El peligroso laberinto de las armas que terminan en Brasil
El perjuicio económico es un pequeño engranaje de lo que mueve la corrupción. La maquinaria es más compleja y abarca otras facetas. En la Justicia esto se ve de manera más clara, como ocurrió...
El perjuicio económico es un pequeño engranaje de lo que mueve la corrupción. La maquinaria es más compleja y abarca otras facetas. En la Justicia esto se ve de manera más clara, como ocurrió en Rosario con el exjuez federal Marcelo Bailaque, detenido actualmente en su casa, tras renunciar el 1° de julio pasado. Este exmagistrado está acusado de encubrir al jefe narco Esteban Alvarado y de cobrar coimas por 200.000 dólares a partir de una extorsión contra un financista, entre otras causas. Recién ahora empieza a verse la dimensión de las maniobras que contribuyeron a que Rosario fuera golpeada por un crecimiento del crimen organizado y una violencia extrema.
Una de esas facetas es lo que ocurrió a partir de 2011 con el robo de fusiles FAL del Batallón 603, ubicado en Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario. Se calcula que se sustrajeron 450 fusiles. Uno de ellos, según publicó LA NACION el 30 de octubre pasado, apareció entre las armas incautadas a Comando Vermelho en el sangriento enfrentamiento entre este grupo criminal y las fuerzas de seguridad en la favela Penha, en Río de Janeiro, que dejó un saldo de más de 100 muertos.
Bailaque nunca investigó el robo de estas armas del Batallón 603. Después de su renuncia, el 1° de julio pasado, aceptada por el presidente Javier Milei, esta causa fue “encontrada” por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, quien pidió el procesamiento de siete militares. En el momento en que se produjo el robo de este armamento, que según se sospecha terminó en Brasil, el ministro de Defensa era Arturo Puricelli, quien tenía una amistad con el magistrado, que vivió en la provincia de Santa Cruz, donde ocupó el cargo de juez de instrucción hasta 2008, cuando asumió como magistrado federal en Rosario.
Esa causa del robo de armas a gran escala dejó al descubierto el desmanejo que existía en áreas claves, como la defensa. Al no investigar este problema, las sustracciones de armas y municiones nunca se interrumpieron. En 2014 se detectó, como reveló LA NACION, un faltante de municiones calibre 9 mm, que, según el inventario del Ministerio de Defensa de la Nación, en ese momento a cargo de Agustín Rossi, fue de 19.600 balas de ese calibre y 800 de calibre 32. Ese caso, que se inició por una denuncia de esa cartera, terminó con el procesamiento de cinco militares.
El robo de fusiles FAL y de municiones no fue la única causa que quedó en el olvido, sin investigar, por distintas razones. Una auditoría del Ministerio de Defensa detectó en 2016 irregularidades en más de 12 millones de municiones y fulminantes en Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán, pero tres años después la Justicia Federal archivó la causa al reconocer que no se pudo establecer el destino del material bélico ni cuantificar el perjuicio al Estado. El juez a cargo de ese caso era Marcelo Bailaque. El caso expuso las contradicciones de un sistema que cerró un expediente sobre armamento sin investigar a fondo un entramado de registros paralelos, transferencias irregulares y depósitos clandestinos que la propia auditoría había calificado como “discrecional y opaco”.
Este entramado que persiste en el tiempo, acorralado por la complicidad y la impunidad, tiene hoy una gravedad mayor, porque está comprobado, según la investigación periodística que realizó este diario, que parte de ese armamento terminó en manos de los dos principales grupos criminales de América latina, como Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho.
En septiembre de 2024, uno de los blancos elegidos por el PCC era el secretario de Seguridad Pública del Estado de San Pablo, Guilherme Derrite. Este expolicía militar, que se transformó en funcionario del Partido Republicano, aliado de Jair Bolsonaro, había impulsado leyes más duras contra el crimen organizado; entre ellas, la eliminación de las llamadas “saidinhas”, las salidas transitorias de presos en fiestas de fin de año. Esto fue lo que llevó a PCC a planear su muerte.
El 2 de septiembre del año pasado, la Policía brasileña detuvo a Marcelo Adelino de Moura, conocido como China, que planeaba llevar adelante un atentado contra el funcionario. El arma que iba a usar tenía la inscripción de la “Armada Argentina”, era de calibre 7,62 milímetros y había surgido de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, situada a unos 15 kilómetros de Rosario. La ametralladora, conocida como MAG, tenía como número de serie “FN35643”. Esa ametralladora, según fuentes del Ministerio de Defensa argentino, fue dada de baja en 2010, pero no se cumplió con el protocolo establecido y nunca se destruyó. La sospecha es que la MAG se vendió a Paraguay, donde la adquirió PCC.
Esta trama muestra todo el recorrido oscuro que tuvo un arma de guerra dentro de los arsenales de las Fuerzas Armadas, y que terminó en manos del principal grupo criminal brasileño. La falta de una investigación judicial profunda provocó que el problema no tenga solución. Ese déficit exhibe también las complicidades en la justicia federal de Rosario, con el exjuez Bailaque a la cabeza, que hoy parece transitar una instancia de depuración. El crimen organizado, sobre todo con los niveles de complejidad que demuestran PCC y Comando Vermelho, encuentran estas grietas en el Estado para obtener armamento de guerra que después se utiliza en las favelas o para atentados, como se mencionó antes. El riesgo latente en la Argentina es que ese armamento empiece a circular por las bandas locales, del conurbano bonaerense o Rosario, algo que hasta ahora no se logró detectar en los golpes de grupos como Los Monos. La amenaza de que el crimen organizado aumente su poder de fuego nos llevaría a una nueva etapa que, como ocurre en Brasil, sería trágico. La Argentina está a tiempo.
