¿Cómo se financia la política?

La pregunta por el financiamiento de la política no es un tema nuevo. En todo caso, la aparición de Javier Milei en el escenario político argentino nos obligó a recordar algo: la democracia cue...

La pregunta por el financiamiento de la política no es un tema nuevo. En todo caso, la aparición de Javier Milei en el escenario político argentino nos obligó a recordar algo: la democracia cuesta.

Decir que la democracia cuesta supone, entre varias cosas, entender que necesita dinero para funcionar. Por supuesto que esta no es una característica exclusiva de la democracia como régimen político. La característica distintiva del financiamiento político en democracia es la expectativa social por la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Argentina posee un sistema mixto de financiamiento político. Los recursos que permiten sostener la actividad de los partidos políticos y financiar las campañas electorales provienen de aportes estatales, aportes privados regulados y recursos propios de los partidos. El sistema argentino es complejo y altamente regulado. La arquitectura legal es densa y establece límites, topes, prohibiciones, bancarización y sanciones.

Sin embargo, el problema no está necesariamente en las normas, sino en su cumplimiento. Más allá de ciertas áreas que hoy están fuera de la regulación (por ejemplo, campañas digitales), en Argentina tenemos -como en tantas otras esferas de nuestra vida cotidiana- una distancia entre las reglas y su cumplimiento efectivo.

Actualmente tenemos dificultades para saber a ciencia cierta de dónde viene el dinero, cómo circula, cómo se controla y qué pasa cuando se incumplen las normas. En términos técnicos, tenemos problemas para asegurar la transparencia (información completa, verificable y accesible), la trazabilidad (posibilidad de reconstruir el recorrido) y el enforcement (cumplimiento de las normas) de los aportes.

Pensar cómo se financian los partidos políticos y las campañas electorales en nuestro país nos obligar a mirar también qué hace el mundo, en particular América Latina y Estados Unidos. En América Latina predominan sistemas mixtos de financiamiento con dificultades parecidas para el control y la rendición de cuentas. Estados Unidos se caracteriza, por el contrario, por un fuerte predominio de aportes privados y un amplio margen para el gasto independiente.

Un antecedente paradigmático es la campaña presidencial de Barack Obama en 2008. El entonces candidato demócrata rechazó el financiamiento público para la elección general y recaudó US$745,7 millones en fondos privados a lo largo del proceso electoral, convirtiéndose en el primer candidato de uno de los principales partidos estadounidenses en prescindir de esos fondos para la elección general.

Cabe aclarar que no alcanza con definir al sistema argentino de esa manera para entender realmente cómo funciona. Argentina posee un régimen mixto, sí, pero con predominio de aportes públicos y alta concentración de los aportes privados tanto en términos de quiénes aportan como de la dirección de dichos aportes. Si lo ponemos en números, el reparto promedio de los aportes declarados para las presidenciales 2011-2019 fue de aproximadamente 67% público y 30% privado, con un 3% de remanentes y rendimientos. La información con la que contamos de la elección de 2023 indica proporciones similares (67/32, aproximadamente).

Al analizar los aportes privados declarados en la elección de 2023, encontramos rápidamente una alta concentración: 145 empresas, el 5,9% de los aportantes, concentraron el 59% del total, y la mayor parte fue a una sola fuerza (La Libertad Avanza).

Uno de los factores que permite explicar esta concentración son las características del propio sistema argentino. Históricamente, el modelo otorgó un mayor peso al financiamiento público, mientras que los aportes privados quedaron sujetos a numerosas restricciones y exclusiones que reducen el universo de potenciales aportantes. Esto generó que el financiamiento privado se concentre en pocas personas y empresas, atentando contra su crecimiento. Esta es una diferencia importante con Estados Unidos, donde -como hemos visto- existe un margen mucho más amplio para el financiamiento privado de partidos y campañas.

El proyecto de reforma electoral presentado por el oficialismo en abril de este año y que se reactivó en los últimos días volvió a poner el tema en agenda. Es cierto que la discusión por las PASO y -en menor medida- por ficha limpia se llevan todos los flashes, pero también podría haber cambios en el esquema de financiamiento actual. Para el gobierno, Argentina debería avanzar en una reducción de los aportes públicos eliminando, por ejemplo, la publicidad gratuita en radio y TV y suprimiendo el tope de gasto de campaña. En el caso de los aportes privados, se elevaría del tope por aportante del 2% al 35% del gasto permitido y dejaría sin techo el gasto total.

La propuesta busca acercar el modelo argentino al sistema estadounidense, priorizando los aportes privados y reduciendo el costo de la política que asume el Estado. Ahora bien, cabe mencionar que el objetivo del financiamiento público es que opere como igualador de la competencia. Decimos que esta forma de financiamiento posee un rasgo distributivo porque el total del fondo partidario se divide en un 20% de forma igualitaria y el 80% restante es proporcional a los votos obtenidos.

Ir hacia un sistema con mayor financiamiento privado puede acarrear algunas ventajas: se reduce el costo para el Estado, ya que una proporción mayor del costo de la competencia electoral se dejaría de financiar con impuestos; y los partidos políticos dependerían menos del Estado y estarían obligados a trazar más y mejores vínculos con agentes de la sociedad civil, lo cual podría repercutir de forma positiva en términos de participación y representación política.

También es cierto que prescindir del financiamiento público podría afectar las condiciones de la competencia política, en la medida en la que los aportes privados parecen priorizar ciertas fuerzas por sobre otras.

De todas formas, el debate no debería agotarse en el origen de los aportes y si el sistema es mixto con preponderancia pública o privada. Obviamente que esa discusión importa y está bien que los representantes y la sociedad argentina nos demos ese debate. Ahora, cualquier reforma del sistema de financiamiento político debe poner el foco también en los mecanismos de control y de rendición de cuentas.

Saber cuánto dinero entra a la política, de dónde y tener la capacidad de sancionar los mecanismos ilegales de financiamiento debe ser una prioridad si queremos una democracia con mayor transparencia y participación.