Glaciares, minería y recursos hídricos: las claves de la modificación que se discute en el Senado

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Hoy el Senado podría aprobar la modificación de la Ley 26.639 sobre el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. En términos generales, la norma protege los casi 17.000 cuerpos de hielo que existen en la Argentina y fue sancionada en 2010 ante su pérdida gradual, atribuida entonces al calentamiento de la atmósfera derivado de la crisis climática. Desde el inicio de la administración libertaria, el oficialismo impulsa cambios con el argumento de que la ley frena el desarrollo de industrias claves, en particular la minería.

El debate abre una serie de preguntas: ¿Es tan importante proteger estos cuerpos de hielo? ¿La minería es incompatible con este nivel de protección? ¿Cuál sería el impacto en los recursos hídricos del país?

La ley vigente busca preservar tanto los glaciares como el ambiente periglacial. Los considera reservas estratégicas de recursos hídricos “para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”.

En su artículo 6°, se prohíbe la liberación o disposición de sustancias contaminantes, la construcción de obras que no tengan objetivo científico, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias.

El artículo 2° define como glaciar a toda masa de hielo perenne estable o de lento desplazamiento, con o sin agua intersticial, formada por recristalización de nieve, cualquiera sea su forma, dimensión o estado de conservación. Estos cuerpos están registrados en el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), organismo científico integrado por expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que identifica, mide y monitorea los cuerpos de hielo del territorio nacional.

El ambiente glacial no se compone solo de las grandes masas blancas visibles en la Cordillera de los Andes. En el país se identificaron casi 17.000 glaciares descubiertos y de escombro, la mayoría pertenecientes a este último tipo. Los primeros son los más reconocibles, como los que se observan en El Chaltén o El Calafate. Sin embargo, la mayoría corresponde a glaciares de escombro, categoría incluida por el Ianigla en el inventario nacional.

Estos pueden estar cubiertos o semicubiertos por sedimentos, o ser de menor tamaño. Se distribuyen desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con mayor concentración en la región de Cuyo. Para los especialistas, todos constituyen una fuente relevante de agua.

En conjunto, los cuerpos de hielo abastecen de agua a gran parte del país. Según la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, 36 de las 96 cuencas hídricas argentinas dependen en buena medida de estas geoformas. En ellas se asientan unas 1800 localidades con más de siete millones de habitantes. No hay un cálculo individual del aporte hídrico por parte de las instituciones científicas hasta ahora.

El aporte de agua varía según el año. Lucas Ruiz, glaciólogo que trabajó en el Ianigla, explicó hace unos meses que en períodos de lluvias y nevadas abundantes pueden representar apenas el 10% del caudal de un río, pero en contextos de sequía ese porcentaje puede alcanzar el 60%.

Además, el Ianigla reportó un retroceso de los glaciares argentinos. La última actualización del inventario nacional registró en los Andes desérticos una reducción del 17% del hielo descubierto y del 23% de los manchones de nieve.

Un relevamiento reciente de LA NACION con datos oficiales indicó que, de los 325 proyectos mineros en carpeta, tres –los más próximos a operar– se verían beneficiados de inmediato con la reforma. Si se incluyen los que están en etapa de exploración y se pondera su viabilidad, el número asciende a siete, aunque fuentes señalaron que podrían sumarse más. Algunos figuran entre los más rentables del país e incluso del mundo. El mayor conflicto gira en torno del cobre, con proyectos concentrados en San Juan y Mendoza.

En un informe publicado a fines del año pasado, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem), destacó cinco proyectos elegibles para el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por su magnitud. Mencionó Los Azules (cobre, San Juan), Rincón (litio, Catamarca), El Pachón (cobre, San Juan), Agua Rica (cobre, Catamarca) y Vicuña (cobre, San Juan), que supera los US$17.000 millones. En particular, Josemaría –parte de Vicuña–, Los Azules y El Pachón atraviesan o están próximos a glaciares de escombro y son de los más avanzados. Otros podrían desarrollarse sin modificar la ley.

Leonardo Pflüger, exdirector nacional de Producción Minera Sustentable, argumentó en una publicación de LA NACION que la ley representa una limitación, pero sostuvo que no explica por sí sola el estancamiento del sector en el pasado. A estos factores se suma, según Elizabeth Möhle, investigadora de Fundar, la inestabilidad macroeconómica.

Los cambios centrales se concentran en el artículo 1° y en el 3° bis. El primero establece que las provincias serían la autoridad de aplicación final para proteger glaciares y ambiente periglacial “con objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas”.

El segundo introduce un criterio según el cual los glaciares o el ambiente periglacial serán protegidos “hasta tanto” la provincia verifique la inexistencia de funciones de reserva estratégica. Así, cada jurisdicción definiría qué es relevante en términos hídricos y debería comunicarlo al Ianigla para retirar un cuerpo del inventario. De no hacerlo, podría autorizar actividades en esas zonas sobre la base de estudios propios.

Si bien no está explicitado en el texto del proyecto, la intención de esta modificación apunta hacia flexibilizar partes de la zona periglacial.

Desde el Ianigla advierten que la medida le restaría institucionalidad al organismo al habilitar criterios provinciales sin una base común. Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que se desvirtúa el carácter de presupuestos mínimos de la ley. “Es una derogación tácita”, afirmó, y recordó que los glaciares, al ser agua en estado sólido con potencial de volverse líquida, trascienden jurisdicciones. Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Jóvenes por el Clima y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas también cuestionaron la capacidad de fiscalización provincial ante proyectos mineros de gran escala.

A comienzos de año, 85 constitucionalistas enviaron una carta a la presidencia del Senado en la que alertaron que la reforma sería regresiva al reducir protecciones vigentes y vulnerar el sistema de presupuestos mínimos del artículo 41 de la Constitución Nacional.

Las organizaciones señalaron además que el principio de no regresión está respaldado por acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París. En una carta enviada al Parlamento Europeo, advirtieron que su vulneración podría afectar también el Acuerdo UE-Mercosur, que hoy se debate en paralelo.