El paro de la CGT en contra de la reforma laboral tuvo un fuerte impacto por la adhesión del transporte y hubo cruces con el Gobierno

Decidida a confrontar con el Gobierno a pesar de haber ...

Decidida a confrontar con el Gobierno a pesar de haber blindado sus cajas en el proyecto de ley de reforma laboral, la CGT activó su cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei. A diferencia de las otras oportunidades, la huelga de hoy tuvo un fuerte impacto por la adhesión casi total del transporte público de pasajeros, lo que afectó a la circulación y a la actividad económica en todo el país.

La huelga se concretó en paralelo al tratamiento en la Cámara de Diputados de la iniciativa oficial para modificar la legislación laboral, cuyos ejes son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal, limitar el derecho a huelga y habilitar cambios en la jornada laboral. Si bien la CGT llamó a un paro sin movilización, hubo grupos de izquierda, piqueteros y gremios díscolos que marcharon hacia el Congreso para expresar su rechazo al plan libertario. Hubo incidentes, con choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

La jornada arrancó con algunos focos de tensión por sectores de izquierda y piqueteros que se desmarcaron de la CGT y decidieron salir a la calle. Los trabajadores despedidos de la planta de Fate cortaron por unos minutos la Panamericana, mientras que otros grupos interrupieron los accesos a la Ciudad de Buenos Aires con bloqueos en el Puente Pueyrredón y en Puente La Noria. Intervino la Gendarmería en todos los cortes hasta liberar las calles para que circulen los vehículos.

El Gobierno relativizó el impacto de la huelga con acusaciones a los sindicalistas. “El paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo. No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas. Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa, y cómo no van a tener esa imagen si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Adorni estimó una pérdida de $600 millones de dólares por la medida de fuerza y en la Casa Rosada no descartan sancionar con una multa a la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y a La Fraternidad, los gremios de colectiveros y maquinistas de tren, que no prestaron servicios a pesar de ser considerados una actividad esencia. Tampoco funcionó el transporte aeronaútico, con más de 300 vuelos suspendidos.

“Tuvo un acatamiento de más del 90% de la actividad detenida”, dijo Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Sola hizo su balance rodeado del consejo directivo en plenitud y cuestionó “la falta de diálogo” del Gobierno y caminó con pies de plomo sobre el proyecto de reforma laboral. “Por este proyecto de ley pretenden sacar 6000 millones dólares anuales que van a pasar del salario diferido de los trabajadores al sector financiero”, dijo el jefe del Sindicato del Seguro, escoltado de Cristián Jerónimo y Octavio Argüello, sus otros dos laderos en la cúpula cegetista.

“En estas 12 movilizaciones y cuatro paros hemos sido consecuentes y responsables para mantener la paz social, ante la negación del diálogo”, subrayó Sola. El paro general sirvió como una vía para descomprimir tensiones internas en el mapa sindical, ya que hubo fuertes cuestionamientos al triunvirato por la negociación que abrió con la Casa Rosada antes de que el proyecto logre su media sanción en el Senado, el 11 de febrero pasado.

“Los gobernadores son cómplices de esta traición”, apuntó Jerónimo contra los mandatarios provinciales que ordenaron a sus legisladores acompañar al oficialismo, entre ellos, muchos peronistas y hasta con raíces sindicales, como es el caso del santacruceño Claudio Vidal. El oficialismo logró el quorum en la Cámara de Diputados para abrir la sesión gracias al aporte de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca). Los sindicalistas también lanzaron advertencias contra los diputados.

La medida de fuerza de la CGT se dio en un contexto de cierre de empresas, paritarias por debajo de la inflación y el apuro oficial para sancionar la reforma laboral antes de la apertura de las sesiones ordinarias que encabezará Milei, el 1° de marzo próximo. El Presidente no estuvo en el país durante el desarrollo de la huelga. Participó en Washington del Consejo de la Paz que lanzó Donald Trump. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyó la reforma laboral, aunque pidió “mitigar los costos de transición”, en relación a los coletazos en la economía doméstica de la apertura de las importaciones.

El rechazo de los sindicatos a la reforma laboral no se mitigó a pesar de la decisión del Gobierno de eliminar del proyecto el artículo 44, que disponía descuentos salariales ante faltas por lesiones o enfermedad del trabajador. La preocupación de los gremios se centra hoy en los límites al derecho a huelga y en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado para financiar las indemnizaciones. Por ambos puntos, la CGT ya trabaja en una estrategia judicial para intentar frenar su implementación, en caso de que se convierta en ley.

En comparación con los otros tres paros, el de hoy fue el más contundente por la adhesión casi total del transporte. Fueron determinantes los aportes de los colectiveros de la UTA y de los ferroviarios. Además, se paralizó el polo agroexportador en Rosario por el cese de los portuarios, aceiteros y camioneros. Se resintió la actividad en los comercios, bancos y actividades deportivas (se suspendieron los partidos de la Liga Profesional de fútbol), aunque hubo sectores particulares y autónomos que desarrollaron su jornada con normalidad.