¿Cuándo se malogró Buenos Aires?

La pregunta recrea aquella de Mario Vargas Llosa respecto de Perú tantas veces aplicada a la Argentina. También podría formularse a esa porción de menos del 1% del territorio nacional que conce...

La pregunta recrea aquella de Mario Vargas Llosa respecto de Perú tantas veces aplicada a la Argentina. También podría formularse a esa porción de menos del 1% del territorio nacional que concentra a 15 de sus 47 millones de habitantes con su consiguiente invertebración, hacinamiento, insuficiencia de servicios públicos y de sus emblemáticos “barones”.

La historia profesional desconfía de los cortes abruptos en los procesos socioculturales. De hecho, hacia la década de 1960, el panorama de la telaraña granbonaerense no era tan caótica; aunque las advertencias sobre ese eventual derrotero ya las había planteado el urbanista Carlos Della Paolera a mediados de los 20 a raíz de la saturación espacial de la “ciudad de Buenos Aires” y su desborde hacia sus “afueras” localizadas en “la “provincia”. Un mero juego de palabras que sugería los riesgos de un gravísimo problema de gestión jurisdiccional y de identificación ciudadana.

Eran los tiempos de entreguerras cuando el crecimiento de las grandes urbes o capitales empezaba a inquietar a las autoridades problematizando casos como el grater London o el greater New York. Luego vinieron la crisis de 1930, la parálisis agrícola seguida por las migraciones internas, y el salvavidas dudoso de la sustitución de importaciones. El descontrol fue diagnosticado con severidad por el gobernador Domingo Mercante tras las cifras arrojadas por el censo de 1947 sobre cuestiones como la bicefalia del “conglomerado” entre La Plata y Buenos Aires, el desarticulado uso del suelo, el desarrollo edificatorio entre sus por entonces catorce municipios, la ausencia de un plan regulador urbano y rural, y los impactos de una industrialización dispersa.

Por primera vez, se denominó oficialmente a la región “Gran Buenos Aires”; pero el plan quedó interrumpido a raíz del sugestivo conflicto entre el mandatario y la pareja gobernante nacional que lo eyectó del cargo. El gobernador radical intransigente Oscar Alende retomó la preocupación en 1958 delineando un “Conurbano” dividido en dos cordones industriales. Durante el resto de los 60 la asignatura pendiente siguió en la palestra asociada con la más vasta sobre el “desarrollo nacional” y plasmada en diversos experimentos de erradicación de villas por edificios de monobloques.

Aun así, el tradicional sistema de loteos se siguió practicando aunque con rendimientos decrecientes al compás de su lejanía respecto de la Capital –principal sitio de empleo- la irracionalidad de los servicios ferroviarios y la insuficiencia de los de “colectivos”. Ya durante el último régimen militar, el gobernador Ibérico Saint-Jean dictó la célebre Ley 8912/77 que restringía los loteos exigiendo que los predios contaran con servicios básicos completos y un mínimo de 200 m2. El traslado de esas instalaciones al precio de los lotes los tornó inaccesibles.

Simultáneamente, su par porteño Osvaldo Cacciatore emprendía la erradicación forzada de varias villas metropolitanas cuyos habitantes fueron arrojados a viviendas de sus parientes y allegados en el GBA. Fue el comienzo de la gran olla a presión que habría de detonarle a la democracia plasmándose en la ola de ocupaciones de tierras y sus “asentamientos” concomitantes de contornos exactamente inversos a las prescripciones del ex dictador provincial. Se radicaron en suelos no siempre aptos para la habitabilidad humana: por debajo de la cota fluvial, o contaminados por residuos tóxicos industriales.

Los intendentes municipales -hasta entonces personalidades destacadas; aunque de poder limitado por la constitución provincial de 1934 que los convertía en apéndices de las autoridades platenses- no tardaron en quedar desbordados. A los servicios generales de ABL e inspecciones diversas debieron sumarles los saldos sociales de la reestructuración industrial y urbanizar los nuevos “asentamientos”. Justo cuando las insuficiencias de sus tasas municipales y los montos exiguos de la coparticipación provincial lo hacían menos posible.

