Caso Sosa: justicia 31 años después

Treinta y un años es muchísimo tiempo para esperar justicia. Eduardo Sosa lo sabe mejor que nadie. En 1995, una reforma impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner —con el aval de los...

Treinta y un años es muchísimo tiempo para esperar justicia. Eduardo Sosa lo sabe mejor que nadie. En 1995, una reforma impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner —con el aval de los diputados justicialistas que encabezaba en aquel momento Cristina Kirchner— eliminó de hecho su cargo como procurador general de Justicia de Santa Cruz y lo dejó fuera del sistema y sin sustento legal alguno.

Aquella nefasta maniobra, flagrantemente violatoria del principio de inamovilidad de los jueces, fue advertida por la Corte Suprema de Justicia la Nación, que ordenó en repetidas ocasiones la restitución de Sosa al cargo. Pero esas órdenes fueron sistemáticamente ignoradas por todos los gobiernos kirchneristas que se sucedieron durante tres décadas. Santa Cruz se convirtió así en el laboratorio de un modelo donde la Justicia no era un poder independiente sino una herramienta al servicio del Poder Ejecutivo.

En junio pasado, la Legislatura provincial aprobó por mayoría la restitución de Sosa. Con la reciente jura en el cargo, quedó formalmente cerrada una de las deudas institucionales más prolongadas y vergonzosas de nuestra historia. El hecho merece ser reconocido sin reservas: 31 años de fallos ignorados, de resistencia silenciosa y de reclamo sostenido terminan con una reparación concreta. No es poco.

La actitud de Sosa a lo largo de este tiempo merece una mención aparte. Lejos de resignarse, recurrió a la Justicia de manera sistemática. Ejerció la abogacía desde el llano, nunca perdió la mesura en sus declaraciones y mantuvo una coherencia entre sus palabras y sus actos que contrasta con la de quienes lo desplazaron. Que su causa llegara hasta el punto de que la Corte Suprema iniciara una causa penal contra el exgobernador Daniel Peralta —hoy diputado, y uno de los que no votó la reposición— habla de la gravedad del atropello original y de la persistencia con que Sosa lo resistió. “No somos conscientes de lo que significa perseguir la justicia por más de 30 años y, pese a haber ganado la lucha, nunca ser repuesto en el cargo”, señaló la diputada Adriana Nieto. La frase es demoledora.

El gobernador, Claudio Vidal, impulsó la restitución desde el primer día de su gestión. Antes de asumir, buscó a Sosa, le pidió disculpas en nombre del cargo que iba a ocupar y asumió el compromiso de encontrar una solución. “No se trataba solamente de una cuestión personal”, escribió Vidal al remitir el proyecto a la Legislatura. “Se trataba de reparar una injusticia, respetar las instituciones y demostrar que están por encima de cualquier circunstancia política”. Son palabras que este diario ha suscripto siempre.

La paradoja es difícil de ignorar. Los funcionarios judiciales de Santa Cruz que se negaban a la ampliación de la Corte local impulsada por Vidal y advertían sobre los peligros de una Justicia intervenida son los mismos que durante treinta años desoyeron los fallos del más alto tribunal del país, que como jueces se subordinaban a los designios del Ejecutivo y quienes dejaron a Sosa afuera de su cargo con absoluta impunidad. Lo que Santa Cruz padece hoy no es una anomalía reciente: es la cosecha inevitable de semillas sembradas hace mucho tiempo. El kirchnerismo construyó un poder judicial a su imagen, semejanza e imperiosa necesidad de impunidad.

El caso Sosa condensa esta historia con una nitidez que no admite interpretaciones benévolas. Su restitución es tan justa y necesaria como tardía. Si se la utiliza exclusivamente como ariete en una disputa de poder, sin acompañarla de un compromiso real y sostenido con la independencia judicial, habrá sido apenas un capítulo más de la misma historia que se dice querer corregir. La fortaleza de una democracia se mide, entre otras cosas, por el respeto irrestricto a la división de poderes. Ese respeto no puede ser selectivo ni circunstancial.

El desafío que sigue es más difícil y más importante que el que acaba de superarse: construir una justicia que no dependa de la voluntad de ningún gobernador, de ningún partido y de ninguna mayoría legislativa. Una justicia que, de llegar eventualmente un próximo Sosa, no tarde treinta años en darle la razón.