¿Correctivo o recaudación?

En la Argentina de la presión fiscal asfixiante, la burocracia ineficiente y la justicia ausente, las fotomultas se han convertido en el ejemplo más cínico de cómo el Estado puede ensañarse co...

En la Argentina de la presión fiscal asfixiante, la burocracia ineficiente y la justicia ausente, las fotomultas se han convertido en el ejemplo más cínico de cómo el Estado puede ensañarse con sus propios ciudadanos. Lo que se imaginó como mecanismo para educar en seguridad vial, hoy es una red recaudatoria encubierta al servicio de intereses cruzados entre provincias, municipios, universidades y empresas privadas. Con más de 1.700.000 fotomultas en 2024, el caso de la Provincia de Buenos Aires resulta paradigmático por sus radares escondidos, señalética vetusta e incompleta, velocidades máximas absurdas en tramos sin riesgo y un aparato administrativo implacable diseñado no para impartir justicia, sino para recaudar todo lo posible.

Si consideramos que hay alrededor de 10.500.000 conductores habilitados en la Provincia, podemos estimar un promedio de 6,1 multas promedio por año que, a $205.000 c/u implica un total de $ 1.250.500 anuales por conductor (o de $ 104.200 por mes). ¿Seguridad vial? ¿Conciencia ciudadana? Falso. Lo que tenemos es un sistema de emboscadas, montado con precisión quirúrgica para generar ingresos automáticos. Un sistema que transforma infracciones menores en condenas económicas imposibles de afrontar, especialmente para los sectores más vulnerables. ¿Cómo puede ser que por una mínima infracción hay que pagar $ 200.000 frente a jubilaciones de $ 300.000? No hay proporcionalidad, es una confiscación disfrazada.

El Estado no solo se desentiende: se convierte en socio activo de esta estafa institucionalizada. Ha trascendido que el reparto de la torta es tan grosero como revelador: 20% para la Provincia, 30% para el municipio, otro 30% para la UTN que certifica los equipos, y el resto para las empresas operadoras. Pero además el sistema está pensado para que los descargos no valgan la pena, porque para defenderse hace falta un abogado que cuesta diez veces más que pagar: ¿quién puede hacerlo?

Los juzgados de faltas actúan como tribunales penales. Son inaccesibles y están desbordados. Los jueces son empleados municipales que usurpan funciones judiciales sancionando sin escuchar, copiando sentencias y rechazando defensas por sistema. Sus eternas demoras a los descargos bloquean transferencias de autos como forma de coerción. No hay justicia. Es mejor pagar que discutir. Hay castigo automático.

Y como si toda esta arquitectura fuera menor, ahora sabemos que había (¿o hay todavía?) una mafia. La renuncia de Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonaerense, desnudó una trama aún más oscura: una red paralela que “arreglaba” fotomultas a cambio de comisiones ilegales. Plata negra. Plata fuera del sistema. Plata que no iba al Estado, sino a bolsillos privados conectados con el poder. La denuncia la hizo Secutrans, una empresa que opera radares. No fue un fiscal. No fue un legislador. No fue la Auditoría General. Fue una firma que se sintió “estafada” porque otros les estaban quitando su parte del botín. Así de obsceno es el modelo: se roban entre ellos.

¿Y la Justicia? Silencio. Aparentemente la causa no avanza. Otra vez la impunidad. El ciudadano está huérfano. No tiene sindicato. No tiene cámara. No tiene lobby. Su única opción es pagar y resignarse. Se lo presume culpable. Es David sin honda, frente a un Goliat de mármol, códigos, sistemas y multas electrónicos. Si pasa sin ver un cartel oxidado, o si no advierte uno de 60, o si no puede ingresar a un portal digital incomprensible, el sistema lo tritura. Las leyes están desactualizadas; los procedimientos en sede administrativa colapsados; y la señalización vial obsoleta: es un cementerio oxidado, incompleto y abandonado. Sólo señala cuándo bajar la velocidad, pero nunca indica cuándo se la puede recuperar.

Con una señalética deteriorada del tercer mundo, se exigen al conductor conductas del primer mundo. Es hora de ponerle nombre a las cosas: esto no es seguridad vial, es una industria. Es una asociación funcional entre Provincia y municipios para financiarse sin control y sin vergüenza. El sistema de fotomultas constituye hoy una caja negra que se alimenta del descuido, la ignorancia y la indefensión. Y hasta que no se le ponga un freno político real —una auditoría independiente, una reforma legal profunda, una verdadera defensa del derecho ciudadano—, seguirá creciendo. Todos lo saben, nadie lo niega, pero nadie hace nada.