El traspaso de la justicia laboral a la Ciudad, una pelea entre el Gobierno y la oposición que se dará en un fuero destinado a desaparecer

La secuencia del proyecto de reforma laboral, o modernización, bien puede escribirse en una agenda y esperar que suceda. Primero, segura aprobación en el Senado. Después, trámite formal para pr...

La secuencia del proyecto de reforma laboral, o modernización, bien puede escribirse en una agenda y esperar que suceda. Primero, segura aprobación en el Senado. Después, trámite formal para promulgar la ley y entonces, operatividad de la norma.

Empezará, entonces, un camino paralelo, en dos campos de juego muy distintos. En el territorio del Gobierno, avanzarán con la reglamentación de decenas de artículos, institutos y procedimientos; en la oposición y los gremios, apelarán la judicialización, ya advertida, de parte o toda la ley. Y acá surge el gran interrogante ya que esta batalla judicial se dará en gran parte en la Justicia Nacional del Trabajo, el llamado fuero laboral, un conjunto de 80 juzgados y sus 10 cámaras de apelaciones que la propia ley manda a desarmar.

Será todo un desafío para el oficialismo y la vida de la ley, ya que serán los propios jueces sentenciados a desaparecer o, por lo menos, a pasar a depender de la justicia porteña, los que tendrán las primeras palabras sobre la constitucionalidad o no de la modernización laboral.

Cuando la norma partió del Senado con su aprobación incluyó un artículo clave, el 90. Allí se incorporó como parte integrante de la ley un convenio firmado apenas unos días antes, el 9 de febrero. Ese día, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, rubricaron llamado “Acuerdo de transferencia de la función judicial en materia judicial del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”.

Se trata de un documento para traspasar las competencias judiciales en materia laboral de la Nación a la jurisdicción porteña. El texto establece un plan de transición y, además, establece la necesidad de un segundo paso: otro convenio para el traspaso de los recursos que ahora serán solventados por la administración de Jorge Macri.

La importancia del asunto es que será la Justicia, no sólo la porteña sino la de todo el país, la que decida la constitucionalidad o no de la norma que seguramente se aprobará en pocos días. Pero claro, éste fuero es la caja de resonancia más importante para estos asuntos. Y justamente, desde varios lugares apuntan a este lugar como una de las trincheras de resistencia del kirchnerismo. De hecho, la decisión de terminar con él y pasarlo a la Ciudad se fundamenta, además de las cuestiones constitucionales sobre la autonomía porteña, en el convencimiento de que esos juzgados serán remisos a cualquier cambio en el régimen actual.

El año pasado, varios funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y sus pares porteños habían iniciado una mesa de trabajo para avanzar en el traslado. Para sorpresa de los negociadores locales, en el proyecto de ley, apareció el artículo 91 y los sorprendió. “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”, decía el primer borrador de la reforma que apareció en diciembre.

En el verano, esas negociaciones se convirtieron en un acuerdo formal, como se dijo, firmado el 9 de febrero. Entonces, aquel artículo se convirtió en otro que incorporó el texto rubricado por Adorni y Tapia.

Pero, en la Ciudad está todo listo para recibir el fuero que en los últimos años se convirtió en uno de los lugares que sostuvieron el entramado legal que ahora se trata de cambiar, puntualmente desde que la familia Recalde se ocupó personalmente de cada una de las designaciones.

En aquellos borradores ya se había avanzado en el traspaso. En mayo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad llamó a concurso para empezar a tener candidatos a los juzgados. Entonces hubo 52 inscriptos y el proceso avanzó.

Ahora, el convenio que es parte de la ley que seguramente se aprobará establece un tiempo de transición hasta que el fuero esté creado. El principio general es el siguiente: las causas nuevas serán atendidas por el fuero local, mientras que los tribunales nacionales finalizarán los procesos ya iniciados.

