Cambio de clima. Ofensiva opositora en el Senado para limitar la validez de los decretos de necesidad y urgencia
En un giro inesperado que marca el cambio de clima político con la administración libertaria que impera en el Congreso tras el cierre de listas para las elecciones de octubre, un amplio arco opos...
En un giro inesperado que marca el cambio de clima político con la administración libertaria que impera en el Congreso tras el cierre de listas para las elecciones de octubre, un amplio arco opositor se puso de acuerdo esta tarde y decidió avanzar en la elaboración de un proyecto que buscar restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.
El acuerdo se plasmó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que mandató a su presidenta, la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas), para que elaborara un proyecto de dictamen que modifique la ley 26.122, de trámite legislativo, que reglamenta el tratamiento parlamentario de los DNU y los decretos de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.
La propuesta contó con el apoyo de la UCR, el kirchnerismo, la porteña Guadalupe Tagliaferri, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y exaliados del Gobierno como el peronista correntino Carlos Espínola (Corrientes), presidente del interbloque Las Provincias Unidas.
En el debate, los legisladores se pusieron de acuerdo en terminar con la sanción ficta, que le permite a los decretos mantener su validez mientras no sean rechazados por ambas cámaras legislativas o ser ratificados con la aprobación de una sola cámara legislativa.
Ahora, se invertirá la carga de la prueba y se exigirá la ratificación del Senado y de la Cámara de Diputados para que el instrumento mantenga su vigencia.
En consonancia con esa idea, también se reglamentará el concepto de que el silencio del Congreso implica la validez tácita de los instrumentos. En ese sentido, la idea será establecer un plazo perentorio en el que el Congreso tendrá que expedirse sobre los decretos.
Si vencido ese plazo no hay un pronunciamiento, el decreto dejará de tener vigencia. Los tiempos que se barajaron en el debate de esta tarde fueron desde los 30 días hábiles a los 90 días corridos.
También se escucharon propuestas para permitir que el Congreso pueda aprobar o rechazar de manera parcial los DNU. Hoy, la normativa vigente obliga al Congreso a tratar como un todo cada instrumento.
La idea es terminar con la disyuntiva de todo o nada que debe dilucidar el Congreso ante el uso de decretos ómnibus, como el 70/23 que dictó Javier Milei en el inicio de su gestión, sin poder separar aquellas medidas que tengan consenso de las consideradas nocivas.
La letra fina de la iniciativa quedó en manos de la senadora Vigo, quien se comprometió a terminar de darle las puntadas finales al dictamen y pasarlo para su firma.
La ley 26.122 fue sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner cuando era primera dama y senadora nacional. Fue ella la que impuso el método de la sanción ficta para favorecer al Poder Ejecutivo, en ese momento ejercido por su esposo, Néstor Kirchner.
Ahora, el kirchnerismo parece haber pasado a la vereda de enfrente y se sumó a la ofensiva para restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Gobierno.
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