La telaraña conurbana se volvió entonces caótica; y requirió del trabajoso aprendizaje por ensayo y error de administrar sus complejos “territorios” mediante mixturas de recursos legales e ilegales. La administración de la pobreza determinó que los nuevos “subterritorios” barriales adquirieran una fisionomía solo accesible a los entendidos. Una sutil cartografía de zonas separadas entre agregados de diversa índole: familias extensas, organizaciones delictivas, comunidades religiosas o de inmigrantes entre otras muchas.

Las vías administrativas legales –tareas de urbanización procedentes de planes federales o provinciales, comedores comunitarios o salas de primeros auxilios- se conjugaron con “zonas liberadas” para la comisión de delitos habilitados por las autoridades políticas y policiales. Una ingeniosa redistribución del ingreso parafiscal. El mito del “Estado ausente”, como lo demostró Matías Dewey, era solo una fachada que eclipsaba a un funcionariado político y judicial dispuesto a intercambiar la ley por “códigos” informales acordados entre sectores venales de la policía y organizaciones delictivas. Por citar solo algunas, la piratería del asfalto, el desarmado de vehículos robados en talleres asociados a desarmaderos, los establecimientos textiles clandestinos, la trata y prostitución de menores, el juego y el narcomenudeo. Cada una hiperregulada; con sus respectivas lógicas fácticas.

Un nuevo ordenamiento socioeconómico con su propio “estado” homologado por el consenso tácito de políticos, jueces, policías, vecinos y hasta empresas formales

Germinaba, así, un nuevo ordenamiento socioeconómico con su propio “estado” homologado por el consenso tácito de políticos, jueces, policías, vecinos y hasta empresas formales: desde las textiles que tercerizaban parte de la confección en los talleres clandestinos hasta las aseguradoras, y los propios vecinos que obtenían en ferias emblemáticas como La Salada y sus sucursales cerradas o callejeras ropa barata, trabajo y diversión.

El costo fue la crisis de legitimidad de las de las intendencias en las antiguas vecindades azotadas por una inseguridad cuya intermitencia era otro signo de los artilugios desplegados para la gobernabilidad de sus jurisdicciones. Emergieron diversas demandas de desmembramiento de los municipios en localidades subalternas. El gobernador Eduardo Duhalde -auspiciante de otra reforma constitucional hipercentralista en 1994- surfeó ambas corrientes facilitando la división de Gral. Sarmiento, Ezeiza, Morón y San Vicente. Resultó, así, un total de 24 municipios extensible a 31 según la perspectiva adoptada por un galimatías de áreas, aglomerados, regiones o zonas. Pero como sus precedentes de los 60, esos experimentos fueron desbordados por la realidad de una economía regional astillada de patrones de desarrollo caducos.

Desde los 90 y 2000, el GBA se complejizó aún más por la expansión de nuevos asentamientos proporcionales a otros de urbanizaciones cerradas para sectores acomodados frecuentemente en condiciones ecológicas tan promiscuas como los primeros. Espectáculo traducido en los grandes cascos por los cortes entre casas sumidas en el abandono –los nuevos pobres de clase media- y las lujosas torres de altura erigidas en abierta trasgresión del código de edificación urbana. Huellas céntricas del Estado venal y de la desaprensión de funcionarios que, en los hechos, componen menos una clase dirigente que un gigantesco aparato electoral cimentado en un régimen conservador sin brújula colectiva.

Urge repensar institucional y jurisdiccionalmente al GBA como pieza de un síndrome metropolitano que perturba las identidades atizando la violencia y la anomia. Y sortear el destino trágico de sucesivas iniciativas que nuestro cortoplacismo truncó durante el último cuarto de siglo.