El caso del migrante venezolano veterano de guerra y condecorado por EE.UU. que fue deportado por el ICE a México
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La deportación de Estados Unidos de José Barco por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La expulsión del veterano del Ejército, herido en Irak y condecorado con un Corazón Púrpura, volvió a exponer un dilema que persiste desde hace años: qué ocurre cuando un inmigrante que sirvió al país norteamericano enfrenta un proceso de remoción tras haber cumplido una condena penal.
Un veterano condecorado que terminó bajo custodia del ICE por su origen migranteBarco, que llegó a Estados Unidos desde Venezuela como refugiado político cuando apenas era un niño de cuatro años, se alistó en el Ejército a los 17 y completó dos misiones en Irak.
Su equipo detalló que fue reconocido con un Corazón Púrpura tras levantar un vehículo en llamas para rescatar a dos soldados, acción por la que sufrió quemaduras severas y una lesión cerebral traumática. Tras ello, fue dado de baja con honores en 2008, según The Washington Post.
Ese mismo año, cuando se procesaba su segundo pedido de naturalización (el primero se había extraviado, según un oficial del Ejército citado en una presentación judicial), Barco disparó un arma fuera de una fiesta e hirió a una mujer embarazada.
La condena por intento de asesinato llegó al año siguiente. Tras cumplir 15 años en prisión, obtuvo libertad condicional en Colorado en enero y, al salir, agentes del ICE lo detuvieron de inmediato para iniciar el proceso de deportación bajo una ley federal que permite retirar la residencia legal a no ciudadanos sentenciados por delitos.
La deportación a México de un veterano con Corazón Púrpura: la versión oficial del DHS y del ICEEl viernes 14 de noviembre, su abogado, Kevin T. O’Connor Jr., confirmó que Barco fue deportado desde un centro de detención en Arizona y trasladado a Nogales, México.
“No se ha proporcionado información adicional sobre su paradero o situación de custodia tras la expulsión”, aseguró en un correo enviado al medio citado.
También señaló que su equipo está “evaluando todas las vías legalmente disponibles para futuras acciones”.
Un vocero del ICE detalló que Barco fue removido tras cumplir condena por “una condena por intento de asesinato y amenaza grave con un arma real o simulada”, mientras que Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), calificó al veterano como un “criminal atroz”.
Sus defensores sostienen que, una vez liberado, estaba “listo para comenzar a reconstruir su vida con su familia”, pero en lugar de eso pasó por al menos seis centros de detención.
En marzo incluso fue enviado en un vuelo hacia Venezuela vía Honduras, aunque las autoridades venezolanas rechazaron recibirlo al considerar que su partida de nacimiento no era auténtica.
Veterano deportado: críticas de expertos y defensores de migrantes en EE.UU.La reacción de organizaciones de apoyo a veteranos fue inmediata. Ricardo Reyes, director ejecutivo de VetsForward, se mostró “indignado” por la expulsión y la describió como “una vergüenza nacional”. Afirmó, en diálogo con 12 News, que Barco fue deportado a las 4 de la madrugada y que su familia no fue notificada de inmediato.
Los especialistas que siguen su caso remarcan que Barco padecía estrés postraumático y lidiaba con las secuelas de su lesión cerebral sin haber recibido apoyo suficiente tras volver a la vida civil. También insisten en que su proceso de naturalización estaba en marcha cuando ocurrió el delito por el que fue condenado.
Mientras tanto, Scott Mechkowski, con 30 años en el Ejército y 22 en el área de deportaciones del ICE, afirmó que se trató de un “fracaso catastrófico”, dado que Barco había solicitado la ciudadanía antes de cometer el crimen y su trámite no avanzó.
Deportación de veteranos: un conflicto migratorio en Estados UnidosEl caso se inscribe en un contexto de políticas migratorias fluctuantes. En 2022, la administración Biden emitió una directiva para dificultar la deportación de veteranos no ciudadanos.
Sin embargo, el gobierno actual de Donald Trump impulsó un fuerte endurecimiento: solicitó a autoridades locales listados de presos extranjeros, incluyó delitos y fechas de liberación, buscó expandir la capacidad de los centros de detención y definió como “máxima prioridad” la remoción de “extranjeros ilegales criminales”.