y la agrupación Mirá Socioambiental, el jueves pasado se lanzó una solicitada en rechazo de las modificaciones que el Gobierno y sus aliados impulsan en la ley nacional de glaciares que protege las principales reservas de agua dulce de la Argentina y es clave para el cuidado de las cuencas hídricas y la vida de las comunidades. En solo un día, recogieron casi nueve mil firmas.

No obstante, a partir del viernes a la noche, por una denuncia anónima, Google bloqueó el acceso para firmar el formulario y envió a Svampa un mensaje por mail: “Es posible que tu archivo infrinja los Términos del Servicio de Google Drive”. En el acto, la ensayista pidió la revisión del bloqueo, que demanda 48 horas por parte de la empresa tecnológica. “He motorizado muchísimas campañas y esta es la primera vez que sucede algo así”, dice a LA NACION Svampa, y anticipa que el reclamo en defensa de los glaciares avanzará en el plano internacional.

Está previsto que el proyecto del oficialismo se trate a inicios de febrero en el Senado.

Entre quienes firman la solicitada en rechazo del “grave retroceso ambiental” que habilitaría “la destrucción de glaciares y del ambiente periglacial”, aparecen r​econocidas figuras del ámbito jurídico y de la cultura, el pensamiento y el arte como Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Aboaf, Lucrecia Martel, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Mercedes Morán, Tomas Saraceno, Verónica Lozano, Darío Sztajnszrajber, Selva Almada, Maitena, Marcelo Piñeyro, Erica Rivas, Luisa Valenzuela, Julieta Zylberberg, Rita Segato, Liliana Felipe, Pablo Alabarces, Graciela Speranza, Daniel Sabsay, Flavia Broffoni, Verónica Gago, María Inés Krimer y Mario Pecheny.

También apoyan el llamado de atención Florencia Abatte, Cora Gamarnik, Rubén Lo Vuolo, Cristian Alarcón, Liliana López Foresi, Abel Gilbert, Carla Maliandi, Flavia Costa, Gabriel Kessler, Lorena Vega, Elisa Carricajo, Liliana Ancalao, Quique Pessoa, Andrea Giunta, Moira Millán, María Sonia Cristoff, Alejandro Grimson, Juan Carlos Kreimer, Ana Ojeda, María Laura Pérez Gras y Esteban Buch, entre muchos otros.

La carta pública enumera diez razones para rechazar las modificaciones a ley aprobada en 2010 que, expresa, “ha sido y continúa siendo un hito fundamental para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera”.

“Es una ley nacional, de presupuestos mínimos, que rige para todo el país, sin distinción de límites provinciales, que defiende nuestras reservas de agua y también todas las funciones ambientales de los glaciares. En su artículo 6 prohíbe diversas actividades (no solo la minería, sino también la explotación de hidrocarburos) en una muy pequeña porción del territorio argentino -señala-. A escala nacional, puede estimarse que la ley solo protege en torno al 1% del territorio argentino entre glaciares y ambiente periglacial”.

Se recuerda que ley “apunta a preservar las cuencas hídricas” y que “no constituye un obstáculo al desarrollo económico sino un límite razonable, constitucional y técnicamente fundado para proteger bienes comunes estratégicos y fundamentales para la vida, pero también para la producción y la seguridad hídrica de las poblaciones locales”.

Para los firmantes, el proyecto de reforma del gobierno representa “un gravísimo e inaceptable retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, de retracción acelerada de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país”.

Denuncian que por el modo en que está redactado, “todos los glaciares podrían ser destruidos”. “Porque la reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional -aducen-. Mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas”.

El proyecto oficial elimina la prohibición expresa de realizar actividad minera sobre el ambiente periglacial. “Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar. El ambiente periglaciar no solo contienen glaciares que no vemos a simple vista (glaciares de escombros), sino también suelos congelados o permafrost, que son reguladores hídricos, y cuya importancia es crucial en tiempos de cambio climático y estrés hídrico”, explica el comunicado.

Se asegura que el proyecto del Gobierno vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, “al debilitar la única norma que pone un límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos”, y que se “invoca falsamente” al federalismo con el objetivo de licuar las responsabilidades del Estado nacional en el cuidado de las cuencas hídricas.

“Una vez destruido un glaciar, no hay ninguna posibilidad de recomponerlo. Su destrucción es para siempre”, remarca la solicitada. “En 2025, el año internacional de la conservación de los glaciares, llamamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las comunidades, al periodismo y a los representantes legislativos a defender la ley de glaciares tal cual está, sin modificaciones, y a impedir cualquier retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua de la Argentina”.

Y concluye: “Desde la sociedad civil rechazamos la modificación de la Ley Nacional de glaciares hoy vigente. Cualquier intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional. Así lo establece el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (ley 27.566), tratado regional con jerarquía superior a las leyes: la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente desde las perspectivas de su alcance y amplitud”.