Colonos israelíes marchan hacia Gaza y reclaman por los asentamientos con el respaldo de ministros ultraderechistas

FRANJA DE GAZA.– Centenares de colonos ...

FRANJA DE GAZA.– Centenares de colonos israelíes marcharon este domingo en dirección a la Franja de Gaza para reclamar el restablecimiento de asentamientos desmantelados en 2005, en una movilización que contó con la participación de dirigentes oficialistas, entre ellos un ministro del Likud, y que elevó la tensión en torno al enclave palestino devastado por la guerra.

La protesta, organizada por el Movimiento Nachala, convocó a familias enteras que avanzaron a pie, con banderas israelíes y consignas como “Después de 21 años, volvemos a casa”. El grupo —sancionado por la Unión Europea por “graves abusos” contra palestinos en Cisjordania— promueve abiertamente la repoblación de Gaza con comunidades judías, una iniciativa que implicaría el desplazamiento de parte de la población palestina.

Según medios israelíes, cerca de un centenar de manifestantes, entre ellos el ministro de Economía, Nir Barkat, logró acceder a una zona militarizada próxima a la valla que rodea el enclave, en algunos casos con escasa resistencia de las fuerzas israelíes. La marcha incluía, de acuerdo con sus organizadores, a decenas de ministros, parlamentarios y familiares de soldados.

Por su parte, el Ejército israelí había declarado el área circundante a Gaza como zona militar cerrada hasta el lunes para impedir el ingreso de activistas. Más tarde, Nachala informó haber alcanzado “un acuerdo” con las fuerzas armadas para evitar la entrada al enclave y concluir la movilización en un punto de observación.

La manifestación se produce en un contexto de ofensiva sostenida sobre Gaza. Autoridades palestinas reportaron que al menos tres personas murieron el domingo y otras diez el sábado, incluidos menores. En total, la agencia Wafa cifra en 1444 los gazatíes muertos en nueve meses de un frágil alto el fuego, mientras Israel sostiene que lleva a cabo operaciones selectivas contra miembros de Hamas involucrados en los ataques de 2023.

La movilización reavivó el debate sobre una eventual reocupación israelí de Gaza, de donde Israel se retiró unilateralmente en 2005, desmantelando 21 asentamientos. Desde entonces, el derecho internacional considera al enclave, junto con Cisjordania y Jerusalén Este, parte del territorio destinado a un futuro Estado palestino. En 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la presencia israelí en esos territorios.

Pese a ello, sectores del gobierno de Benjamin Netanyahu respaldan la expansión del movimiento colono. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, había anunciado planes para restablecer comunidades en el norte de Gaza, mientras el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también expresó su intención de participar en la marcha.

La iniciativa cuenta con impulso político en medio de un calendario electoral que culminará en octubre, con una coalición gobernante que incluye partidos afines al movimiento colono. Según el diario Haaretz, varios parlamentarios y ministros contemplaban sumarse a la movilización.

La Autoridad Palestina denunció un aumento de ataques de colonos en Cisjordania, con incendios de viviendas, una mezquita y decenas de olivares en localidades de Hebrón, Nablus y Ramala. El vocero presidencial, Nabil Abu Rudeineh, atribuyó estos hechos a una “política sistemática” de desplazamiento forzado y responsabilizó al gobierno israelí por brindar “protección e impunidad”.

Abu Rudeineh pidió además una intervención internacional urgente para consolidar el alto el fuego y avanzar en la implementación de la resolución 2728 del Consejo de Seguridad de la ONU.

En mayo, la Unión Europea sancionó a grupos de colonos extremistas, entre ellos Nachala y su líder Daniella Weiss, a quienes acusó de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los palestinos.

Pese a esas advertencias, la organización insiste en que el contexto actual representa “un momento histórico” para reclamar Gaza, donde el Ejército israelí ha devastado gran parte de la infraestructura y controla más del 60% del territorio, con planes de ampliar esa presencia.

Agencia ANSA y diario El País