Corrupción estructural: trabajar duro para cambiar esta realidad

Cuanto más oscuro un ámbito, más difícil percibir con nuestros ojos lo que allí ocurre. Una obviedad. No es sencillo distinguir si las regulaciones, las burocracias y la rampante corrupción, ...

Cuanto más oscuro un ámbito, más difícil percibir con nuestros ojos lo que allí ocurre. Una obviedad. No es sencillo distinguir si las regulaciones, las burocracias y la rampante corrupción, superpuestas como capas geológicas, fueron anteriores a la vocación argentina de engordar al Estado o viceversa.

Para Max Weber, como forma de organización social ideal dentro de un Estado moderno, la burocracia se basaba en la lógica racional y la eficiencia. En su pragmatismo, la teoría desarrollada contemplaba también su degeneración. Basta observar entre nosotros cómo la maraña burocrática ha crecido en forma descontrolada, involucrando cada vez a más dependencias y personas, un pacman angurriento que cooptó voluntades en forma adictiva.

Está claro que, así como el Estado se fue volviendo paquidérmico, muchos de sus funcionarios a lo largo de décadas sacaron ventaja de ese funesto exceso para alimentar delictivamente sus propias billeteras, para engordar su patrimonio a expensas del manojo de contribuyentes decentes a los que solo les quedó –y aún les queda- la esperanza de que se haga justicia: que los malos finalmente paguen. El problema es que, con el crecimiento desproporcionado del Estado, de los manejos espurios de la cosa pública y de la proliferación de jueces más cercanos a los delincuentes que a castigar el delito, se hace difícil sostener esa ilusión.

Perturba saber que en nuestro país más del 90 por ciento de las causas por corrupción no llegan a tener sentencia y los juicios, en promedio, duran unos 14 años. En el trayecto, fallecen sospechosos, se pierden pruebas, se abarrotan los juzgados de chicanas dilatorias. Lamentablemente, somos campeones de una funesta impunidad biológica en la que el paso del tiempo actúa como el mejor abogado de la corrupción.

Casos resonantes de corrupción de funcionarios públicos en nuestro país se cuentan de a miles. Desde el regreso a la democracia, en 1983, hemos sabido, entre otros, de los pollos de Mazzorin, de los denominados Yomagate y Siwftgate, la causa IBM-Banco Nación, la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, las coimas en el Senado. el caso Skanska, Odebrecht, las valijas de Antonini Wilson, el expolio de la exCiccone y el expediente de la obra pública, conocido como Vialidad y que derivó en la condena y arresto –cómodamente domiciliario- de Cristina Kirchner.

El miércoles pasado, durante una sesión bochornosa en el Congreso, a la que concurrió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, porque lo obliga la Constitución en función del cargo que ejerce, su informe trocó en un aquelarre de gritos y acusaciones por las causas que se le siguen en la Justicia, de las que el funcionario se defendió, pero sin mostrar pruebas. Entre quienes le gritaban, había unos cuantos con cuentas pendientes en los tribunales, aunque hoy frenadas porque consiguieron fueros como legisladores. Lamentable espectáculo.

¿Cuántos años pasan entre la comisión de los delitos y las sentencias cuando estas tienen lugar? Demasiados. Décadas en las que se sigue perdiendo la confianza ciudadana en buena parte de los poderes del Estado.

Recordábamos hace poco la falta de resolución de muchos tribunales argentinos que no llegan a emitir condenas a pesar de que los propios acusados admitieron haber cometido delito. Durante las últimas tres décadas, protagonistas de causas somo Siemens, las citadas Odebrecht e IBM, Ferrostaal, Stryker Corporation, Helmerich & Payne, Ball, Biomet, Dallas Airmotive y Sterycicle admitieron en otros países que pagaron sobornos en la Argentina, pero ninguna de ellas registra una condena, ni siquiera una multa en nuestras tierras.

Legisladores corruptos, jueces venales, un exvicepresidente condenado y una expresidenta presa por apenas una de las varias causas que se le siguen; un pequeño puñado más de hombres y mujeres que desarrollaron actividades públicas cumpliendo penas y muchísimos más, entre dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas, jueces y fiscales, tratando de obstaculizar procesos.

El mes próximo se presentarán muchos más testigos en el juicio oral en la causa Cuadernos tras varios años de declaraciones y la existencia de una enormidad de pruebas. Pero queda mucho más por encarar: las causas Hotesur-Los Sauces, en la que también está implicada Cristina Kirchner, y las tan nuevas como escandalosas sobre la contratación de seguros estatales a través de intermediaros durante el gobierno de Alberto Fernández -si bien la Cámara de Casación anuló su procesamiento, pidió revisar el procedimiento, aunque sin expedirse sobre la culpabilidad del expresidente-; el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad por sospechas de irregularidades durante el actual gobierno, y el caso $Libra. También las que se le siguen al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y sus acólitos.

Qué decir de la causa que tiene como protagonista al exjefe de Gabinete de Kicillof Martín Insaurralde por el denominado Yategate o la de los Sueños Compartidos, que ni fueron sueños ni los fondos se compartieron con quienes se debía: los verdaderos beneficiarios.

El reciente fallo sobre YPF, beneficioso para nuestro país en cuanto a la decisión de la justicia norteamericana, llegó a la instancia a la que llegó por jueces locales benévolos con los acusados, como Ariel Lijo, quien demoró la causa al infinito y a quien, no obstante su penoso accionar generalizado, el actual gobierno quiso premiar –afortunadamente sin lograrlo- con un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como bien decía el reconocido abogado Enrique Bruchou en una reciente columna de opinión publicada en este diario, la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF “es una noticia extraordinaria para el país”, pero no hay que olvidar que ese fue un juicio que “nunca debió haber progresado” y que “este fallo de Nueva York no resuelve la impunidad de parte de la familia Eskenazi, y sus socios ocultos, que perpetraron el mayor desfalco de la historia argentina moderna. YPF fue vaciada por la administración Eskenazi, que se hizo dueña de una parte significativa de la empresa sin poner un solo peso de su bolsillo gracias a una decisión del matrimonio Kirchner”.

No es casual que el último ranking de percepción de la corrupción, que anualmente elabora Transparencia Internacional (TI), desde hace 30 años, no haya traído buenas noticias para nuestro país. La Argentina retrocedió aún más en la medición correspondiente a 2025: obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100.

Es tarea de todos exigir decencia a voz en cuello y que se termine con la impunidad. La batalla requiere tanto de valientes como de decentes. Seguir demorando la sanción de la ley de ficha limpia, solo por citar una norma de carácter perentorio, no es una opción. ¿Cuál es el miedo a transparentar la selección de los candidatos en los procesos electorales?, Seguramente, quedarse afuera de “algún reparto” y que se termine con la posibilidad de que los criminales sigan zafando.

Tener las cuentas claras y rendirlas es tan importante como no tener prontuario. De lo contrario, nuestro país seguirá siendo inviable para quienes desean invertir en él. Una de las principales razones de esa huida es la carencia de certeza sobre la existencia que podemos brindarles, sobre la seguridad jurídica que un rico entorno emprendedor demanda para potenciar tanto talento e innovación y atraer inversiones. Pero la mejora no solo debe ser económica, sino ética y moral. Asumamos que nuestro país no tiene salida si no comienza a combatir la corrupción estructural que lo está carcomiendo desde hace ya demasiado tiempo. Debemos trabajar duro para cambiar la realidad.