Discapacidad: alertan sobre el posible cierre de escuelas especiales por la falta de actualización de los aranceles

Vanessa no puede evitar emocionarse cuando cuenta lo feliz que ve a su hijo Pedro en el Instituto Piedra Libre. “Para el acto del 20 de junio fue abanderado”, dice orgullosa.Pedro Núñe...

Vanessa no puede evitar emocionarse cuando cuenta lo feliz que ve a su hijo Pedro en el Instituto Piedra Libre. “Para el acto del 20 de junio fue abanderado”, dice orgullosa.

Pedro Núñez tiene 21 años y un diagnóstico de parálisis cerebral. El Instituto Piedra Libre es la escuela de modalidad especial a la que va desde hace dos años. Allí cursa el ciclo de formación integral con orientación en gastronomía, aunque su mamá no sabe bien hasta cuándo.

“No sé si Pedro termina el año en la escuela”, dice acongojada. La duda no tiene que ver con su hijo sino con la institución que lo alberga y en la que él es inmensamente feliz. Victoria, la directora de la escuela, anunció en una reunión de padres que los costos de mantenimiento se volvieron insostenibles. Si no logran achicar el desfasaje que tienen entre esos costos y los aranceles que perciben, que los referentes del sector ubican entre el 70% y el 80%, hay riesgo de cierre.

“Si la escuela cierra, ¿a dónde lo mando?“, se pregunta Vanessa con tono desesperado durante una conversación con LA NACION. Ella es consciente de que lo que ocurre en la escuela de su hijo es síntoma de una crisis mucho más profunda.

El atraso en los valores de las prestaciones en discapacidad fijados por el Estado puso en jaque a todo el sistema, integrado por terapeutas, prestadores de transporte, centros de día e institutos educativos, entre otros. La mujer sabe que muchas de estas instituciones también corren riesgo de cierre.

Por todo esto es que, tanto las familias como las organizaciones y profesionales que brindan servicio a las personas con discapacidad esperan con ansias que el Senado apruebe hoy la ley que declara en emergencia la discapacidad hasta 2027.

La norma, impulsada por el diputado Daniel Arroyo, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y contempla, entre otras variables, la actualización de los aranceles y el pago de una compensación económica a los prestadores por los aumentos no percibidos.

“Estamos incorporadas a la enseñanza oficial”

La ley 24.901 es la que fija el sistema de prestaciones básicas a las que tiene derecho una persona con discapacidad y que el Estado debe garantizar. En el caso de la educación, garantiza tanto los servicios de apoyo que un alumno necesite para asistir a una escuela de modalidad común, así como las vacantes en las escuelas de modalidad especial, popularmente llamadas “escuelas especiales”.

Discapacidad. Una guía para conocer las prestaciones, servicios y derechos

Según datos oficiales del último año, en nuestro país hay 107.516 alumnos con discapacidad que cursan en escuelas especiales, tanto de gestión estatal como de gestión privada.

“Las escuelas especiales de gestión privada estamos incorporadas a la enseñanza oficial. Nos supervisan igual que a cualquier institución de gestión privada. Tenemos las mismas obligaciones y nos rige la misma normativa”, explica María Victoria González, fundadora y directora del Instituto Piedra Libre, una institución que, desde hace 33 años, funciona en el barrio porteño de Villa Urquiza.

A diferencia de los colegios de gestión privada de modalidad común, el arancel que reciben las escuelas especiales por cada alumno no lo pagan las familias. Es una de las prestaciones del nomenclador que fija el valor de los servicios que requiere una persona con discapacidad.

“Por la ley 24.901, las obras sociales y prepagas tienen la obligación de cubrir todas las prestaciones reconocidas por el nomenclador, pero también, e invocando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen derecho a pedir todas las prestaciones y apoyos que la persona requiera para garantizar su vida independiente”, explica Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Actualmente, el arancel que perciben las escuelas de gestión privada que brindan educación especial por una vacante de jornada simple oscila entre $ 309.880 y $ 368.807 más un suplemento de $ 3099,29 para cubrir almuerzo y colación. En el caso de las vacantes de doble jornada, el valor varía entre $ 612.555 y $ 729.225 y debe incluir desayuno, almuerzo y merienda.

Hay un aspecto que vuelve insostenible una institución que cobra estos valores por alumno. Se trata de su alta carga de profesionales, tanto docentes como no docentes, en relación a la cantidad de alumnos que asisten.

Actualmente, en el Instituto Piedra Libre asisten 44 alumnos. “Tenemos aulas con seis o siete chicos y un plantel de 26 profesionales entre docentes y no docentes para toda la institución. No es lo mismo distribuir los costos cuando tenés aulas de 20 o 30 chicos que cuando tenés aulas de seis o siete”, reconoce González.

La docente revela que la escuela adeuda el alquiler desde principios de año. En lo que va de 2025, ella no cobró su sueldo. “Las familias se organizaron y empezaron a colaborar con materiales y mercadería. Y empezamos a organizar actividades de recaudación de fondos para gastos de mantenimiento”, dice con tono resignado. Tiene dudas de que todo este esfuerzo sea suficiente para que la escuela logre resistir, pero trata de ser optimista.

“Hay escuelas que están barajando seriamente la posibilidad de salir del sistema de prestaciones y empezar a cobrar cuota. Yo me niego a hacerlo. Eso nos convertiría en una escuela accesible solo para quienes puedan pagarlo”, agrega.

“Los aumentos nunca llegaron”

Fernando Zizzias es el presidente del Grupo de Establecimientos de Educación Especial de Buenos Aires, integrado por 25 de las 35 escuelas de gestión privada que hay en CABA. Cuenta que hace una semana todas las instituciones se reunieron y el panorama fue desolador: todas están en riesgo de cierre. “La mayoría somos micropymes familiares”, describe.

Zizzias alerta que la falta de actualización de los aranceles impide que las escuelas provisionen entre el 15% y el 20% de sus ingresos para cubrir los gastos de los meses en los que no tienen ingresos. “Las escuelas cobramos a 60 y hasta a 90 días lo que facturamos. Pero como no facturamos ni en enero ni en febrero, no tenemos ingresos en abril ni en mayo. Hacer esta provisión es crucial para poder pagar los gastos esos meses”, advierte.

El hombre, responsable legal de una escuela especial en CABA, explica que todas las escuelas llegaron a este punto del año tomando deuda a cuenta de futuros aumentos. “Pero esos aumentos nunca llegaron. Si bien estamos acostumbrados a que la relación entre los aranceles y los costos sean una montaña rusa, llevamos 30 meses con aumentos por debajo de la inflación”, se queja.

El drama trasciende los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Aiepesa es una entidad civil que nuclea unas 250 instituciones educativas, terapéuticas y asistenciales de todo el país. Su secretario, Eduardo Maidana, dice que la situación es gravísima en todo el país.

“El último aumento fue del 2,31% para octubre, noviembre y diciembre del último año. Desde entonces, los costos siguen aumentando. Solventar los gastos diarios se está volviendo un desafío y en el interior todavía hay menos red”, se lamenta.

En Villa Urquiza, mientras tanto, las familias que integran la comunidad del Instituto Piedra Libre se preparan para una noche de lotería que la escuela organizará mañana. Lo recaudado será para cubrir gastos. “Soy una optimista empedernida y quiero creer que la ley se va a aprobar. Mi vida está puesta acá -dice Victoria con emoción-. Me niego a pensar que esto es el fin”.

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Si querés conocer más o colaborar con el Instituto Piedra Libre podés escribir a institutopiedralibre@gmail.com