Además de definir claramente las responsabilidades administrativas y presupuestarias de ambas jurisdicciones para garantizar la continuidad del servicio de justicia y el respeto a la autonomía porteña, el convenio especifica qué asuntos quedan excluidos de este traspaso, como los conflictos colectivos de trabajo que seguirán bajo la órbita federal. Finalmente, el acuerdo estipula el cierre progresivo de juzgados nacionales y la designación de nuevos magistrados locales para consolidar la estructura judicial de la Ciudad.

Antes de que empiecen a correr los plazos de transición, deben cumplirse tres condiciones previas. Además de la aprobación del Congreso de la Nación, también se requiere que la Legislatura porteña haga lo propio. Luego, avanzar en la firma del convenio específico de transferencia de recursos. Cumplido esto, se iniciará el plazo de 180 días. Una vez que el acuerdo entra en vigencia, el Gobierno de la Ciudad (GCBA) tiene un plazo no mayor a 180 días corridos para finalizar los procesos de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público, además de adoptar las medidas administrativas, presupuestarias y operativas para el funcionamiento del fuero porteño.

En caso de que la administración de Jorge Macri termine antes de ese tiempo deberá notificar al Estado Nacional para adelantar el traspaso formal. Recién entonces, las causas nuevas se radicarán exclusivamente en el Fuero del Trabajo porteño.

Ahora bien, la Justicia Nacional no desaparecerá entonces sino continuará tramitando exclusivamente las causas iniciadas con anterioridad a esa fecha hasta que se dicte sentencia definitiva de segunda instancia (o de primera, si queda firme). Además, intervendrá en todos los conflictos colectivos o gremiales, entre otros asuntos.

En otro párrafo se dispone que al entrar en vigencia el acuerdo se cerrarán de inmediato los juzgados nacionales que se encuentren vacantes, 30 listados en un anexo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En resumen, el hito temporal más relevante es el de los 180 días posteriores a la ratificación legislativa, momento en el cual la justicia porteña asume plenamente el ingreso de nuevos expedientes laborales.

La idea del gobierno porteño es crear inicialmente 10 juzgados laborales que empiecen a recibir todos los expedientes nuevos. Cerca del ministro Tapia, además de remarcar en la necesidad de ponerse de acuerdo con en la asignación de los recursos, pusieron el asunto en la necesidad de ver si se estipula alguna transferencia de jueces nacionales a la jurisdicción local. Es decir, abrir una suerte de “libro de pases, validación o aprobación” de la magistratura local.

Por un principio de derechos adquiridos, los jueces nacionales seguirán como magistrados. De ahí la necesidad de algún sistema de pases, para que puedan decidir qué hacer, si pasar a la Justicia local o mantenerse, además de optar por el sistema de jubilación a los que les llegue el tiempo.

La transferencia de competencias entre la justicia nacional y la porteña es un proceso que lleva 30 años y que se inauguró con la aprobación de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires y la reforma constitucional de 1994.

Sin embargo, la inclusión del artículo ya generó un fuerte rechazo entre los magistrados. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó el proyecto de ley de reforma laboral porque entienden que implícitamente deroga la vigencia del fuero laboral nacional.

En el último tiempo, el proceso de transferencia de atribuciones de la justicia nacional a la de la ciudad ya se da desde que la Corte Suprema estableció, en el fallo “Levinas”, que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es el que interviene para revisar las decisiones de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal.

Los jueces nacionales, por ahora, se han resistido aplicar este fallo porque subsume los tribunales nacionales a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. De hecho, cuando los litigantes quieren revisar las sentencias de cámaras y piden la elevación al Superior Tribunal porteño, generalmente les deniegan el recurso, una pequeña resistencia que se quiebra con un recurso en queja.

Esa trinchera judicial será el escenario de disputa entre la Nación y una parte de la oposición, gremialismo y kirchnerismo, se dará en medio del fuero con sentencia de desaparición. En el medio quedará la futura ley de modernización laboral, y los interrogantes que esa pelea irremediablemente va a generar.