Carlos Fernando Chamorro: “Ortega pretende anular a través de la ley lo que había prohibido por la fuerza”

Carlos Fernando Chamorro no necesita que le expliquen cómo funciona ...

Carlos Fernando Chamorro no necesita que le expliquen cómo funciona el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo conoce bien; lo enfrentó y pagó el precio. El periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica desde 2021, pasó de ocupar un lugar central en el sandinismo a convertirse en una de las voces que más incomodan al poder.

Es hijo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director de La Prensa, cuyo asesinato en 1978 aceleró la caída de la dictadura de Anastasio Somoza, y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Durante catorce años dirigió Barricada, el periódico oficial del Frente Sandinista.

Pero la ruptura comenzó en los años noventa, cuando intentó darle al diario una autonomía que el partido no estaba dispuesto a tolerar. Después fundó Confidencial, uno de los principales medios de investigación de Nicaragua, desde donde denunció la corrupción, los abusos de poder y el cierre progresivo del sistema político.

Tras las protestas de 2018, las oficinas del medio fueron allanadas y confiscadas, sus periodistas perseguidos y Chamorro obligado a abandonar el país. En 2023, Ortega le quitó la nacionalidad y ordenó confiscar sus bienes y fue tildado de “traidor”.

Desde San José, Chamorro sigue al frente de Confidencial. En diálogo con LA NACION, sostuvo que el anuncio de Ortega de clausurar definitivamente la vía electoral no marca un giro inesperado, sino que pone por escrito lo que el régimen ejecuta desde hace años.

“La dictadura Ortega-Murillo anuló las elecciones competitivas por las vías de hecho desde hace diez años, en 2016 y 2021. En 2016 ilegalizó a la oposición y en 2021 encarceló a los candidatos opositores e impuso un estado policial”, señaló.

Chamorro aludió así a dos momentos decisivos de la consolidación autoritaria. En 2016, el Poder Judicial despojó a la principal coalición opositora de su representación legal, lo que dejó a Ortega prácticamente sin adversarios competitivos. Cinco años después, el gobierno encarceló o forzó al exilio a los principales aspirantes presidenciales antes de unas elecciones rechazadas como ilegítimas por buena parte de la comunidad internacional.

Para Chamorro, la diferencia es que Ortega ahora busca convertir esa realidad política en una estructura legal permanente.

“La novedad es que ahora pretende eliminarlas por la vía legal, con lo cual reconoce su fracaso político, porque nunca ha podido aplastar a la oposición que ha perseguido y desterrado. Ahora pretende anular a través de la ley lo que había prohibido por la fuerza”, afirmó.

Durante el acto por el aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario aseguró que no permitirá que sus adversarios regresen al poder mediante las urnas y anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para levantar un “muro” jurídico contra ellos.

Chamorro no cree que el régimen vaya a eliminar toda ceremonia electoral. Su pronóstico es que en 2027 podría repetirse una votación sin competencia auténtica, con organizaciones toleradas por el oficialismo para conservar una apariencia de pluralismo.

“Aunque no lo dijo el 19 de julio, en 2027 replicará la farsa electoral con los partidos zancudos y colaboracionistas, el PLC, ALN, APRE, PLI y otros”, advirtió.

Detrás del anuncio, Chamorro identifica además una maniobra dirigida al exterior. Ortega, según su interpretación, busca elevar la tensión para obligar a Estados Unidos y a otros actores internacionales a reconocerlo como interlocutor y negociar desde una posición de hechos consumados.

“La provocación a la comunidad internacional, al proclamar su régimen de partido único, apunta a llamar la atención para intentar abrir un diálogo y una negociación que legitime y normalice la sucesión de Murillo, bajo un estado policial y sin democracia”, explicó.

Rosario Murillo, esposa de Ortega y figura central del gobierno, fue elevada a copresidenta mediante la reforma constitucional aprobada en 2025. La modificación reforzó la estructura de poder compartida por el matrimonio, en medio de crecientes especulaciones sobre una transición dinástica ante la edad y el estado de salud del líder sandinista.

Sin embargo, advierte que la apuesta también puede volverse en contra del matrimonio gobernante.

“Puede ser un grave error de cálculo político. Dependerá de la reacción de la oposición clandestina en Nicaragua y en el exilio, de las fisuras internas y de la propia crisis del régimen, y de las acciones que adopten los países de Centroamérica, Estados Unidos y la Unión Europea”, sostuvo.

La reacción internacional será uno de los factores centrales. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ya advirtió que Washington no permanecerá “de brazos cruzados” y pidió una respuesta coordinada. La ONU también reclamó que se restituyan los derechos políticos y electorales de los nicaragüenses.

Chamorro sostiene que la presión no debería limitarse a condenas diplomáticas o sanciones individuales. A su juicio, los socios de Nicaragua cuentan con herramientas capaces de elevar el costo de la deriva autoritaria.

“Ortega ha colocado a Nicaragua en la cuenta regresiva hacia 2027, en un momento de máxima debilidad política. Pero la ‘fruta podrida’ no caerá sin una estrategia decidida para sacudir el árbol”, concluyó.