El juez Casanello rechazó devolver los US$82.000 que le fueron secuestrados a Diego Spagnuolo

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, para que le devuelvan los US$80.000 y 2000 euros que le secues...

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, para que le devuelvan los US$80.000 y 2000 euros que le secuestraron en una caja de seguridad, en el marco de la investigación por el direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo con sobreprecios.

Spagnuolo, indagado en la causa a la espera de que se resuelva su situación procesal, había pedido que le restituyan el dinero porque dijo que ingresó a su patrimonio antes de que él llegara a la función pública, por lo que no se podía sospechar que fuera producto de un delito.

El expresidente de Andis pidió que le devuelvan el dinero que se encontraba alojado en la caja de seguridad N° 266/4, del Banco BBVA y que se deje sin efecto el congelamiento de su caja de ahorro en pesos y cuenta corriente, así como la caja de ahorro de ese banco.

El fiscal Franco Picardi se opuso al prdido, al entender que hay medidas de prueba en curso, máxima con la sospecha de “posibles maniobras de corrupción, pago de coimas, y gestiones con sobreprecios entre la Andis y el sector privado”.

Dijo el fiscal que el dinero podría ser pasible de utilización para la cobertura de penas pecuniarias, en caso de corresponder.

El juez compartió los argumentos del fiscal, pues dijo que “resulta evidente que la devolución del dinero solicitada por Diego Orlando Spagnuolo, así como el desbloqueo de cuentas bancarias, no puede prosperar”.

“Se están llevando adelante diversas medidas de prueba en curso, siendo una de las líneas de investigación la obtención de dinero de manera indebida desde la ANDIS”, argumrntó el juez Casanello.

Y dijo que, máxime teniendo en cuenta que Spagnuolo “no había declarado dicho dinero al momento de ingresar a la función pública, en su declaración jurada inicial; y que se le ha recibido declaración indagatoria por graves sucesos de corrupción”.

Además, el magistrado expresó que “se impone adoptar medidas cautelares de naturaleza patrimonial, a fin de sujetar los bienes de los imputados que eventualmente podrían ser objeto de una acción de decomiso”.

“El dinero secuestrado podría ser instrumento o producto del delito que se investiga en autos, resultando necesario para garantizar eventuales reparaciones económicas, penas pecuniarias y decomisos”, concluyó Casanello y denegó el pedido.

Sagnuolo fue indagado por la Justicia acusado de liderar una organización que direccionaba las compras de medicamentos de alto costo para discapacitados o beneficiarios de planes sociales, con sobreprecios y cartelizando esas adquisiciones entre un grupo de droguerías.

Junto con Spagnuolo fueron indagados otros 15 sospechosos y el juez debe decidir sus situaciones procesales. El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, planteó al juez que quiere que le retornen los US$80.000 y 2.000 euros que estaban en la caja de seguridad del exfuncionario.

Este caso se inició por la difusión de audios de Spagnuolo, en los que admitía que en su organismo se compraban medicamentos con sobreprecios y dijo que se pagaban coimas que iban a manos de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei. En los audios filtrados, Spagnuolo expresaba su malestar con “los Menem” porque le habían impuesto a funcionarios del macrismo.

Incluso decía que uno de ellos, Daniel Garbellini, era un “ladrón”. Los audios, difundidos en el streaming Carnaval, cuya propiedad se adjudica al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aunque el directivo lo niega, fueron objetados por la defensa de Spagnuolo porque sostienen que son falsos y que fueron elaborados con inteligencia artificial.

La Cámara Federal ordenó peritarlos. La defensa se funda en que esos audios son falsos y argumenta que todo el proceso debe ser declarado nulo. Sin embargo, el fiscal Picardi y el juez Casanello avanzaron con la recolección de evidencias, a partir del contenido de los celulares de los sospechosos, y pudieron establecer la existencia de una organización que direccionaba las compras en beneficio de determinadas droguerías.

La causa expone lo que el fiscal define como un “entramado delictivo” montado dentro del organismo para direccionar contrataciones, manipular procesos de compra y aplicar sobreprecios sistemáticos en medicamentos e insumos críticos. Un procesamiento implicaría avanzar con las sospechas sobre los acusados para que luego la Cámara Federal revise esa decisión.