Antes del juicio, el autor de “los cuadernos de las coimas” pidió ser sobreseído

Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que registró los pagos de coimas por parte de empresarios a exfuncionarios del kirchnerismo, pidió ser sobreseído antes de que empiece e...

Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que registró los pagos de coimas por parte de empresarios a exfuncionarios del kirchnerismo, pidió ser sobreseído antes de que empiece el juicio, el próximo 6 de noviembre. Dijo que no cometió ningún delito.

Centeno afirmó que no pertenece a ninguna asociación ilícita, sino que solo manejaba el remis y tomaba nota de los cobros, por lo que debe ser sobreseído definitivamente.

El chofer aseguró que no puede ser testigo e imputado a la vez y se definió como “un testigo denunciante” y con un rol “banal e inocuo”.

La solución que propone Centeno, ser declarado inocente sin ir a juicio, es la misma que benefició a Cristina Kirchner en el caso de la firma del Memorándum con Irán y en el caso Hotesur y Los Sauces. Esas decisiones luego fueron revocadas y la expresidenta debe afrontar aún los dos juicios orales.

Esta medida se toma cuando surgen nuevas pruebas que hacen palmariamente evidente que el acusado es inocente del delito del que se lo acusa y juzgarlo sería una pérdida de tiempo. El ejemplo clásico es del que se encaminaba a ir a juicio por homicidio, pero el muerto aparece vivo.

El art 361 del Código Procesal Penal señala que cuando “por nuevas pruebas exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal, y para comprobarla no sea necesario el debate o el imputado, el Tribunal dictará de oficio o a pedido de parte, el sobreseimiento”. Esto quiere Centeno a partir del peritaje sobre los cuadernos.

El hombre, que está sometido a proceso desde hace más de siete años, se acogió al régimen de imputado colaborador e integra el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Seguridad de la Nación desde el 3 de agosto de 2018.

Con el patrocinio de su defensor oficial, Sergio Steizel, el chofer Centeno busca que los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli lo sobresean antes de que comience el juicio, próximo el 6 de noviembre, “por inexistencia de delito” en su conducta.

La fiscal Fabiana León se opuso y pidió que sea llevado a juicio. Lo mismo planteó la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en esta causa.

En este proceso −que se originó en una investigación de LA NACION−, Cristina Kirchner va ser juzgada acusada como presunta jefa de una asociación ilícita. La hipótesis es que, junto con Néstor Kirchner, montaron un sistema de recaudación de coimas que pagaron empresarios para mantener sus contratos de obras públicas.

Centeno registró en ocho cuadernos los viajes que hacía en su remis transportando a los entonces funcionarios del ministerio que comandaba Julio De Vido, quienes cobraban la plata en efectivo, la trasladaban en bolsos y esos viajes terminaban en dependencias oficiales, o en algunos casos en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.

Centeno argumentó que luego de que un peritaje confirmó que los cuadernos son de su puño y letra, su conducta no es delito, pues solo consistió en manejar el remis y tomar nota de todo.

Subrayó que el resultado del peritaje es una prueba “palmaria, ostensible y evidente". La pericia concluyó de manera unánime que los textos manuscritos que conforman los cuadernos originales pertenecen al puño escritural de Centeno.

Según la defensa, esta confirmación pericial resulta fundamental para determinar su inocencia. La defensa argumentó que Centeno no puede ser al mismo tiempo y simultáneamente un testigo que denuncia un entramado delictivo y un imputado como integrante de una asociación ilícita.

La defensa sostuvo que el rol de Centeno fue de un testigo que aportó información sumamente relevante para la investigación.

Explicó el defensor oficial que Centeno era el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, y su conducta era manejar hasta un destino determinado y retornar dentro de un horario laboral preestablecido.

El registro detallado de los movimientos que consideró sospechosos en los cuadernos demuestra que su conducta estuvo orientada a evitar ser vinculado con este tipo de maniobras, actuando de la única forma que pudo para que la sociedad tuviera certeza respecto a su obrar, señaló el defensor.

Aclaró que cuando declaró como colaborador, Centeno puntualizó que no intervino en la maniobra delictiva, “jamás confesó haber formado parte de una asociación ilícita“. Por el contrario afirmó: “Yo nunca entré a ningún lugar, ni llevé ningún bolso. Eso lo hacían ellos... Yo tampoco recibía parte de las recaudaciones”.

Como lleva siete años sometido a proceso y el juicio se estima que demorará muchos años, la defensa pidió que sea sobreseído, de modo de terminar con su situación de incertidumbre.

Además de esta definición, el tribunal debe resolver antes de iniciar el juicio oral el pedido del poderoso empresario mendocino Enrique Pescarmona para ser declarado insano y evitar el juicio, y la resolución de las reposiciones de la prueba documental.

Los jueces decidieron la semana pasada rechazar la pretensión de medio centenar de empresarios que querían pagar un resarcimiento económico a cambio de ser absueltos y no enfrentar el proceso. El monto total ofrecido por los acusados era de unos 15 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que la oposición de la fiscal de juicio es vinculante y que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales que no pueden ser compensados solo con dinero, ratificando el inicio del debate oral.

Así, los jueces rechazaron todos los planteos de reparación integral del perjuicio formulados por los abogados de los empresarios y algunos exfuncionarios kirchneristas.

Los empresarios y exfuncionarios que hicieron esta oferta fueron Roberto Juan Orazi, Jorge Juan Mauricio Balan, Miguel Aznar, Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Pablo José Gutiérrez, Adrian Pascucci, Mauricio Pascucci, Mario Ludovico Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Alberto Taselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángelo Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero.

También recurrieron a este mecanismo de extinción de la acción penal Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Oscar Abel Sansiñela, Guillermo Escolar, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Aldo Benito Roggio, Daniel Claudio Pitón, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Osvaldo Antenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Walter Rodolfo Fagyas, Fabián Ezequiel García Ramón, Juan Carlos De Goycoechea, Arturo de Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Alberto Ángel Padoán, Armando Roberto Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Camilo Cómez y Marcelo Marcuzzi. Todos deben pagar las costas.

El monto total ofrecido en pesos por los empresarios fue de 16.591.438.303 de pesos. A estos sumaron otros empresarios, que ofertaron 3.600.000 dólares. En total, en dólares, al tipo de cambio oficial, la oferta fue de unos US$15 millones.