El debate presidencial: un derecho de los ciudadanos
El espacio cívico en una democracia se construye sobre la base de diversos derechos de los que gozan los ciudadanos y de distintas obligaciones que deben cumplir los representantes. Uno de esos de...
El espacio cívico en una democracia se construye sobre la base de diversos derechos de los que gozan los ciudadanos y de distintas obligaciones que deben cumplir los representantes. Uno de esos derechos ciudadanos es acceder al voto informado y para que ello ocurra, partidos políticos y candidatos tienen la obligación de proveer toda la información necesaria. Una de esas instancias contempladas por ley es el debate presidencial, una institución que garantiza a la ciudadanía el acceso directo, simultáneo y en condiciones de igualdad a las propuestas de quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la Nación.
El proyecto de Reforma electoral integral que está siendo tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado propone, en su artículo 30, sustituir íntegramente el capítulo del Código Electoral Nacional, hoy denominado “De la campaña electoral y el debate presidencial obligatorio”, reemplazándolo por uno referido únicamente a la campaña electoral.
De aprobarse esa redacción, quedarían fuera del Código los artículos que establecen la obligatoriedad, organización, realización, transmisión y autoridad de aplicación de los debates presidenciales surgidos de la ley sancionada en 2016.
Las organizaciones sociales Argentina Debate, Fundación Avina, Cippec, Club Político Argentino, Constituya, Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano y Ser Fiscal enviaron a los senadores integrantes de aquella comisión una petición con el fin de preservar las disposiciones que regulan el debate presidencial obligatorio y adecuar únicamente aquellas que hoy remiten a las PASO.
Haber recuperado la democracia no implica que hayamos aprendido a ser demócratas
Se argumentan varias razones por las cuales el debate obligatorio debe mantenerse, entre ellas, que se no se trata de un derecho de los candidatos, sino de los ciudadanos. Se expresa que el debate se convierte así en un bien público, ya que permite a la ciudadanía escuchar y comparar propuestas en un mismo espacio, bajo reglas comunes y en igualdad, lo que vale tanto para que los candidatos se expresen como para que el acceso de los ciudadanos este asegurado a partir de una transmisión pública, gratuita y federal.
Las organizaciones remarcan también que el debate fortalece la rendición de cuentas, ya que obliga a los candidatos a explicitar públicamente posiciones, prioridades y compromisos, dejando un registro que la ciudadanía puede contrastar durante el ejercicio del gobierno.
El primer debate presidencial fue organizado en 2015 por entidades de la sociedad civil nucleadas en Argentina Debate, del cual participaron los candidatos Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal). Pero Daniel Scioli (Frente para la Victoria), que lideraba las encuestas, se negó a participar. En cambio, para el debate realizado previamente al balotaje, debido al costo político que significó su negativa inicial, Scioli sí se presentó a debatir con Macri.
Esa experiencia promovió la ley que estableció el carácter obligatorio de los debates y puso en manos de la Cámara Nacional Electoral su organización, tal como sucedió en las elecciones de 2019 y 2023.
La norma fija dos debates antes de la elección de primera vuelta y uno más en caso de realizarse el balotaje. La Cámara Nacional Electoral perfeccionó el mecanismo de una elección a otra, por ejemplo, incorporó una pregunta que es propuesta por la ciudadanía a través de un mecanismo de consulta democratizando la elaboración del temario, garantizó que uno de los debates se organizara fuera de la ciudad de Buenos Aires promoviendo el federalismo y aseguró que en la selección de los periodistas moderadores del debate hubiera equidad de género y equilibrio entre profesionales de medios nacionales y provinciales.
La Argentina está a la vanguardia junto a México -que modificó el Código Electoral incorporando los debates en 2014- en formalizar estas instancias de intercambio entre candidatos. En Colombia hay debates frecuentes y se ha debatido introducir la obligatoriedad al igual que en España, donde son obligatorios en algunas comunidades autónomas. En las democracias consolidadas, los debates presidenciales son parte de la contienda electoral desde hace décadas como en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Portugal.
Los debates reducen la dependencia exclusiva de la publicidad política. El intercambio de argumentos saca a la campaña electoral del eslogan y la lleva a la discusión de políticas públicas y modelos de país generando agenda mediática.
El Congreso no debe aprobar la eliminación. Debe mantener obligatoria esta instancia clave para promover el amplio conocimiento sobre el pensamiento y las propuestas de cada candidato. Haber recuperado la democracia no implica que hayamos aprendido a ser demócratas. El debate presidencial obligatorio y su proceso de preparación es un espacio de aprendizaje cívico que hace más demócratas a ciudadanos y candidatos. Convertirlo en optativo o eliminarlo sería fomentar la ignorancia cívica.